En este caso lo que ellos están haciendo es igual a que un empleado o un trabajador fuera el que decidiera cuantos años va a durar su contrato en la empresa, es decir, que el mismo se autocalificara y no fuera el patrón, quien es el verdaderamente indicado para calificar su trabajo.
Regresando al voto, es un instrumento que no ha llegado a ser una herramienta confiable en México, pues los procesos electorales se deciden por muchos factores que no son los indicados, como recursos excesivos que se invierten en las campañas, usufructuar electoralmente la pobreza de la población dándoles dádivas y regalos, desconocimiento y desinformación popular sobre los candidatos y su historial, medios de comunicación que favorecen candidatos o partidos políticos a cambio de favores, etc.
En el ámbito de la administración pública es la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en el ámbito jurisdiccional es la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del DF, las que establecen claramente la prohibición de que servidores públicos con obvios intereses en un asunto deban excusarse y abstenerse de participar en él, ya que son susceptibles de que sus decisiones se vean influenciadas por dichos intereses, careciendo de imparcialidad, de estricto sentido de justicia y sin ver para el bien de las partes o de la sociedad.
Los ciudadanos somos los que debemos decir que asuntos se deben tocar en el Congreso y cuáles no. La Reelección no ha sido un reclamo popular, entonces porque Felipe Calderón sin consensarlo públicamente, decide de manera unilateral presentar la iniciativa de ley ante el Congreso, haciendo a un lado a la población, que es a la que debe servir.
En este caso, como en muchos otros, los políticos mexicanos nos ponen a bailar a su ritmo, siendo que hay otros asuntos que sí son prioritarios y que sí han sido reclamados constantemente por la sociedad.
La Reelección la puso en la agenda el Presidente de la República como dicen en mi pueblo, “por sus pistolas”.
