La Administración de Donald Trump amplió su estrategia de deportaciones a terceros países y, en apenas diez días, envió a más de 100 personas de distintas nacionalidades a ocho países africanos que no son sus lugares de origen.
La política migratoria de Donald Trump acaba de dar un nuevo paso. Estados Unidos amplió durante los últimos diez días el uso de países terceros como destino para personas deportadas que no son trasladadas directamente a sus naciones de origen.
De acuerdo con documentos internos del Gobierno estadounidense obtenidos por CBS News, tres vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, llevaron a más de 100 personas a Burundi, Camerún, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Liberia, Ruanda y Sierra Leona.
Entre los deportados había ciudadanos de Afganistán, Cuba, Nicaragua y otras naciones. Un elemento particularmente relevante es que ninguno de los migrantes trasladados en esos vuelos fue enviado a un país del que fuera originario, según la documentación citada por CBS News.
El mecanismo forma parte de una estrategia que la Administración Trump ha impulsado para aumentar las expulsiones de personas que no pueden ser devueltas directamente a sus países de origen o cuya repatriación enfrenta obstáculos legales y diplomáticos.
La práctica no es completamente nueva. Desde 2025, Washington ha alcanzado acuerdos con diferentes gobiernos para recibir a migrantes deportados desde Estados Unidos. La novedad es la velocidad con la que estos convenios se han extendido y el creciente número de países africanos que participan en ellos.
Reuters informó recientemente que Esuatini recibió a dos nuevos deportados procedentes de Estados Unidos, con lo que el número de personas trasladadas a ese país bajo el acuerdo bilateral supera ya las 30. Entre los deportados enviados anteriormente figuraron ciudadanos de Cuba, Vietnam, Jamaica y Yemen, entre otras nacionalidades.
Liberia también se incorporó recientemente a esta red. El Gobierno liberiano aceptó recibir hasta 1,200 deportados de terceros países durante un año y recibió en agosto a su primer grupo, compuesto por unas 20 personas procedentes de diferentes países. Las autoridades de Monrovia han señalado que los migrantes podrán solicitar asilo en Liberia.
Pero la implementación del mecanismo ya ha producido situaciones especialmente controvertidas. En agosto, varios deportados se negaron a abandonar un avión estadounidense cuando llegó a Liberia porque argumentaron que ese país no era su lugar de origen y que temían por su seguridad.
Según Reuters, cinco de esas personas fueron trasladadas posteriormente a Guinea Ecuatorial. Associated Press informó de seis personas involucradas en el episodio, entre ellas cuatro cubanos, un brasileño y una mujer camerunesa. Las versiones difieren en el número exacto, pero coinciden en que quienes rechazaron desembarcar en Liberia terminaron en otro país africano.
El caso de Guinea Ecuatorial ha despertado especial preocupación por las condiciones en las que algunos deportados permanecen retenidos. Reportes de prensa y organizaciones de derechos humanos describen instalaciones con atención médica limitada y restricciones a la movilidad.
Amnistía Internacional ha cuestionado la expansión de estos acuerdos y sostiene que algunos de los deportados han sido enviados a países con los que no tienen vínculos, incluso cuando habían obtenido protección frente a una devolución a sus países de origen. La organización advierte que estas prácticas pueden exponer a las personas a nuevos riesgos y plantea dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales de protección.
La preocupación no se limita a África. Según Third Country Deportation Watch, una iniciativa que da seguimiento a estos traslados, la Administración Trump ha utilizado acuerdos de terceros países para enviar a aproximadamente 22,000 personas a al menos 26 naciones. La mayoría de esos traslados se ha producido hacia México, pero la lista incluye también países de América, Europa, Asia y África.
El fenómeno plantea una cuestión jurídica compleja. Una deportación convencional supone el regreso de una persona a su país de nacionalidad o a un lugar donde legalmente pueda ser recibida. En los acuerdos de terceros países, en cambio, Estados Unidos negocia con gobiernos que aceptan recibir a personas que no son nacionales suyas.
Washington defiende esta política como parte de su campaña para reforzar el control migratorio y acelerar las expulsiones. La Administración sostiene que los acuerdos permiten retirar del territorio estadounidense a personas que, por diferentes razones, no pueden ser devueltas directamente a sus países de origen.
Para los críticos, el problema aparece cuando la rapidez de la expulsión pesa más que las circunstancias individuales. No todos los deportados tienen antecedentes penales y, según CBS News, entre las personas enviadas recientemente a África había migrantes cuyo único problema registrado era encontrarse en situación migratoria irregular.
La diferencia es importante porque el debate suele presentarse como una cuestión de seguridad pública, cuando los grupos trasladados son heterogéneos. Hay personas con antecedentes penales, pero también individuos cuya situación migratoria es el principal motivo de su expulsión.
Otro punto de preocupación es la información que reciben los propios deportados. El caso de algunos cubanos enviados a África muestra hasta qué punto el destino final puede resultar incierto para quienes son expulsados. CBS News documentó el caso de un cubano que llegó a la República Centroafricana sin conocer previamente que sería enviado allí.
En junio, Estados Unidos ya había enviado a un grupo de aproximadamente 20 personas procedentes de Afganistán, Irán y otros países a la República Centroafricana. CBS News señaló entonces que el propio Gobierno estadounidense desaconsejaba viajar a ese país debido a la violencia y la inestabilidad existentes en su territorio.
La utilización de países terceros también ha generado disputas en los tribunales estadounidenses. Organizaciones de derechos humanos y abogados de inmigración han cuestionado la legalidad de algunos procedimientos, especialmente cuando las personas trasladadas contaban con órdenes judiciales que impedían enviarlas a determinados países por riesgo de persecución, tortura u otros daños.
El problema, por tanto, no consiste únicamente en determinar si Estados Unidos puede deportar a una persona, sino también en establecer dónde puede hacerlo y qué garantías deben mantenerse durante el proceso.
La Administración Trump considera que estas alternativas amplían su capacidad para ejecutar las órdenes de expulsión. Para sus críticos, en cambio, trasladar a una persona a un país con el que no tiene vínculos puede convertirse en una forma de eludir las protecciones que impedirían enviarla directamente al lugar donde enfrenta peligro.
La expansión hacia África muestra además que la política migratoria estadounidense está adquiriendo una dimensión cada vez más internacional. Países que anteriormente tenían una participación limitada en la gestión migratoria de Estados Unidos ahora aparecen como destinos para personas provenientes de América Latina, Asia y otras regiones.
Eso coloca a los gobiernos receptores ante sus propios dilemas. Algunos esperan obtener cooperación, recursos o fortalecimiento de sus sistemas migratorios; otros enfrentan críticas internas por aceptar personas con las que no mantienen ningún vínculo histórico o jurídico.
La transparencia también se ha convertido en un problema. Diversos acuerdos han sido negociados con poca información pública sobre el número exacto de personas que serán recibidas, sus condiciones de permanencia, la duración de su estancia y las garantías que tendrán para solicitar protección.
Mientras Washington acelera su estrategia de expulsiones, el número de países dispuestos a recibir deportados de terceros países continúa creciendo. África se ha convertido en uno de los nuevos escenarios de esta política.
La pregunta que queda abierta es si estos acuerdos permitirán a Estados Unidos cumplir sus objetivos migratorios sin trasladar los problemas legales y humanitarios a países que no son el origen de las personas expulsadas.
Por ahora, los vuelos ya están ocurriendo y los gobiernos africanos comienzan a recibir a personas que, en muchos casos, nunca habían vivido en esos países. La estrategia de Trump ha dejado de ser únicamente una política de deportación estadounidense. Se está convirtiendo en una compleja red internacional de destinos, acuerdos y controversias sobre hasta dónde puede llegar un Estado cuando decide expulsar a una persona de su territorio.
