Para asegurar una mejor supervisión y prevenir actividades ilícitas a través de instituciones financieras y empresas particulares, urge incrementar el número de supervisores en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para detectar con mayor eficacia el lavado de dinero, propuso la senadora Minerva Hernández Ramos.
Con ese fin, la legisladora del Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 53 fracción VI, recorriéndose las actuales fracciones a VII y VIII y 54 fracciones I, II, y III; y se adicionan un Capítulo V Bis De la Revisión e Informe de un Auditor Externo y un artículo del 37 BIS, todos ellos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Argumentó que el lavado de dinero es una actividad que socava el Estado de Derecho ya que, por un lado permite que el dinero producto de actividades ilícitas se mezcle con recursos de origen lícito generando una percepción irreal de la actividad económica y productiva de nuestro país. Además, consideró, la actividad criminal debilita gravemente la economía nacional al desviar recursos que deberían contribuir al gasto público en la forma que prevén las leyes, provocando que ese beneficio recaiga en un sector reducido de la población.
Recordó que con el propósito de tener una participación activa y eficiente en la lucha contra ese delito a nivel global, en 1999 México se unió al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como observador y posteriormente, en el 2000, como miembro de pleno derecho. Así, nuestro país adquirió el compromiso de implementar medidas para identificar riesgos, aplicar medidas preventivas, establecer responsabilidades, desarrollar políticas de coordinación y luchar contra el lavado de dinero.
Explicó que dicho organismo internacional es un ente intergubernamental que fija los estándares y promueve la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero. Las recomendaciones que aquél emite constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir ese delito.
El combate al lavado de dinero, expuso, requiere instrumentar todo un sistema donde participen diversas autoridades, particulares del sector financiero y de otras actividades y profesiones no financieras, con deberes y obligaciones, cada uno. Para que el sistema funcione con eficacia, subrayó, no solo deben asignarse responsabilidades, sino también verificarse su cumplimiento y aplicar sanciones a quienes no cumplan.
A partir del 2013, dijo, en la LFPIORPI se estableció que uno de sus propósitos era regular en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita a diversas actividades y profesiones no financieras, las cuales fueron catalogadas como actividades vulnerables.
Expuso que de acuerdo con información de la Evaluación Nacional de Riesgos sobre lavado de dinero, elaborada en julio de 2016 por la Unidad de Inteligencia Financiera, al 31 de diciembre de 2015 la CNBV supervisaba a 3 mil 199 instituciones financieras, mientras que el SAT lo hacía a 56 mil 034 sujetos que realizaban actividades vulnerables.
Afirmó que por esa razón, los supervisores enfrentan un gran reto: el número de sujetos a supervisar es elevado, y los recursos económicos y humanos de la CNBV y el SAT parecen insuficientes.
Aseguró que esto es una amenaza para el sistema de combate al lavado de dinero, pues los sujetos obligados al saber que la autoridad supervisora tiene poca presencia y practica reducido número de actos de comprobación, pueden cumplir con deficiencia sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero o incluso pueden no cumplirlas en absoluto.
La senadora Hernández Ramos advirtió que con insuficiente supervisión no llegará información útil a las autoridades encargadas de investigar y denunciar dichas conductas, por lo que el número de casos sancionados por lavado de dinero seguirá siendo bajo, los criminales continuarán sus actividades ilícitas en forma impune y la economía nacional se verá afectada en perjuicio del desarrollo del país.
La propuesta se turnó para estudio y dictamen a las comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
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