La Secretaría de las Mujeres de Yucatán entregó 322 mil pesos a 22 personas cuidadoras de hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, como parte de un programa de apoyo dirigido a las familias afectadas por esta forma de violencia.
La Secretaría de las Mujeres de Yucatán entregó apoyos económicos a 22 personas que tienen bajo su cuidado a hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio. La medida busca atender algunas de las consecuencias que enfrentan las familias después de la pérdida de la madre y contribuir a mantener condiciones adecuadas para el cuidado de niñas, niños y adolescentes.
En esta entrega se distribuyeron 322 mil pesos mediante el programa Apoyo Económico para Personas Cuidadoras de Víctimas de Violencia Feminicida, operado por Semujeres. El esquema forma parte de las acciones estatales de atención y acompañamiento dirigidas a familias afectadas por la violencia feminicida.
La entrega fue encabezada por la secretaria de las Mujeres, Sisely Burgos Cano, y Martina Silvia Gutiérrez Reyes, directora de Atención a la Violencia en Municipios y responsable del programa.
El apoyo está dirigido a quienes asumen las tareas de cuidado después de un feminicidio, particularmente cuando existen hijas e hijos que quedan en situación de orfandad materna. El objetivo es proporcionar un respaldo económico que contribuya a disminuir las condiciones de vulnerabilidad que pueden presentarse después de la pérdida.
La violencia feminicida no termina con la comisión del delito. Sus consecuencias pueden extenderse al entorno familiar y modificar de manera abrupta las condiciones económicas, emocionales y sociales en las que viven las personas dependientes de la víctima. En ese contexto, la atención a quienes quedan a cargo de niñas, niños y adolescentes constituye una de las necesidades posteriores al feminicidio.
De acuerdo con Semujeres, el programa busca contribuir a que las familias afectadas dispongan de mayores condiciones para continuar con el cuidado de las personas menores de edad y evitar que la pérdida de la madre derive en una situación adicional de desprotección.
Durante el acto, Burgos Cano expresó la solidaridad de la dependencia con las familias que han perdido a una madre, hija o hermana a causa de la violencia feminicida. La funcionaria señaló que cada caso representa una afectación que trasciende a la víctima directa y alcanza al entorno familiar y comunitario.
El programa cuenta con reglas de operación publicadas en el Diario Oficial del Estado de Yucatán desde noviembre de 2024. Estas disposiciones establecen el marco administrativo para la entrega de los apoyos económicos destinados a personas cuidadoras de víctimas de violencia feminicida.
La existencia de este tipo de programas responde a una problemática que requiere atención más allá de la investigación y sanción de los delitos. Cuando una mujer es víctima de feminicidio, sus hijas e hijos pueden enfrentar cambios en su residencia, pérdida de ingresos familiares, interrupciones en su dinámica escolar y modificaciones en las redes de cuidado.
En esos casos, la persona que asume la responsabilidad cotidiana de niñas, niños o adolescentes también puede enfrentar nuevas obligaciones económicas y de cuidado. El apoyo gubernamental pretende contribuir a cubrir parte de esas necesidades, aunque no sustituye las responsabilidades institucionales relacionadas con la investigación de los delitos, la reparación integral y la atención especializada a las víctimas indirectas.
Semujeres informó que continuará con las acciones de atención y acompañamiento a las familias afectadas por violencia feminicida. La dependencia mantiene este programa dentro de su conjunto de instrumentos de apoyo dirigidos a mujeres y familias que enfrentan situaciones de violencia.
La entrega de los 322 mil pesos representa, en este sentido, una medida de asistencia para un grupo específico de familias que enfrenta las consecuencias de la violencia feminicida. El desafío consiste en que estos apoyos puedan complementarse con atención psicológica, acompañamiento jurídico, protección y otras medidas necesarias para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus madres.