El gobierno interino de Venezuela asegura que el nuevo acuerdo energético con Washington tendrá una vigencia de 25 años y contempla desarrollar 17 campos petroleros para elevar la producción, en una apuesta que puede transformar la industria venezolana y profundizar la presencia de capital estadounidense.
Venezuela se prepara para una nueva etapa en su industria petrolera. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que el acuerdo energético alcanzado con Estados Unidos tendrá una duración de 25 años y buscará elevar inicialmente la producción hasta superar los 1.5 millones de barriles diarios.
Rodríguez presentó el proyecto como un entendimiento histórico y sostuvo que permitirá recuperar una industria golpeada durante años por la falta de inversión, problemas operativos y las sanciones internacionales. De acuerdo con la versión difundida por Reuters, el plan contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, incluidos ocho nuevos proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco.
La magnitud de la operación ayuda a explicar el interés de Washington. Reuters informó que el acuerdo anunciado por el presidente Donald Trump contempla que Estados Unidos obtenga control mayoritario sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas venezolanas mediante asociaciones entre empresas privadas. La administración estadounidense busca, además, aumentar el suministro de crudo y contribuir a contener los precios de los combustibles.
El proyecto llega en un momento delicado para Venezuela. El país posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su producción se encuentra muy por debajo de su potencial. Según los datos citados por Reuters, actualmente ronda los 1.25 millones de barriles diarios, una diferencia enorme frente a la capacidad que llegó a tener antes del prolongado deterioro de su sector energético.
Rodríguez sostiene que la nueva relación con Washington no implica perder la propiedad de los recursos naturales. En su explicación, Venezuela conservará la soberanía sobre sus reservas, mientras recurrirá al capital, la tecnología y la capacidad operativa de compañías extranjeras para recuperar instalaciones y aumentar la producción.
La afirmación sobre la soberanía es uno de los puntos políticamente más sensibles del acuerdo. Associated Press señaló que todavía existen aspectos relevantes del convenio que no se han hecho públicos, entre ellos detalles sobre su estructura financiera, los plazos de ejecución y la forma en que se distribuirán las participaciones. Por ello, aunque el gobierno venezolano ha presentado el proyecto como una asociación estratégica, todavía falta conocer el marco contractual completo.
El beneficio económico que Caracas espera obtener también es considerable. Rodríguez calculó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, los ingresos para el Estado venezolano podrían alcanzar unos 209 mil 335 millones de dólares. La presidenta encargada agregó que aproximadamente 19 dólares de cada barril producido y vendido ingresarían directamente al país.
Esas proyecciones, sin embargo, dependen de que los nuevos proyectos logren alcanzar los niveles de producción previstos y de que los precios internacionales permanezcan en rangos que hagan viable el cálculo. La recuperación de una industria petrolera deteriorada tampoco ocurre de la noche a la mañana: requiere infraestructura, inversión sostenida, personal especializado y estabilidad jurídica.
En ese sentido, Chevron aparece como uno de los actores que podrían desempeñar un papel relevante. Dos fuentes citadas por Reuters señalaron que la compañía estadounidense se encontraba entre las empresas que cerrarían negociaciones para integrar sus operaciones conjuntas existentes en Venezuela al nuevo marco energético.
La llegada de nuevas inversiones también representa un cambio significativo respecto de la política petrolera que Venezuela mantuvo durante años. El sector fue sometido a un fuerte control estatal y quedó además condicionado por las sanciones estadounidenses, lo que dificultó el acceso a financiamiento, tecnología y mercados. Ahora, Washington y Caracas parecen apostar por una fórmula en la que los intereses comerciales estadounidenses tengan un papel mucho mayor en la recuperación de la producción.
Para Trump, el acuerdo tiene además una dimensión estratégica. El presidente estadounidense ha planteado que una mayor producción venezolana puede contribuir a garantizar nuevas fuentes de crudo y aliviar la presión sobre los precios de los combustibles en Estados Unidos. Para Caracas, en cambio, la prioridad es recuperar ingresos fiscales y utilizar la actividad petrolera como motor de una economía que lleva años enfrentando una profunda crisis.
La apuesta es enorme y también lo son los riesgos. Un acuerdo de 25 años no solo compromete a los gobiernos actuales, sino que establece una relación energética que podría atravesar distintos ciclos políticos en ambos países. La pregunta central será si Venezuela consigue transformar sus enormes reservas en producción estable y recursos públicos, sin que la participación extranjera termine convirtiéndose en un nuevo foco de disputa política.
Por ahora, el mensaje de Rodríguez es claro: Caracas quiere atraer capital y tecnología estadounidenses sin renunciar, según su versión, a la propiedad de sus recursos. Washington, por su parte, busca recuperar influencia sobre una de las mayores reservas petroleras del planeta. El verdadero alcance de esa alianza comenzará a conocerse cuando los contratos, inversiones y nuevos derechos de exploración y producción pasen del anuncio a los hechos.
