La seguridad no tiene precio, es invaluable. Entiendo la postura en contra, pero tras analizar en positivo, vale la pena el sacrificio.
A penas se supo la noticia y ya iniciaron las posturas en contra y a favor del reemplacamiento que el Gobierno del Estado aplicará el próximo año 2017. Tras la aprobación del Congreso del Estado, esta medida se implementará durante los primeros meses del año entrante.
El argumento en contra tiene una fuerte razón, porque se pide al gobierno que evite un costo directo al bolsillo de los propietarios de vehículos en la entidad. Sin embargo, el planteamiento del gobierno de Rolando Zapata Bello, es sólido porque tiene que ver con el fortalecimiento de la seguridad pública en Yucatán. El gobierno presenta el objetivo:
Actualizar el padrón vehicular con el fin de que el ciudadano mantenga en orden y al día sus datos y documentación para poder circular con tranquilidad.
El parque vehicular en la entidad se ha incrementado a tal grado que se hace necesario, tanto más preciso y urgente el regularizar a los miles de vehículos que circulan las calles y carreteras de la entidad.
Un auto no regularizado significa un gran riesgo, porque abona mucho en la comisión de delitos, como pudieran ser: asaltos, robos, secuestros, etcétera.
Un auto regularizado permite más rango de acción a las autoridades que están en la tarea de cuidar y velar por la seguridad del propietario del vehículo y por la sociedad en general.
No es mentira que el reemplacamiento mete a la ciudadanía en una dinámica de gran desgaste. Ya que cada vehículo presenta situaciones especificas, algunos de carácter especial. Existen propietarios que adquieren un auto o varios y no hacen nunca el cambio de propietario; o hay quienes adquieren un vehículo de procedencia de otro estado de la república, o de procedencia extranjera y nunca lo regularizan.
Si todos los propietarios de vehículos en Yucatán los tuvieran en regla, la administración y el control vehicular sería menos complejo.
Hoy un vehículo, para la gran mayoría de la gente, representa una herramienta de trabajo. Por ello, es más urgente tener un control lo más preciso posible.
En Yucatán es un buen momento para sumarnos todos a esta dinámica. Vehículos particulares, taxis, urbanos, uber, cabify, motocicletas, tricitaxis, etcétera, tenemos el deber de ser parte de la solución y no convertirnos en el problema en sí.
Oponerse radicalmente al reemplacamiento es una postura a la que el que guste tiene derecho, sin embargo, habrá que respetar también a quienes estén a favor. Los motivos principales ya los expuse, ahora toca ser razonables. El que guste protestar está en su derecho, el que guste reemplacar por su parte, ejerce la facultad de decidir a favor de la seguridad que es un orgullo para la entidad.
Mi punto de vista, es que vale la pena apoyar esta medida del gobierno, y aportar con voluntad a fin de incrementar nuestra seguridad y así enviar un mensaje de cohesión social, pues cuando un pueblo está unido la delincuencia fracasa.
A nadie le gusta pagar al gobierno, a nadie, pero cuando está en juego la seguridad, considero vale la pena sumarnos.
Eso sí, exhorto a las autoridades estatales a que el trámite sea ágil, con muchas, pero muchas cajas de cobro y que se reduzca el tiempo de atención de los propietarios de los vehículos. Y que si van a permitir la operación de “tramitadores”, al menos no les den trato preferencial por favor.
Un dato: Yucatán tiene el índice más bajo en la incidencia en el robo de vehículos, delito que ha ido a la baja en la entidad, pues mientras en 2009 fueron hurtados 408 automotores, en 2012 se tuvo reporte de 211, en 2013 la cifra fue de196; mientras que en 2015 fue de 117, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (Sipse).
— Alex López Munguía (@mipuntodevistaa) December 20, 2016
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