El día de hoy inició sus operaciones Uber. Una empresa emergente que encontró en la tecnología y en tema de movilidad urbana una justificación de existencia.
Nuestra constitución en su artículo 5 establece la libertad de trabajo, pero siempre y cuando, sea una acción lícita. Es decir, que esté conforme a la ley. La Carta Magna otorga una libertad esencial a todos los mexicanos, pero igualmente la limita a que lo que hagamos se encuentre dentro de un marco jurídico legal vigente.
La promoción que hoy hace Uber Mérida es clara en cuanto la ilegalidad de su servicio. Invita a la población a mentir a la autoridad en el caso de una revisión o supervisión, así como sugerir que el servicio sea clandestino en cuanto no operar cerca de sitios de taxis o cercanos a las unidades de servicio público autorizadas y oficiales.
El servicio público de transporte en nuestro país tiene un interés jurídico público, por lo cual es el Estado con sus instituciones quienes lo regulan para dar certidumbre a los usuarios del mismo. Es por ello que se otorga una concesión que como tal establece determinados derechos y obligaciones a los entran dentro del esquema de la licencia que ampara el otorgamiento de la misma.
En el caso de Uber no hay tal supervisión del Estado. Se trata de un negocio de particulares que ofrecen un servicio público de transporte que genera tanto un beneficio económico al conductor del automóvil como el que opera la aplicación. El cumplimiento de las obligaciones no queda claramente definido. ¿Qué va a suceder en caso de un accidente? ¿Cómo entra el pago del seguro cuando el automóvil esta de alta para uso personal y no de servicio público de transporte?
Habrá quienes consideraran que es un exceso que el gobierno tenga que autorizar y controlar una actividad comercial. Lo hace en el interés de proteger a la sociedad, de garantizarnos la seguridad y otorgar certidumbre a los usuarios de un servicio de transporte público.
Es cierto que lo atractivo de participar en un negocio que ofrece posibilidades de incorporación fáciles y sin la supervisión del gobierno. Como también es atractivo para los usuarios las tarifas bajas que promete el nuevo servicio. Pero no olvidemos que las cosas baratas, al final, nos pueden salir más caras.
El tema va a empezar a discutirse con la ya inminente entrada de Uber en Mérida. Ojalá que exista madurez en todos los involucrados para no llegar a la violencia.
Creo que puede haber una argumentación jurídica que de viabilidad a este nuevo negocio emergente. Las razones de encontrar medios para mejorar la movilidad urbana es una necesidad muy importante en la capital de Yucatán.
Pero nada se gana contraviniendo la ley, retando al gobierno y a las instituciones.
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