Lamenta Verónica Juárez que el Gobierno Federal permita que empresas de familiares de altos funcionarios, se aprovechen de la pandemia y vendan equipo indispensable a precios mayores
Medida de reducción del salario de altos funcionarios públicos es ilegal e inconstitucional : Mónica Almeida
Palacio Legislativo, 03-05-2020 (Notilegis).- El Grupo Parlamentario del PRD demandó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar la venta a sobreprecio de ventiladores mecánicos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para pacientes graves de Covid-19, por parte de León Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En un comunicado, las y los diputados expusieron que la delegación del IMSS en Hidalgo asignó de forma directa a la empresa Cyber Robotics Solution, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, un contrato de 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios, destinados al Hospital General de Zona de Medicina Familiar No. 1 de Pachuca.
Cada ventilador tuvo un costo individual de un millón 550 mil pesos, que es el precio más alto registrado hasta ahora desde que iniciaron las compras gubernamentales por parte de distintas dependencias de equipo para atender la emergencia.
Tanto el director del IMSS, Zoé Robledo como la delegación del Instituto en Hidalgo, justificaron la compra de los 20 ventiladores a la empresa de Bartlett Alvarez, argumentando la garantía de la entrega inmediata; sin embargo, el mismo día que la delegación recibió ese equipo, otra empresa, a la que también asignó contrato en la misma fecha, le entregó otro ventilador a precio mucho más económico.
Mexicanos Contra la Corrupción, que realizó la investigación de la venta a sobreprecio de ventiladores de la empresa Cyber Robotics Solution, al hacer una revisión de contratos para la compra de ventiladores por parte de distintas dependencia, detectó una diferencia de hasta 85% entre el precio más barato y el más caro.
Según una investigación citada por esta organización, desde que fue fundada en 2010 la empresa de Bartlett Álvarez, ha obtenido cerca de 800 millones de pesos en contratos por la venta de equipo médico al ISSSTE y a la Secretaría de Salud.
Durante el actual gobierno, recibió un contrato por la parte de la Secretaría de la Defensa Nacional por 2 millones 209 mil pesos para mantenimiento de un robot utilizado en cirugía.
La coordinadora de la bancada del PRD, Verónica Juárez Piña, solicitó a la SFP se investigue este presunto acto de corrupción y espera que esta vez no actúe de manera parcial como lo hizo en el caso de Manuel Bartlett Díaz, a quien exoneró de los señalamientos de enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés y tráfico de influencias.
La diputada lamentó que “el Gobierno Federal permita que empresas de familiares de altos funcionarios, como el caso de Manuel Bartlett, aprovechándose de la extrema necesidad del sector salud de adquirir insumos para atender a pacientes en la pandemia, vendan equipo indispensable a sobreprecio”.
Por su parte, la diputada Mónica Almeida, consideró que el intento de Morena y sus aliados para aprobar la iniciativa del Ejecutivo que buscaba manipular el presupuesto, exhibió autoritarismo; “el mensaje es claro si no se hace legal lo ilegal, constitucional lo inconstitucional con la propuesta de reforma presupuestal, de todas formas se llevará a cabo, lamentablemente la democracia hoy en día está de luto”.
Aseguró que unas de las medidas de austeridad promulgadas por el Ejecutivo Federal, como la reducción del 25% del salario de altos funcionarios públicos, así como dejar de percibir prestaciones de ley como el aguinaldo, son ilegales e inconstitucionales.
Esto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 123, apartado B, fracción IV de la Constitución, que señala que los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos. Además la Ley Federal del Trabajo en su artículo 110 establece que están prohibidos los descuentos en los salarios, precisó.
También se decreta la desaparición de diez subsecretarías sin señalar cuáles serán, lo cual no tiene un impacto económico positivo, ya que el personal afortunadamente tiene garantizada su reubicación en alguna otra subsecretaría, por lo que señalar que ahorrar en renta de edificios, papelería, materiales y suministros representará un impacto presupuestal positivo, es demagogia, ya que la reubicación y reordenamiento del personal será más costoso.
Las acciones mencionadas tienen por objeto fortalecer el blindaje de los programas sociales y proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos y el otorgamiento de 3 millones de créditos a pequeñas empresas familiares. Sin embargo, el padrón de beneficiarios lo generaron los superdelegados, atendiendo a los compromisos político-electorales.
Por otro lado, destacó las acciones que busca implementar el Gobierno Federal, serán sin generar deuda pública, pero a principios del mes de abril, la SHCP colocó bonos de deuda por 2 mil 500 millones de euros, a 7 y 20 años, que se suman a los 6 mil millones de dólares colocados el día 22 de este mes, “mintiéndole así de manera flagrante y obscena a los mexicanos”.
