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Voluntad política hace posible reforma penal modelo

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En el contexto actual, en el 2008, se hizo una reforma en materia penal que permitió la entrada de los procesos orales en la procuración de justicia y persecución de los delitos. A partir de entonces es obligación de las entidades federativas realizar las adecuaciones legales necesarias para consolidar esos procesos, que además de ser garantistas por proteger los derechos individuales, tanto de la víctima como del inculpado, propician la transparencia y la claridad procesal.
El Gobierno del Estado de Yucatán con Ivonne Ortega Pacheco se tuvo la voluntad política para llevar a cabo una de las transformaciones legales trascendentales que modernizan el sistema de justicia en la entidad. Al contrario que en otras entidades donde sólo se cambió el Código Procesal Penal correspondiente sin ir más allá de lo mínimo necesario, en Yucatán se acompañó de varias modificaciones que abarcaron modificaciones a la Constitución Local y diversos marcos legales para dar mayor firmeza al Poder Judicial de Yucatán.
Entre lo más destacable se amplió el número de Magistrados, se configuró la figura jurídica de controversia constitucional para el ámbito legal estatal, se transformó la institución de Procuraduría a Fiscalía General, se crearon los Institutos de la Defensoría Pública y los Centros de Mediación y Justicia Alternativa. Todo éstos con la intención de crear el soporte necesario para la hoy entrada de lo que se llama juicios orales, pero que en sentido amplio, constituye sólo éstos en un elemento de forma visible de lo que en el fondo tales cambios significan.
La base central de esta transformación es darle sentido práctico a la presunción de inocencia y a la reparación del daño, como también protección de los derechos de la víctima de un delito.
Durante la sesión solemne pública del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán donde se contó con la asistencia de los invitados de honor, Ivonne Ortega Pacheco – Gobernadora del Estado –, Mauricio Sahuí – Presidente de la Mesa Directiva del Congreso – y el Lic. Rafael Borrego Estrada – Secretario Técnico del Consejo de Coordinación de la Reforma Penal – celebrada en el Convento de Sisal en Valladolid, se enfatizó que el paso dado en Yucatán es significativo y trascendente de lo que se tenga memoria en la entidad.
A cuestionamiento expreso al Lic. Rafael Borrego Estrada sobre qué es lo que hace que la reforma penal en Yucatán sea calificada de modelo, cuando ya hay varios estados que están aplicando los juicios orales, contesta: en Yucatán se logró una coordinación entre los tres poderes de la entidad que permitió hacer cambios substanciales en los organismos jurídicos, así como la creación de otros institutos, que fortalecen la integridad del sistema judicial; a diferencia de otras entidades dónde sólo se han hecho modificaciones sin entrar en otros más substanciales.
Sin duda hay voluntad política en el Gobierno del Estado, en el Congreso y el Tribunal Superior de Justica, además de una excelente coordinación entre todas estas entidades. Atrás quedaron los enfrentamientos entre los poderes Ejecutivo y Federal en tiempos de Patricio Patrón Laviada cuando éste intentó hacerles juicios políticos a magistrados que no estaban de acuerdo con él.
Los tiempos han cambiado. La buena voluntad y el compromiso de quienes hoy encabezan los tres poderes del Estado, Marcos Celis, Mauricio Sahui e Ivonne Ortega hoy hacen que Yucatán aspire a ser, no sólo la entidad más seguro, sino la más justa.
Como afirma el Lic. Sergio Cuevas, Consejero Jurídico de la Entidad, este es uno de los legados que dejará la Administración de Ivonne Ortega Pacheco.
Sin duda para quienes se ufanan en contra de la gobernadora no hay mayor argumento en contra de ella en esta materia. Las reformas que han surgido por este compromiso asumido nos benefician a todos, sin importar el color ideológico que nos distinga. A lo largo de la vida nadie está exento de no caer en un conflicto legal, ya sea en la parte acusadora o a la defensiva. Por lo que es importante, para todos, contar con un sistema que nos permita realmente instrumentar los procedimientos y oportunidades de prueba contribuya a llegar a la verdad histórica de los hechos y de la responsabilidad. Detener y castigar quien es verdaderamente responsable de la conducta ilícita, y al mismo tiempo, reparar socialmente el daño que se haya causado.
Los juicios serán transparentes, abiertos a la ciudadanía únicamente en las excepciones lógicas del cuidado de las buenas costumbres que la misma ley anticipa. Por ello el compromiso de quienes actúen (jueces, Fiscalía General, policía investigadora, peritos, abogados, personal de la Poder Judicial) estará bajo el escrutinio público.
La jornada del 15 de noviembre queda para la historia, pero para todos nosotros, la responsabilidad de cambiar nuestros paradigmas de conocimiento y la cultura jurídica que nos rodea. El que acusa debe probar, el que se defiende tiene el derecho a la prueba legítima y lícita, así como también, la víctima y la sociedad a recibir el pago por el daño realizado.
El espíritu de la flama de la justicia ha llegado a Yucatán, donde aspirar a consolidar el sistema judicial para ser Estado más justo queda simplemente en nuestras manos. Recuerdo las palabras que expresó Ivonne Ortega al finalizar su intervención en la sesión solemne “yo puse la voluntad política, ustedes, lo demás…”.
A forma de conclusión, nos queda a nosotros, a la sociedad, estar muy pendientes de que este nuevo proceso tenga éxito. En la medida que se logré, Yucatán se consolidará como un Estado Justo donde todos somos los beneficiados.