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Redoblará SFP esfuerzos para la fiscalización y exigencia a funcionarios

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No se protegerá a nadie: Sandoval Ballesteros

 

Diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC, PES, PVEM y PRD preguntaron a la secretaria de la Función Pública (SFP), ‎Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, sobre los ataques frontales a la corrupción; las investigaciones del caso del titular de la Comisión Federal de Electricidad; las declaraciones patrimoniales y el proceso de compras.

 

Al dar respuesta a las interrogantes de las y los legisladores con motivo del Análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, Sandoval Ballesteros aseguró que la dependencia ha dado muestras claras de que no se protegerá a nadie, al contrario, redoblarán la fiscalización y exigencia a funcionarios.

 

Precisó que están en proceso 12 denuncias en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo y “a quien se encuentre culpable será sancionado”. Son los casos de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.

 

Agregó que han realizado auditorías a programas sociales; hay cuatro en proceso, que corresponden a las estrategias de apoyo hacia hijas e hijos de madres trabajadoras, de apoyo a pensión para personas con discapacidad y el de Sembrando Vida.

 

Al iniciar la primera ronda de preguntas-respuestas-réplicas, la diputada Claudia Reyes Montiel (PRD) expresó que en el marco de la discusión sobre los recursos públicos, dijo si no es más conveniente que estos vengan de los ataques frontales a la corrupción en lugar del cobro de derechos para el uso del agua en el sector agropecuario.

 

Pidió conocer los avances del caso del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Le exigimos que la investigación de este caso se dé con apego a la ley, sea rigurosa y que, en caso de haber sanciones, se apliquen como deben ser. En esta lucha frontal contra la corrupción y el abuso del poder, usted tiene una tarea principal. Desde esta Cámara se le han dado las herramientas para hacerlo y lo seguiremos haciendo mientras no se use para callar a quienes disienten”.

 

La diputada del PVEM, Zulma Espinoza Mata, resaltó que el Legislativo y Ejecutivo han hecho, de manera coordinada, ordenada y armónica reformas constitucionales, emisión de nuevas leyes, modificaciones a normas federales y, en general, cambios para que la dependencia pueda hacer lo que le toca en cuanto al combate a la corrupción.

 

Preguntó sobre las primeras acciones en materia de declaraciones patrimoniales y de interés que se han llevado a cabo y cómo se ha instrumentado una política transversal con estados y municipios contra la corrupción. “Debemos ser exigentes y observantes de que la ejecución de la política de combate a la corrupción, su secretaría sea imparcial, sin malos hábitos y aplique la ley sin distinción”.

 

Carolina García Aguilar, diputada de la fracción de Encuentro Social, expuso que para nadie es un secreto que la corrupción de los gobiernos anteriores lastimó la imagen del país, erosionó la capacidad de las instituciones y, destruyó la confianza de los ciudadanos. “Con la Cuarta Transformación la corrupción ya se está combatiendo y se va a acabar”.

 

Puntualizó que la SFP tiene la tarea de revisar las 25 obras prioritarias del gobierno, entre ellas el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas. Hay un avance importante en las denuncias, investigaciones y sanciones y se debe tener una secretaría preventiva y no reactiva. Por ello, inquirió: ¿qué acciones concretas se tienen para evitar y disuadir la corrupción y cuáles están teniendo mayor impacto?

 

De MC, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar pidió conocer las acciones de prevención, vigilancia e inspección para combatir la corrupción, el conflicto de interés y el beneficio a unos cuantos; “cómo es posible que la Secretaría de la Función Pública no hiciera mención alguna sobre la validez de los contratos con las empresas acusadas penalmente de fraude por vender libros a sobreprecio, y cómo es posible que estas empresas no figuraran en alguna de las listas de directorio de licitantes, proveedores y contratistas sancionados con impedimento para celebrarlos”.

 

Agregó que es importante sujetarse al marco jurídico constitucional, y básicamente al artículo 134, que establece que los recursos públicos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. “Esto debe ser una realidad objetiva y no una narrativa imaginaria o de percepción de popularidad. Se debe adjudicar por medio de licitaciones públicas transparentes, con el objetivo de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias permanentes”.

 

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) calificó de sobresaliente el trabajo de la titular de la Función Pública. Afirmó que le corresponde a la dependencia hacer las investigaciones sobre el caso de Manuel Bartlett y “las está realizando y dará a conocer el resultado final. Bartlett ha sido opositor tanto tiempo y si lo que dicen fuera cierto, lo hubieran hecho pedazos hace muchos años”.

 

Mencionó que la población está muy agraviada por actos de corrupción de alcaldes y alcaldesas que tienen un patrimonio majadero. “Casas, ranchos, vehículos, caballos pura sangre. Creo que su programa de alertadores puede ser una buena opción, porque hay recursos federales en juego y me parece que por ahí deberíamos informar más”.

 

Ximena Puente de la Mora, diputada del PRI, preguntó cuál es el estado actual de la rendición de cuentas en el ámbito público; en estos nuevos formatos de las declaraciones Tres de Tres, cómo se contempla la protección de datos personales y su necesario equilibrio con la rendición de cuentas; cuáles serían las premisas de política de gobierno abierto y qué espacios se han generado en el gobierno federal para la participación ciudadana en materia de transparencia y rendición de cuentas.

 

Su compañero de bancada, diputado Juan Francisco Espinoza Eguia argumentó que la transparencia y la rendición de cuentas deben continuar siendo ejes esenciales de la administración pública federal. “Únicamente de esta forma podremos garantizar un buen ejercicio de gobierno. Para mantener la confianza de la sociedad, es necesario evaluar de manera continua la eficiencia y funcionamiento de las instituciones, el actuar de los servidores públicos y la distribución del gasto gubernamental, porque la ineficiencia también es corrupción”.

 

Por el PAN, la diputada Gloria Romero León consideró alarmante que la institución desestime el monto de las adjudicaciones directas que se han realizado este año. Por lo que inquirió: ¿cuándo dejará de ser, para este gobierno, una normalidad hacer así las contrataciones y cumplir la ley? ¿Cómo exigirle al titular del órgano interno de control de la Secretaría de Bienestar que cumpla con sus funciones cuando ha sido acusado en casos de fraude y de corrupción?

 

De esa misma fracción, el diputado José Martín López Cisneros exhortó a la secretaria a que realice auditorías permanentes a las principales obras del Ejecutivo como el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía, con el objetivo de identificar deficiencias en los recursos públicos asignados.

 

La diputada de Morena, Luz Estefanía Rosas Martínez se comprometió a impulsar leyes que permitan el desarrollo de mejores prácticas en el gobierno y se conviertan en estrategias efectivas para la transparencia, correcta fiscalización y la utilización eficiente de los recursos públicos. Interrogó: ¿cómo aplica los cinco ejes estratégicos de su política anticorrupción en la prevención y cuáles son las medidas que adoptará la Secretaría de la Función Pública para ciudadanizar el combate a la corrupción?

 

Sandra Paola González Castañeda, diputada de la misma fracción, se pronunció porque no haya más derroches burocráticos que sólo perjudican las arcas del Estado y el patrimonio de las familias. Puntualizó: “estamos en la disposición de trabajar de manera conjunta y con pleno respeto a la división de poderes y en fortalecer las políticas de austeridad”.

 

La titular de la Función Pública destacó que en este gobierno no hay intocables. “No vamos a estar sujetos a los ataques sin fundamento; tenemos la responsabilidad de actuar en función de la ley. No hay consignas, no hay filias para proteger, para escudar a nadie. Pero tampoco hay fobias ni en contra de funcionarios ni de ciudadanos ni en contra de miembros de la sociedad civil. Aquí no se investiga por consigna”.

 

Mencionó que la confianza de la ciudadanía en las políticas anticorrupción ha crecido en casi 40 puntos porcentuales. Se pasó de un 23 por ciento, que fue lo más alto que llegó a gozar el gobierno anterior, al 64 por ciento que hoy tiene en su primer año el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay un salto histórico sin precedente, comentó.

 

Se abrió un expediente con motivo de la denuncia anónima en el caso del actual director general de la CFE. La investigación también ha estado coadyuvada con el Servicio de Administración Tributaria; se han recibido informes precisos y remitido las declaraciones fiscales del servidor público investigado y las personas involucradas en la indagatoria.

 

Hay interacción con el contralor interno de la Cámara de Senadores para que remita las declaraciones patrimoniales del investigado, desde 2014 hasta el 2018. Además, se ha trabajado de la mano con los registros públicos de la Ciudad de México, Puebla y Tabasco, y se solicitó información a la Dirección de Situación Patrimonial de la Contraloría de la Ciudad de México, a efecto de que proporcionen datos registrales sobre bienes inmuebles, sociedades vinculadas a lo investigado.

 

“Son algunas de las acciones que con apego a la norma hemos estado haciendo con mucha responsabilidad, pulcritud y en tiempos que las diligencias nos exigen. No hemos dejado desperdiciada ni una hora ni un minuto en darle puntual seguimiento a las exigencias que tenemos, que nos hemos autoimpuesto, de hecho, con este caso que se encuentra en investigación y que, precisamente por ello, no puedo dar información adicional, pero ténganlo claro, sí estaremos dando puntual información y dando la cara sobre esta investigación tan relevante”.

 

Sandoval Ballesteros resaltó que del uno diciembre de 2018 al 15 de octubre de este año, la Dirección General de Información e Integración de la Secretaría ha concluido 84 expedientes que contienen análisis de evolución patrimonial de forma aleatoria, de los cuales 62 fueron enviados ya a una sustanciación a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

 

También se trabaja con la Fiscalía General de la República, en particular con la Fiscalía Anticorrupción. “Sin dolo, pero con mucha responsabilidad y con la finalidad de inhibir prácticas ilícitas, fomentar transparencia y caminar rumbo al desarrollo de sistemas integrales de evolución patrimonial que permita no estar desconectados o divorciados entre el Poder Judicial, la Fiscalía, el Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera”, añadió.

 

Precisó que en esta nueva función pública se promueven denuncias confidenciales, “no queremos anónimas, que si bien algunas veces son necesarias, generalmente no nos dan los elementos suficientes para ir a fondo en las investigaciones y en acompañamientos. No queremos que los ciudadanos sientan el peso del viacrucis burocrático, administrativo y político, que significa ir a presentar una denuncia”.

 

Relató que esta dependencia comparte con la Secretaría de Hacienda la responsabilidad de las adquisiciones públicas. Se han generado ahorros, por más de 150 mil millones de pesos por aplicar estas mejores prácticas internacionales respecto de la consolidación de las compras.

 

En el tema de los libros de texto, añadió, se tiene un ahorro de más del 30 por ciento respecto del año pasado e incluso el Presidente de la República instó a uno de los oferentes a no participar, precisamente para evitar cualquier tipo de malas interpretaciones. “Vamos bien en las compras gubernamentales. Es un giro radical el que estamos haciendo en esta administración con este nuevo modelo, para promover compras consolidadas; estamos implantando no solamente mecanismos competitivos, sino generando mercado”.

 

En cuanto a las compras consolidadas de medicamentos y otros insumos, aseguró, se redujeron costos, y fue cerrada la puerta a la corrupción y al desabasto.

 

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros señaló que el programa de Protección y Estímulo a los Alertadores Internos de la Corrupción es uno de los que han tenido más éxito, pero también hay gran cantidad de acciones, como la Coordinación de Enlace Ciudadano.

 

Además, dijo, los empresarios fueron durante mucho tiempo víctimas de la corrupción y “hoy han trabajado con nosotros para coadyuvar y han ayudado con este padrón de integridad empresarial a combatir la impunidad de contratistas y de concesionarios corruptos”.

 

Puntualizó que las declaraciones patrimoniales son relevantes para el gobierno, y la transparencia es una herramienta fundamental del combate a la corrupción. “Si ella no sirve para llegar a ese estadio de probidad, a esa limpieza pública y a esa ética que estamos construyendo entre todos, no tiene sentido el gasto en transparencia ni la institucionalidad”.

 

En esta administración, dijo, se camina rumbo a la transparencia. El reto, afirmó, es intensificar la colaboración entre todos los poderes, las representaciones del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización para que los formatos cumplan con el objetivo tanto de transparentar los intereses, los haberes, los patrimonios, pero al mismo tiempo proteger la integridad de los datos personales.

 

La función pública, agregó, reactivó el proceso nacional de una alianza para el gobierno abierto, el cual “se interrumpió en el anterior gobierno. Tenemos un plan de acción 2019-2021 y hemos llevado a cabo 12 mesas de concreción de las políticas para el gobierno abierto. Estamos abriéndole la puerta no sólo a las tradicionales organizaciones civiles, sino a nuevos ciudadanos”.

 

La secretaria comentó que se están dando pasos firmes respecto de la renovación del modelo de contraloría social hacia “un nuevo modelo que tenga al ciudadano en el centro en términos de desburocratizar y no hacer de los ejercicios de contraloría social un tema poco funcional, sino un verdadero aliado del combate a la corrupción”.

 

 

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