Desde 2017, cientos de personas han sido procesadas bajo una ley cuestionada por restringir expresiones críticas y protestas
Notipress.- Por casi una década, una legislación creada para sancionar expresiones vinculadas con odio, discriminación o violencia acumuló cuestionamientos por su aplicación. Ahora, organizaciones civiles, gremios periodísticos y dirigentes opositores reclaman eliminarla completamente, mientras el gobierno venezolano plantea modificar algunas de sus disposiciones.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, solicitó al Parlamento avanzar hacia la “despenalización de las conductas previstas” en esta legislación. Rodríguez también reconoció que “se hizo un uso abusivo” de la norma, aunque sostuvo que continúa creyendo en sus principios.
La discusión enfrenta así dos caminos claramente diferentes: reformar el instrumento vigente o derogarlo completamente después de años de denuncias sobre su aplicación. Distintas organizaciones consideran que retirar solamente las penas de prisión dejaría intactos otros mecanismos capaces de restringir contenidos y medios de comunicación.
Qué permite castigar la legislación
Aprobada en 2017, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia establece sanciones severas para determinadas conductas. Entre ellas figura fomentar, promover o incitar al odio, la discriminación o la violencia, con penas que pueden alcanzar entre 10 y 20 años.
La norma también contempla medidas que pueden afectar medios de comunicación, plataformas digitales y contenidos considerados contrarios a sus disposiciones. Entre los mecanismos cuestionados aparecen multas, retiro de publicaciones, bloqueos de portales y posibles acciones sobre concesiones de radio y televisión.
Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan especialmente la amplitud con que puede interpretarse la figura de “instigación al odio”. Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, afirmó que sus “criterios amplios y difusos” permiten abordar numerosos hechos bajo esa categoría penal.
Foro Penal contabiliza 927 personas imputadas por “instigación al odio” desde la creación de la norma en 2017. Espacio Público, por su parte, documentó más de 120 casos entre 2017 y 2024 relacionados con su aplicación.
Entre las personas procesadas figuran dirigentes políticos, periodistas, activistas, manifestantes y ciudadanos que difundieron críticas o publicaciones sobre asuntos públicos. Espacio Público sostiene además que la legislación produce un efecto paralizante sobre el ejercicio de la libertad de expresión.
Reforma parcial o eliminación completa
Frente a esos antecedentes, el Parlamento conformó una comisión encargada de preparar el proyecto de reforma solicitado por Rodríguez. Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, figura entre los once diputados designados para participar en la elaboración de los cambios.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa considera insuficiente eliminar únicamente las penas de prisión previstas actualmente. Según el gremio, también deberían desaparecer los mecanismos relacionados con censura, retiro de contenidos, bloqueos, multas y concesiones de medios.
Provea plantea una posición similar y sostiene que una reforma parcial no solucionaría los cuestionamientos relacionados con el origen y alcance de la norma. El Colegio Nacional de Periodistas también exige su derogación al considerar que contiene disposiciones punitivas y discrecionales contrarias a la libertad de expresión.
La Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora venezolana, también rechazó la posibilidad de conservar una versión modificada de esta legislación. Su posición reclama desmontar completamente un instrumento que, según sostiene, fue empleado para perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos disidentes.