Con un video íntimo, Deicy Jiménez busca respaldar sus denuncias contra Petro, pero su defensa cuestiona el valor de las imágenes
Notipress.- Una grabación de pocos segundos volvió a encender una controversia que podría tener consecuencias judiciales para el expresidente colombiano Gustavo Petro. Deicy Jiménez difundió imágenes íntimas que presenta como respaldo de sus acusaciones sobre un presunto intercambio de contratos públicos por favores sexuales.
Sin embargo, entre demostrar un acercamiento personal y probar un acto de corrupción existe una diferencia que ahora resulta decisiva. Petro rechaza las acusaciones, mientras su defensa cuestiona que la grabación permita establecer alguna irregularidad en la contratación estatal.
Jiménez es una mujer colombiana que trabajó mediante contratos de prestación de servicios con distintas entidades públicas del país. Su nombre adquirió notoriedad tras denunciar presuntas irregularidades en la asignación de contratos estatales y señalar directamente al exmandatario.
El 4 de noviembre de 2026, Jiménez publicó el video en Instagram y lo presentó como una prueba de sus declaraciones anteriores. En las imágenes aparecen parcialmente los rostros de dos personas y se observa un beso, aunque no se ha establecido públicamente cuándo fueron grabadas.
La denunciante sostiene que existió una presunta red de mujeres beneficiadas con contratos estatales a cambio de relaciones sexuales. Sus señalamientos incluyen referencias a entre 30 y 40 mujeres, pero esas afirmaciones todavía requieren comprobación por parte de las autoridades.
Petro niega corrupción y su defensa cuestiona el video
Tras la publicación, Petro negó haber utilizado recursos públicos para obtener beneficios personales y anunció que defenderá su posición ante los jueces. El exmandatario afirmó que nunca empleó “un contrato del Estado para obtener favores de nadie”, rechazando así el vínculo planteado por la denunciante.
Su abogado, Alejandro Carranza, también cuestionó la grabación porque no cuenta con fecha, lugar ni origen verificados mediante un examen técnico. Además, señaló que las imágenes no muestran contratos, pagos ni decisiones gubernamentales que permitan demostrar el supuesto intercambio denunciado.
Para la defensa, difundir una escena íntima tampoco permite concluir que existió una conducta delictiva relacionada con recursos públicos. Carranza planteó asimismo interrogantes sobre las posibles consecuencias legales de divulgar material íntimo sin consentimiento, una circunstancia que también necesitaría establecerse.
Contratos bajo revisión y posibles consecuencias judiciales
Uno de los aspectos que concentra la atención es el historial contractual de Jiménez, quien registra diez contratos públicos en el sistema estatal. Siete corresponden al Senado, dos al Ministerio del Interior y uno a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Los dos contratos vinculados al Ministerio del Interior suman aproximadamente 41 millones de pesos colombianos, según los antecedentes divulgados.
El caso llegó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia, donde se examinan diferentes aspectos de las acusaciones. La abogada Dina Luz Malo anunció que presentaría la grabación ante las autoridades el 5 de noviembre para su eventual valoración.
Jiménez también denunció amenazas contra su seguridad y la de su familia, mientras su representación legal informó sobre medidas de protección. Ese contexto añade preocupación al proceso, aunque las amenazas denunciadas deben investigarse independientemente de las acusaciones relacionadas con contratos.
Por ahora, el principal interrogante no es únicamente qué muestran las imágenes, sino qué pueden acreditar dentro de una investigación judicial. Determinar su autenticidad, contexto y relación con decisiones administrativas será fundamental antes de establecer eventuales responsabilidades penales o disciplinarias.
