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SEP y SEGEY violentan derechos humanos al prohibir mascarilla N95 para protección escolar

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En ambas estrategias federal y estatal llama la atención que hay dos tipos de mascarillas no permitidas, es decir, prohibidas. Las de tiene tienen válvulas de respiración y las mascarillas N95. En el fundamentación o motivación de las primeras se entiende que no ofrecen una buena protección, ya que por medio de esas válvulas se pueden filtrar las gotas de saliva que propicien el contagio de coronavirus, lo que al fin de cuenta se pretende evitar y ser realmente un retorno seguro en las escuelas.

Sin embargo, al referirse a las mascarillas N95 la justificación es que están destinadas al servicio médico. Así de simple.

¿Qué va entonces a suceder cuando lleguen padres de familia, directivos, maestros y alumnos? ¿Se les debe impedir la entrada por usar de forma incorrecta y no permita esas mascarillas? Porque el texto es muy claro, no están permitidas.

Si nos vamos al ámbito educativo es muy claro que la Secretaría en las instituciones públicas no está dotando de mascarillas para el personal administrativo ni docente como debería ser por ser un implemento necesario de trabajo. Como tal, serán ellos quienes, de sus propios ingresos, adquirirán sus propios implementos sanitarios, como lo son las mascarillas. Los mismo sucede con los alumnos cuyas familias ya tienen que dedicar parte del presupuesto familiar para estar adquiriendo los implementos de cuidado y sanitización. Si en verdad el Estado quiere cumplir con el precepto de gratuidad de la educación, tendría en consecuencia que estar dotando de este tipo de material. Al final la adquisición de esas mascarillas no impacta el presupuesto público.

Hay quien dice que la prohibición es para evitar que tal insumo escasee en contra de quienes supuesta y realmente lo necesitan. Pero si vamos a Derechos Humanos que afirman, en primera instancia que no debe haber discriminación y que se trata de un asunto de salud personal y pública que se quiere proteger, no puede ser que las condiciones de mercado sean las que nos limiten la necesidad de algunos individuos para estar más seguros y cuidar la propia integridad física.

Hoy hay maestros que están enfermos con Covid-19, algunos con síntomas y otros de forma asintomática sin que realmente existan pruebas para detectar contagiados y por ello la estrategia de retorno seguro no es preventiva sino reactiva. Es decir, se necesita de un contagio confirmado para activar protocolos de aislamiento y cierre de grupos o salones. De tal manera que ya hay circulación de docentes y pronto de alumnos que sin saber que están contagiados están siendo agentes para continuar y aumentar este. No hay pruebas previas, a lo que se ha negado el gobierno de forma sistemática a realizarlas. Inclusive se sabe popularmente que solamente en caso de presentar todos los síntomas para que en sector público realice las pruebas y confirme los casos. Es clarísimo que el nivel de contagios dista mucho de la estadística reconocida por estos lineamientos y políticas que no reflejan el impacto real de la epidemia.

El desdén de una protección efectiva queda evidenciado con la declaración del gobernador Mauricio Vila que ha afirmado que el criterio para el retorno virtual por el cierre de escuelas dependerá que la capacidad hospitalaria no quede saturada. Lo que algunos han interpretado como la espera de que la población se esté muriendo para entonces actuar en consecuencia.

¿Por qué no se abren las estrategias de protección máxima para todos los servidores públicos, entre ellos los maestros, que atienden a la población? Extendiendo dicha protección a las posibilidades que cualquier ciudadano puede contar. Tal vez así, esa capacidad hospitalaria que es el lamentable criterio gubernamental para accionar medidas no se comprometa más. No olvidemos que aun así sea una persona la fallecida, al final es una vida que impacta no solo a la persona que muere sino a todo su entorno no solo familiar sino social.

Pero que esperanzas nos queda cuando hemos visto a lo largo de esta pandemia que esa protección no ha sido prioridad para el gobierno. Ya que ni el sector médico público han contado con los medios e insumos, a pesar de muchos estar en la primera línea de defensa, y lamentablemente nuestro país se encuentra en los primeros lugares en muerte en personal médico. En julio pasado el presidente afirmó que México se encuentra en el 19° sitio en un ranking mundial de muertes de trabajadores de la salud. Sin embargo, con “otros datos” la Universidad Johns Hopkins, que procesa la información estadística de la pandemia, nos ubica en la cuarta posición, siendo Estados Unidos, Brasil e India las naciones que nos superan en número de fallecimientos de personal médico.

Si eso está sucediendo con los doctores ¿qué nos espera vivir en los próximos días en las comunidades escolares?

Hay que enfatizar que el lineamiento institucional sobre la mascarilla N95 es de forma concreta discriminatorio y por ello en contra de los Derechos Humanos