La iniciativa enviada al Congreso plantea que quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México renuncien a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidatos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa de reforma constitucional que busca impedir que una persona con doble nacionalidad pueda competir por la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México sin antes renunciar a su ciudadanía extranjera.
La propuesta parte de una preocupación que el Gobierno federal considera relevante para el ejercicio del poder público: que quienes encabecen los gobiernos tengan como referencia exclusiva los intereses de México. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que el objetivo es garantizar que el interés nacional esté por encima de cualquier vínculo con otro Estado.
La iniciativa plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. El primero establece los requisitos para ocupar la Presidencia; el segundo corresponde a las gubernaturas y el tercero regula, entre otros aspectos, la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. La información difundida este jueves por medios como La Jornada, El Universal, N+ y El Economista coincide en que esos son los artículos que serían modificados.
El cambio propuesto establecería que una persona aspirante a la Presidencia debe ser mexicana por nacimiento y no tener otra nacionalidad. Si cuenta con una segunda ciudadanía, tendría que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato.
Pero la restricción no terminaría con el registro electoral. La propuesta también contempla que quien llegue a ejercer alguno de estos cargos no pueda adquirir ni solicitar otra nacionalidad durante su mandato, ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana.
Además, se busca prohibir el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, el ejercicio de derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera y el recurso a la protección diplomática de otro país. El incumplimiento quedaría sujeto al régimen de responsabilidades establecido en el Título Cuarto de la Constitución. Estos elementos fueron reportados de manera coincidente por N+, El Universal y otros medios que revisaron la propuesta presentada por el Ejecutivo.
La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que el problema que busca atender la reforma se relaciona con la interpretación de las disposiciones constitucionales vigentes. El artículo 32 establece actualmente que los cargos para los cuales la Constitución exige ser mexicano por nacimiento se reservan a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad.
Sin embargo, el Gobierno considera que esa redacción no resuelve de manera suficientemente explícita qué ocurre con una persona que ya posee una segunda nacionalidad al momento de buscar una candidatura. De ahí que la reforma pretenda convertir esa condición en un requisito directo y verificable antes del registro.
La modificación tendría también una consecuencia práctica para quienes posean doble nacionalidad desde su nacimiento. No bastaría con acreditar la nacionalidad mexicana: tendrían que realizar el procedimiento correspondiente para renunciar a la otra ciudadanía antes de solicitar su registro como candidatos.
De aprobarse la reforma constitucional, el Ejecutivo prevé impulsar posteriormente modificaciones a la Ley de Nacionalidad para establecer cómo deberá realizarse ese procedimiento ante las autoridades mexicanas y las del país cuya nacionalidad se pretenda abandonar.
El debate, por tanto, no se limita a una cuestión administrativa. La propuesta toca directamente las reglas de acceso al poder Ejecutivo y abre una discusión sobre la relación entre nacionalidad, representación política y soberanía.
Sheinbaum ha vinculado la iniciativa con la necesidad de evitar posibles injerencias extranjeras. La presidenta había adelantado desde el miércoles su intención de impulsar esta modificación y sostuvo que quienes aspiren a gobernar deben tener como referencia principal a México. La Jornada documentó también que la mandataria relacionó el planteamiento con el caso del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuya doble nacionalidad fue mencionada en ese contexto político.
La propuesta, sin embargo, todavía no es una nueva regla electoral. Al tratarse de una reforma constitucional, deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente y obtener la aprobación requerida antes de entrar en vigor. Mientras eso no ocurra, las disposiciones actuales de la Constitución continúan vigentes.
La discusión que ahora llega al Congreso tendrá, por ello, varias aristas. Por un lado estará el argumento de la soberanía y la necesidad de evitar posibles conflictos de intereses; por otro, el análisis jurídico sobre los alcances de una restricción que afectaría a ciudadanos mexicanos que también poseen otra nacionalidad.
La iniciativa coloca así sobre la mesa una pregunta de fondo: hasta dónde debe llegar la exigencia de exclusividad nacional para quienes aspiran a ejercer el máximo poder político del país. La respuesta quedará ahora en manos del Congreso de la Unión.
