El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, presentó un punto de acuerdo para solicitar al Secretario de Gobernación un informe detallado sobre la participación de agentes extranjeros en labores de seguridad pública dentro del territorio nacional.
En dicho documento recordaron que el pasado 3 de agosto se dio a conocer una investigación de Buzzfeed News en donde se documentó el sobre vuelo de una aeronave tipo Cessna Espía de matrícula Estadounidense sobre territorio mexicano, haciendo labores de aparente “seguimiento” de teléfonos celulares en posesión de presuntos integrantes de grupos delictivos.
Los legisladores precisaron que los vuelos más destacados fueron los registrados entre el 14 de abril y el 3 de mayo de este año en la comunidad de “El Dorado” en el estado de Sinaloa; el día 1 de mayo fue detenido el escolta de Dámaso López presunto lugarteniente del cártel de Sinaloa, escolta que fue detenido al parecer gracias a la información proporcionada por ese avión espía a las autoridades mexicanas y quien horas después muriera cuando era trasladado a un hospital cercano por las heridas de bala recibidas, al día siguiente de manera “casual” se detuvo a su jefe el “Licenciado” en la Ciudad de México.
“Con esta información se confirma que el primer caso era de Trump en donde participan directamente los Marshalls estadounidenses (institución encargada de la ejecución de las órdenes de cortes federales), sobre territorio mexicano en una operación para capturar o asesinar a un presunto narcotraficante”, indicaron.
Sobre esta investigación, señalaron los legisladores perredistas que el Gobierno Mexicano “no ha dicho nada, vuelve a guardar silencio ante una serie de actos documentados y registrados oficialmente que confirman la operación de aviones espías sobre volando territorio nacional sin el permiso legal ni la autorización judicial correspondiente”.
Consideraron que el Gobierno Federal debe responder una larga lista de preguntas sobre la operación y coordinación que existe para la operación de estos aviones espías estadounidenses en nuestro territorio, ya que “es una evidente acción ilegal e inconstitucional”.
Explicaron que el gobierno utiliza sofisticados software para espiar por medio de aviones a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, así como poblaciones enteras, objetivos policiales y teléfonos móviles de la ciudadanía que “sin saberlo y sin quererlo se han convertido también en víctimas”.
“Desde el mes de febrero que se diera a conocer el primer informe elaborado por organizaciones civiles mexicanas en colaboración con el Citizen Lab de la Universidad de Toronto develando la forma en que se había intentado infectar teléfonos celulares de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, supimos que existe una intrincada red de software y hardware adquirido por cuando menos tres instancias del Gobierno Federal (PGR, SEDENA y CISEN) dedicada al espionaje policial pero particularmente también al espionaje político”, precisaron.
Recordaron que el Gobierno Mexicano adquirió la red denominada “Pegasus” hace al menos 3 años, con la finalidad, según declaraciones del Secretario de Gobernación, Osorio Chong de espiar e intervenir comunicaciones de grupos de la delincuencia organizada o de grupos que pongan en riesgo la seguridad nacional, pero “según la Constitución en su artículo 16 toda intervención de alguna comunicación privada debe tener una autorización judicial”.
Reiteraron que Pegasus se adquirió con fines de prevención del delito y para realizar investigaciones criminales.
“Vale preguntarse, ¿en qué momento se perdió el objetivo central de esta inversión millonaria y se modificó para dedicarse ahora a espiar a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos?”, cuestionaron.
