Rubén Rojas/unotv.- Las reformas constitucionales para agilizar la procuración de justicia que impulsa el Gobierno federal potencian la figura del arraigo en caso de corrupción y delincuencia organizada; además dan valor probatorio en un juicio a evidencias ilegalmente obtenidas y elimina a los jueces de control.
De acuerdo con el anteproyecto de reformas que se presentará este miércoles en el Senado de la República, tratándose de delitos de delincuencia organizada, corrupción o casos de relevancia social, los plazos del arraigo se duplican de 40 a 80 días.
En el caso de las pruebas ilícitas, éstas podrán ser tomadas en cuenta por un juzgador en un proceso penal, cuándo existan atenuantes sobre su ilicitud o provengan de una fuente independiente.
Por otra parte, las reformas quitan atribuciones al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pues ahora los jueces y magistrados especializados en materia de responsabilidad penal serán ratificados por el Senado, a propuesta de una terna que proponga el presidente de la República.
También establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estará a cargo de la administración de los juzgados y tribunales especializados en materia de responsabilidad penal, pero la vigilancia y disciplina de sus titulares recaerá en el Senado de la República.
Asimismo, los jueces y magistrados especializados en materia de responsabilidad penal podrán nombrar y remover a los respectivos funcionarios y empleados de los tribunales y juzgados especializados.
De aprobarse estas modificaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Consejo de la Judicatura Federal, sólo podrá investigar la conducta de algún juez o magistrado federal, pero no de los jueces y magistrados especializados en materia de responsabilidad penal.
Por otra parte, la reforma al artículo 102 constitucional brinda autonomía presupuestaria a la Fiscalía General de la República (FGR) que en ningún caso podrá disminuirse anualmente.
