Un total de 49 servidoras y servidores públicos de los centros penitenciarios de Yucatán concluyeron una capacitación especializada en prevención de la tortura, uso de la fuerza y protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
La formación fue coordinada por la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría General de Gobierno, en colaboración con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En el programa participaron integrantes de los Centros de Reinserción Social de Mérida, Femenil, Tekax y Valladolid, además de personal de la Dirección de Ejecución. La capacitación tuvo una duración de 18 horas y combinó sesiones a distancia con actividades prácticas.
Los contenidos abordaron los fundamentos de los derechos humanos, los conceptos jurídicos relacionados con la tortura, las obligaciones de las autoridades para prevenirla, el uso de la fuerza conforme a la normativa vigente y las políticas públicas relacionadas con la protección de las personas privadas de la libertad.
Uno de los componentes prácticos consistió en un taller basado en casos reales de tortura. Este tipo de ejercicios busca que el personal pueda identificar factores de riesgo y trasladar los conocimientos adquiridos a situaciones que pueden presentarse durante sus labores cotidianas.
El programa incluyó también una conferencia sobre la función de los organismos protectores de derechos humanos en la prevención de la tortura, otra dedicada a las Reglas Nelson Mandela y su aplicación en centros de detención, así como una exposición sobre factores de riesgo y mecanismos de prevención.
Las Reglas Nelson Mandela, adoptadas por las Naciones Unidas, establecen estándares internacionales para el tratamiento de las personas privadas de la libertad y para la gestión de los establecimientos penitenciarios. Entre sus principios se encuentra la obligación de tratar a las personas recluidas con respeto a su dignidad inherente.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura tiene precisamente una función preventiva. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realiza visitas periódicas a lugares de privación de la libertad para identificar factores de riesgo, evaluar las condiciones y formular recomendaciones dirigidas a las autoridades responsables.
Durante el cierre de la capacitación se entregaron constancias a las personas participantes, con la presencia de representantes del Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Yucatán, de los centros penitenciarios involucrados y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
La capacitación constituye una medida de formación institucional, pero su eficacia depende de que los conocimientos adquiridos se traduzcan en procedimientos cotidianos, mecanismos de supervisión y respuestas adecuadas ante posibles abusos. La prevención de la tortura requiere tanto personal capacitado como controles efectivos y mecanismos para detectar y corregir prácticas contrarias a los derechos humanos.
El reto para el sistema penitenciario consiste, en ese sentido, en mantener de manera permanente los estándares de legalidad, trato digno y protección de derechos dentro de los centros de reclusión. La formación especializada representa uno de los instrumentos disponibles para fortalecer esa tarea.