Un convenio entre instituciones de Yucatán y la Ciudad de México permitirá compartir conocimientos, capacitar personal y desarrollar materiales accesibles para fortalecer la atención a las personas con discapacidad.
Yucatán y la Ciudad de México establecieron una alianza para fortalecer las acciones de inclusión y mejorar la atención institucional dirigida a las personas con discapacidad, mediante un convenio de colaboración entre el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán (Iipedey) y el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (Indiscapacidad).
El acuerdo contempla el intercambio de conocimientos y experiencias entre ambas instituciones, así como el desarrollo de estrategias conjuntas para ampliar las capacidades del personal encargado de brindar atención y acompañamiento a las personas con discapacidad.
La colaboración también busca generar herramientas que permitan identificar y atender las barreras que todavía dificultan el ejercicio pleno de derechos. Para ello, se prevé la realización de cursos y pláticas, además de la elaboración de materiales en formatos accesibles que puedan ser utilizados en las acciones institucionales de ambas entidades.
El convenio toma como referencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo enfoque establece que la inclusión requiere eliminar las barreras que impiden la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad.
Más que limitarse al intercambio administrativo, el acuerdo plantea una colaboración orientada a fortalecer las capacidades institucionales. La experiencia acumulada por cada entidad podrá utilizarse para diseñar acciones que respondan a problemáticas concretas y mejorar la forma en que se ofrecen servicios públicos.
Durante la firma del convenio, Armando Jair Chiquini Barahona, director general del Iipedey, destacó la importancia de que las propias personas con discapacidad participen en el diseño y desarrollo de las acciones que se implementen.
El funcionario señaló que su participación resulta fundamental para orientar las estrategias y actividades que desarrollen conjuntamente ambas instituciones. Esta perspectiva coloca a las personas con discapacidad no solamente como destinatarias de las políticas públicas, sino también como participantes en su construcción.
Chiquini Barahona también hizo referencia al Día Internacional de las Lenguas de Señas y destacó la importancia de continuar generando condiciones de accesibilidad para las personas sordas y con discapacidad auditiva.
La accesibilidad lingüística constituye uno de los componentes de una política integral de inclusión. En este ámbito, las lenguas de señas representan medios de comunicación y elementos de identidad de las comunidades sordas, por lo que garantizar su reconocimiento y uso forma parte de los esfuerzos para eliminar barreras.
Por su parte, Ruth Francisca López Gutiérrez, directora del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, señaló que la coordinación permitirá compartir experiencias y fortalecer las estrategias dirigidas a eliminar obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad tanto en la capital del país como en Yucatán.
La colaboración entre ambas instituciones abre así un espacio para intercambiar prácticas, conocimientos técnicos y herramientas de atención. También puede contribuir a que las experiencias desarrolladas en una entidad sean adaptadas a las necesidades de la otra, sin perder de vista las características particulares de cada población.
Uno de los aspectos centrales será la capacitación del personal. La formación especializada puede contribuir a que quienes trabajan directamente con personas con discapacidad cuenten con mayores herramientas para identificar necesidades de accesibilidad, orientar trámites y ofrecer servicios públicos con un enfoque de derechos.
La generación de materiales accesibles constituye otro componente del convenio. Su elaboración permitirá incorporar distintos formatos de comunicación y facilitar el acceso a información institucional para personas que enfrentan diferentes tipos de barreras.
El acuerdo entre Yucatán y la Ciudad de México se suma a los esfuerzos institucionales orientados a trasladar el principio de inclusión del ámbito normativo a la atención cotidiana. El desafío consiste en que los derechos reconocidos en las leyes y tratados internacionales puedan reflejarse en servicios públicos accesibles, personal capacitado y mecanismos efectivos de participación.
Con el intercambio previsto, ambas instituciones buscan fortalecer sus capacidades y mantener una colaboración que permita desarrollar nuevas acciones de capacitación, accesibilidad y atención. La participación directa de las personas con discapacidad será un elemento relevante para valorar si esas medidas responden realmente a las barreras que persisten en la vida cotidiana.