DE MANERA ESPECIAL A PETICIÓN DE NUESTRA AMIGA DEYANIRA ALVÁREZ VILLAJUANA PUBLICAMOS ESTE TESTO DE SU AUTORÍA.
Por: Deya Álvarez Villajuana
El tema del control jurisdiccional de las expresiones en redes, para mí cuenta con un significado especial, de carácter vivencial. En el 2012, me invitaron a participar como candidata a diputada local en el cuarto distrito del estado de Yucatán, por el Partido del Trabajo PT, al cual nunca me adscribí y jamás pertenecí antes de las elecciones, ni después. Mi fotografía como candidata salió justo a un lado de nuestro ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en los correspondientes carteles propagandísticos, lonas y anuncios en espectaculares, y creí que iba a ser una buena experiencia, pues de buena fe participé, con la finalidad de ayudar a construir una mejor comunidad, sirviendo más y mejor a los demás, de forma genuina, de corazón. En términos generales, yo no tenía ninguna experiencia en política partidista, antes de dicha invitación, la cual acepté para probar una “experiencia nueva” como joven que era, pues contaba con un marcado liderazgo social y una pasión evidente por el servicio a la comunidad, además de miles de seguidores en Facebook, como hasta la fecha. Después de esa terrible experiencia, no he vuelto a tener acercamiento con partido político alguno, a no ser para brindarles conferencias o capacitaciones, sin importar el color o ideología, pues mis servicios profesionales son para todos los que me contraten. El término “terrible” antes señalado, no es una exageración lingüística, sino una descripción objetiva de los hechos, mismos que fueron denunciados en tiempo y forma, en el 2012, ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán, lo que consta en la carpeta de investigación: 000716/2012, manifestando textualmente la que suscribe lo siguiente: “Soy candidata a diputada por el Cuarto Distrito por el Partido del Trabajo, es el caso que como ciudadana tengo mi cuenta de Facebook en el cual aparezco con el nombre de www.facebook.com/deyaalvarezvillajuana y a través de perfiles falsos me han estado difamando, agregando a mis amistades, grupos, asociaciones y medios de comunicación, diciéndome que soy una ladrona, que mi asociación DesarrollArte Efecto Mariposa es fantasma, que maltrato a mi madre, que soy lesbiana, así como también me critican por mi ideología religiosa e incluso a mis amigos les envían mensajes vía inbox del Facebook, y todos estos comentarios afectan mi dignidad como persona, mi derecho al honor y la buena imagen, así como profesional y económicamente. Ejemplo gráfico de lo anterior, para contextualizar la experiencia de violencia política y de género, con base en difamaciones e injurias, realizada en mi contra durante un proceso electoral:
Correos electrónicos amenazadores durante toda la campaña electoral:
Fotografías de mis distintas actividades como profesional y empresaria, repletas de difamaciones e injurias, transmitidas a miles de personas y medios de comunicación:
Durante toda la campaña, se manejó de forma “anónima” un discurso violento, discriminatorio, oprobioso, fomentador del odio en mi contra, además de difamatorio e injurioso, basado en falsedades, que algunas personas ignorantes, que no me conocían realmente, creyeron y con ello me revictimizaron, delinquiendo en mi contra, al violentarme sin causa alguna.
Resultados a grandes rasgos de lo anterior, lo cual reitero, fue debidamente denunciado en el 2012, apenas comenzaron a ocurrir los hechos:
El agente investigador asignado al caso, no pudo “identificar” al autor o autores de la violencia política y de género en mi contra, los cuales incluyeron no sólo ataques vía electrónica sino también a través del celular. El agente CSTP, de la Policía Ministerial, manifestó hasta el 2014, dos años después de la ocurrencia del delito, que no se había hallado al o los responsables. Se aludió que no contaban con “la tecnología” para realizar la búsqueda adecuada en ese entonces. Un punto interesante es que en uno de los correos que me enviaron durante la campaña, adjuntaron un archivo en el programa Word, y al dar click en el apartado propiedades por sugerencia de quien fue mi pastor Carlos Cruz, un excelente ingeniero en sistemas (sin tecnología, pero con mucha lógica, la que le faltó al investigador de la FGEY), aparecía el nombre de quién creó dicho archivo, y éste era KYRIA, el cual resulta ser el nombre de la hermana menor de un exnovio, que fue debidamente denunciado, y cuyas siglas son JLSR. Yo terminé esa relación para esas fechas, pero ante los “ataques en mi contra” él se ofreció a “declarar”, para quedar como no sospechoso, ahora lo entendemos muchos. Sin embargo, los hechos son, las pruebas ahí están, como un video que el grabó violentándome cuando me tuvo privada de mi libertad por venganza ante yo terminar con él, lo cual está debidamente denunciado, contando con testigos de ello y una llamada a la policía que hicieron mis amistades que me fueron a rescatar ese día. Ese video, que él grabó violentándome, es el mismo que un “extorsionador anónimo” me envío en el 2016 diciendo que si no le pagaba en pesos mexicanos 110,000 (número de “me gusta” de mi página de FB) lo haría viral, ante lo que respondí como siempre lo haré: no cedí en absoluto y fui de inmediato a denunciarlo de nueva cuenta. Es este ex-novio, siempre fue él, y se dedicaba a la “política” así que más directa la línea de investigación no podría ser. Yo terminé esa relación varias veces, pero él lloraba, me llevaba mariachis, flores, y aunque jamás permití ni lo haría que me ejerzan ningún tipo de violencia, cuando me percaté de que algo no andaba nada bien en él, lo alejé definitivamente de mi vida, y ahí empezó su violencia como venganza, sobre todo psicológica, pero no contaba con la fortaleza que Dios me dio y la ayuda de las autoridades. La violencia, no fue evidente durante la relación, sino después, al perder el control su fachada se le cayó. JLSR, se dedicaba a las “bienes raíces” y a la “política” en un partido diferente, el PRI (aunque conozco a varios priistas, y personas de otros partidos que nada tienen que ver con este tipo de acciones). El nombre de la laptop que él utilizaba, de nombre KYRIA, era la de su hermanita, en ella trabajaba y lo constaté durante la época de noviazgo. Con este dato sencillo de la creación del archivo en esta laptop, pudo haberse llegado al autor de los anonimatos y violencia cibernética. Sin embargo, esto no fue así, ya que “nunca se identificó plenamente al autor”, es decir la FGEY no hizo un trabajo de calidad, en esa época, el 2012, aludiendo “falta de tecnología”, cuando no era necesaria, sino un poco de lógica simple. Debido a ello, me acerqué a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, para que me brinde su apoyo en materia, pues la FGEY no había realizado con excelencia su labor, pero el archivo al ser del 2012: “prescribió” por tiempo (tiempo que ellos dejaron pasar sin actuar con el profesionalismo que mi caso y el de todos, realmente ameritaba). Ello, me dañó de manera significativa en mi dignidad como persona, en lo familiar y en lo profesional-material. Pero lo superé y me fortalecí… Generé callo y me sigo preparando: ingresé a la Licenciatura en Derecho en la UNAM, y ahora estoy estudiando la Maestría en Derechos Políticos y Procesos Electorales en el IEPAC. De lo malo, lo bueno y lo bueno ha sido mucho a raíz de esta experiencia de aprendizaje ?
Refutaciones de las falacias, difamaciones e injurias dichas en mi contra durante el proceso electoral en el 2012, las cuales, sin duda alguna se han caído con el tiempo, con la verdad de los hechos y de mi testimonio de vida y avances:
- Falsedad: Ladrona. Verdad: jamás he robado a nadie, ni he tenido una denuncia por este ilícito. Estoy dada de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde el 22 de octubre de 2007, fecha en que inicié mis operaciones, facturando siempre y contando con Opinión de Cumplimiento Fiscal favorable desde siempre también. Realizo todas mis actividades profesionales de manera legal, ordenada y transparente. Mis servicios profesionales los brindo de manera habitual en las instalaciones de las organizaciones y empresas que me contratan, viajando de manera frecuente, y no requiriendo tener un local fijo para ello, más que una oficina. He ganado distintos concursos para emprendedores, durante los cuales, la validación de la documentación y testimonios verídicos, son fundamentales.
- Falsedad: La asociación DesarrollArte Efecto Mariposa es “fantasma”. Verdad: Mi asociación civil DesarrollArte Efecto Mariposa, fue legalmente constituida el 19 de abril de 2011 a través de la de la Abog. Luz Margarita Mejía, de la notaría pública 71 y 73. La documentación probatoria de mi AC la entregué en tiempo y forma a la antes llamada Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar, y me otorgaron sin problema alguno y desde el 2011 mi CLUNI: DEM11041931019. Fuimos parte del Consejo Directivo del Instituto Municipal de la Mujer, y actualmente formamos parte de la Red Cívica del IEPAC. Jamás he solicitado un donativo, ni apoyo económico de ningún tipo hasta el momento, pues mis actividades se enfocan más en la realización de conferencias, cursos y talleres gratuitos que yo brindo de manera personal y sin fines de lucro a la comunidad, en materia de salud mental, prevención de violencia en cualquiera de sus formas y prevención del suicidio en jóvenes. Al contrario, yo he dado de mis propios recursos para asistir a comunidades lejanas, de forma gratuita para ayudar a los demás, como asociación civil, pero también como misión de vida, la más importante.
- Falsedad: Maltrato a mi madre. Verdad: amo a mi madre y a mi padre, y ellos a mí, de una forma tan única y especial, que, de hecho, mi esposo y yo construimos nuestro hogar junto al de ellos, precisamente para que yo, como su única hija esté pendiente y cuidándolos. Mi hermosa mamá, Deysi María Villajuana Moscoso, tiene 77 años de edad, y tengo el orgullo de decir que, entre otras virtudes, fue la primera mujer presidenta de la Secretaría de Turismo del Estado de Yucatán, otrora CONFETUR, viajó por múltiples países, hasta que llegó a Cuba, conociendo a un guapo, y muy inteligente Médico Veterinario Zootecnista, perteneciente al equipo nacional de Judo, y con un premio científico en su haber conocido como la “Ubre de oro” por su investigación en materia genética bovina, mejor conocido como: mi papá, José Luis Álvarez Garay. Quien nos conozca, sabe de la gran difamación e injuria que esta parte del ataque, al igual que todas las demás.
- Falsedad: Lesbiana. Verdad: además de ser una etiqueta homófoba y claramente dicha con fines discriminatorios y violentos, es falsa, ya que jamás me he identificado como parte de ese colectivo, mis relaciones de noviazgo siempre fueron heterosexuales, y aunque en mi adolescencia tuve amigos y amigas con preferencias hetero y homosexuales, siempre fue el respeto el que reinó. Si no “tuve novio” durante muchos años, es porque estaba totalmente dedicada a las cosas de Dios, mi familia y estudios (mocha, santita, nerd, eso sí sería más viable, y lo aceptaría sin problema, aunque también es una etiquetación, y éstas no son adecuadas). En la actualidad estoy felizmente casada con un varón que ama a Dios y me ama a mí, Adán Israel Santos Contreras. Así que esa parte, se las debo.
- Falsedad: Puta/ Prostituta. Verdad: este punto de ataque se contradice con el anterior ¿o lesbiana o prostituta? Resulta que: ninguna de las dos. Jamás cobré un centavo en mis relaciones personales, me porté dentro de lo que cabe relativamente “bien”, no salí embarazada ni me casé y divorcié, sino que me conservé para el varón que Dios tenía para mí, y desde que empecé a ser cristiana, en el 2012, hasta que me casé en 2018, no tuve ninguna relación de noviazgo, dedicándome por completo a Dios, mi familia (papá y mamá), mis estudios de posgrado y mi negocio, el cual había sido tremendamente lacerado por las injurias y difamaciones, pero Dios es bueno y con el tiempo, la verdad salió a la luz, avergonzando a los ignorantes que lo creyeron, y que contribuyeron con el delito al violentarme y revictimizarme.
- Falsedad: Loca. Verdad: este argumento además de que es plenamente violatorio de los derechos humanos de las personas que en realidad sí tienen algún tipo de enfermedad mental, está hecho con dolo, pues mi papá fue diagnosticado con trastorno bipolar, y mucho nos ha costado como familia, salir adelante, con la ayuda de Dios, luchando en contra de estigmas, prejuicios y discriminación. Pero lo hemos logrado. En lo personal, cumplo todos los criterios de salud mental dispuestos por la OMS, he salido sin patologías mentales en los distintos exámenes que he presentado relativos, por ejemplo, para ser Perito en Psicología certificada por el Poder Judicial con número de registro: RP249/2018. Desde niña, mi mamá estuvo muy pendiente de mi salud emocional, precisamente por la condición de vulnerabilidad de mi papá, y que era posible heredar, pero ello no aconteció como tal, teniendo una vida con un grado de satisfacción y disfrute plenos, y ayudando a muchos a tenerlo también. Al contrario, soy una mujer, muy bendecida para bendecir, así lo resumiría.
- Falsedad: Con vicios. Verdad: jamás he tomado alcohol, no he fumado y tampoco me he drogado en forma alguna, y todos los que me conocen de años saben de mi invitación siempre a lo saludable y mi buen testimonio en este sentido. Así que los fotomontajes que realizaron, son totalmente difamatorios e injuriosos, ya que, en mi caso, nunca he sido partícipe de droga legal o ilegal alguna, salvo en el caso de tomar vino para festejos decembrinos, y solo unos sorbos con moderación, pues a mis papilas gustativas no les gusta el alcohol, y no sé a qué se deba, pero me parece muy bien como estrategia de salud integral.
Reflexión crítica sobre la violencia política, de género o de cualquier otra índole en las redes sociales e internet
Considerando mi caso personal antes expuesto, acontecido durante mi participación por primera vez como candidata a diputada local dentro del periodo electoral celebrado en el 2012, y debido a la utilización de alusiones partidistas mezcladas con violencia y amenazas para la realización de los ciber-ataques en mí contra, trataré de aterrizar algunas ideas acerca de los precedentes señalados sobre la libertad de expresión en redes, considerando algunos elementos genéricos en cuanto a su uso expresados durante el video. Esta actividad de escritura, la vivo como un ejercicio pleno de índole catártica mezclada con académica, cuya finalidad es lograr identificar líneas generales que puedan ayudar a dar una mayor luz en materia de justicia, considerando las características del caso concreto. En primer lugar, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en su Conferencia Magistral llamada: “El control jurisdiccional de las expresiones en redes”, cuyo video se ubica en:
https://www.youtube.com/watch?v=DERbbTwMtO4&feature=youtu.be , señala que existe una protección amplia al discurso en materia electoral, pues contribuye a conseguir un cuerpo extenso de ciudadanos activos comprometidos con los asuntos públicos. Y debe, por ende, darse un irrestricto respeto al total ejercicio de la libertad de expresión en redes. El contenido de los discursos políticos o electorales no pueden tener expresiones discriminatorias utilizadas con efectos perjudiciales para los candidatos, ciertos individuos o comunidades políticas, lo cual debe ser analizado en cada caso concreto. En segundo lugar, aunque en el terreno político es usual, más no ético desde mi punto de vista, utilizar campañas negras o de desprestigio que incluyen difamación e injurias, es fundamental en aras de lograr una mayor armonía, debe contarse con un límite, entre los derechos de quien está ejerciendo su libertad de expresión y los derechos de las personas a quienes puede afectar, considerando la naturaleza del afectado, pues si es un candidato o servidor público, su nivel de protección debe ser menor a la de un ciudadano. Un tercer aspecto es que los discursos electorales, también requieren dosis de veracidad en los hechos que expresan, pues si no, podrían generarse debates sobre hechos que si no tienen al menos lo mínimo de veracidad podrían estarse dando sobre bases falsas o hechos inexistentes, como ocurrió en mi caso al ser víctima de difamaciones e injurias. En cuarto lugar, el uso de fuentes tanto nacionales como internacionales, resulta indispensable para encontrar las mejores herramientas que garanticen un debate incluyente, y en ese sentido, el diálogo jurisprudencial con tribunales de otras altitudes, internacionales, es muy enriquecedor. En quinto lugar, si la expresión de las ideas encuentra límites en los medios tradicionales, el internet como plataforma emergente de comunicación entre actores políticos y electores, debe también sujetarse a algunos límites y restricciones razonables para el ejercicio armónico de todos los derechos que pudieran estar involucrados.
Los discursos con fines políticos y electorales que utilicen la vía digital para su propagación dirigidos a los usuarios de internet, talvez no podrían por el hecho de encontrarse en ese medio, utilizar un lenguaje con expresiones discriminatorias al ser ofensivas y oprobiosas, como las realizadas en mi contra. Así cuando se dijo por la SCJN que las expresiones discriminatorias se encuentran excluidas de la protección brindada por la constitución, ello también incluye a los mensajes expresados a través de la red, no teniendo porqué existir una diferencia entre un medio de difusión y otro, de acuerdo con el Ministro, con el cual concuerdo en posición. El problema, y lo viví en carne propia, es la rapidez e inmediatez, con que van fluyendo en internet los mensajes con algún tipo de contenido político o electoral, siendo significativa la cultura de los “memes” que muchas veces pueden ser ofensivos y violentos contra la dignidad de la persona, grupos o colectivos, siendo en mi caso, violentada por razón de mi fe cristiana y mis valores, los cuales quisieron ser atacados mostrándome ante la sociedad como totalmente distinta a la persona que soy, y mi familia, amigos y alumnos conocen, de toda la vida o de años atrás. La comunidad cristiana a la que pertenezco ha sido producto de ataques por grupos que consideran que para proteger “sus derechos” deben violentar los de los demás o agredirlos, pero esa es otra historia. Considerando lo anterior, y concordando con lo expresado por el Magistrado, parece casi imposible tener un escrutinio efectivo de todo lo que se dice por los millones de usuarios que participan en la internet y los que se van sumando cada día, ya que éste es un medio de comunicación no unidireccional sino con retroalimentación por parte del receptor de la información, lo que se traduce en dinamismo, participación, construcción. Sin embargo, los esfuerzos judiciales pueden enfocarse en las principales plataformas y programas que pueden tener un efecto relevante debido a sus alcances masivos, con la finalidad de garantizar la equidad de la contienda, siendo éste el principio que debe guiar la intervención y control de los órganos jurisdiccionales electorales. En este sentido, los esfuerzos realizados deben enfocarse, concentrarse, donde los efectos pueden producir situaciones nocivas para el proceso democrático, detectando paulatinamente los focos relevantes de riesgo, los focos rojos o señales de alerta que siempre están ahí y deben tomarse en cuenta, haciendo algo al respecto. No debe olvidarse que al igual que los medios de comunicación tradicionales, el internet y las plataformas de redes sociales, adquieren la responsabilidad especial de evitar la propagación de discursos discriminatorios, de odio, ya que su influencia en la sociedad incide en la opinión pública y genera creencias, que pueden afectar dignidades, personas, familias, profesiones, economía, ya que a pesar de no ser una entidad con contornos definidos, pueden contribuir o propiciar de forma significativa la disminución o aumento de discursos discriminatorios y/o difamatorios, como los que yo viví.
Otro elemento abordado por el Magistrado, es el referente a la veracidad de los mensajes o discursos político electorales en internet, siendo un punto relevante que, aunque los usuarios de internet no encuentran ningún filtro o bloqueo en la expresión de sus ideas en la red, la carga de veracidad no puede dejarse de lado, más aún, cuando se trata de actores políticos fundamentales, como, por ejemplo, partidos políticos o líderes de opinión, no siendo la veracidad un tema inherente solo al periodismo, y aún dentro del mismo, hay sus deshonrosas excepciones. Es preciso recordar que la información en contextos electorales involucra un mensaje de interés público, y por ello, debe distinguirse entre la difusión de hechos y opiniones, no debiendo ser tratados en términos iguales. Los hechos, pueden ser ciertos o falsos, pero las opiniones, son las que quedan fuera del interés al implicar juicios valorativos, sin que puedan ser tomados como criterio de verdad o punto de referencia. En mi caso, se difundieron hechos falsos, junto con opiniones que también lo fueron pues provinieron de una falacia de inicio. Si la premisa es falsa, la conclusión también lo será, cayendo en un sofisma por definición. Por último, existe una relativa evolución en el derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a contemplar las expresiones en internet sujetas a posibles restricciones y las condiciones exigidas para hacerlo. Una primera aproximación propone que se utilice el examen de proporcionalidad para escrutar y definir posibles intromisiones en el ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, queda en el aire la duda de la eficacia de dicho ejercicio para que el hecho de garantizar una libertad de expresión en su dimensión democrática resulte eficaz y no violatoria de otros derechos como la dignidad o el honor. En materia de redes sociales e internet dentro del ámbito político-electoral, estamos en un cambio trascendente, y esto llevará un tiempo de asentamiento e integración con el modelo de comunicación política regulado en nuestra constitución federal y las leyes electorales, de acuerdo con el Ministro Pardo Rebolledo. Asimismo, el vacío legislativo no es algo que deba generar demasiada preocupación ya que garantizar y proteger los derechos democráticos se encuentra atribuida a la jurisdicción electoral y con ello, los desequilibrios producidos por las redes sociales pueden ser revertidos. En este sentido, las nuevas posibilidades que acompañan a la participación de la ciudadanía a través de las plataformas electrónicas deben considerarse de forma seria, lo que conduzca a prepararnos más en materia, para afrontar la problemática de proteger el ejercicio de la libertad de expresión en un universo mucho más amplio y cambiante de lo que podríamos haber imaginado, con el objetivo de facilitar y mantener en equilibrio la equidad de los participantes en contiendas electorales. En perspectiva comparada, cada vez es más frecuente ver a los candidatos haciendo campañas “en línea”, y así fue mayoritariamente en mi caso, debido a las amenazas recibidas y a la falta de orientación acerca de qué hacer al respecto. Me sentí sola, desprotegida por el partido, sin apoyo, y con derechos violentados, cuando lo único que quise al participar, además de vivir una nueva experiencia, era servir de una forma más contundente a la comunidad, pero descubrí que la política partidista no es el medio óptimo para los fines genuinos de servicio social, y a través de mi asociación civil, cumplo hoy en día, con ese propósito. El tema de las redes sociales y la internet suscita diversos y acalorados debates, ya que a través de las redes sociales pueda verse dañada la equidad de una contienda electoral, pero su buen uso, también favorece la participación ciudadana, facilitando un ejercicio armónico de todos los derechos que pueden verse involucrados en una situación virtual.
En conclusión, la importancia del uso de redes en el debate público y la necesidad de intervención de los órganos jurisdiccionales, para evitar abusos y garantizar equidad en las contiendas, es pues, fundamental. Durante los procesos electorales, cada vez es más común utilizar el potencial del internet, como una plataforma pública y de libre expresión de ideas, con fines políticos y electorales. Su fácil uso, neutralidad, pluralismo, inmediatez y efectividad, han convertido a las redes sociales en las mejores herramientas de comunicación social durante los procesos electorales, pero son armas de doble filo, ya que pueden construir o destruir con igual capacidad. Se da un mal uso a las redes sociales e internet, cuando ocurre lo que manifesté a través de mi caso personal, donde se ejemplificó de manera puntual la diseminación de propaganda negativa, difamatoria, injuriosa, repleta de información falsa, omisión de datos, perturbación con lenguaje hiriente, insultos y calumnias, pero también puede incluir el mal uso de estas herramientas, los escándalos reprobables socialmente como los de índole sexual, financiera o de abuso de poder. Lo anterior, pone en riesgo los derechos de terceros, por lo que se refiere al honor, la intimidad, la propia imagen, y, de mayor relevancia aún, pone en riesgo la equidad en la contienda electoral. El quid del asunto o planteamiento central es: si la jurisdicción electoral también debe ser un garante de la libertad de expresión política en medios electrónicos distintos y actuales a los tradicionales de prensa, radio y televisión, como son la internet y las redes sociales, y, en qué medida debe garantizarse un modelo democrático de libertad de expresión sin afectar los derechos de terceros. La respuesta de acuerdo con el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, debe ser afirmativa, por lo que, los órganos competentes del Tribunal Electoral, no pueden llegar a convertirse en órganos censores de lo que se publica en internet, antes y durante las contiendas electorales. Sin embargo, otra perspectiva es que, como parte el aparato estatal, el órgano jurisdiccional, debe tener un papel activo y de dirección pues su función es la de protección de los derechos democráticos, y en ese sentido, los fines de la participación y la representación política, son los motores que deben prevalecer en el conjunto, buscando la armonía y el pleno respeto a los derechos de terceros.
Ésta, no es una tarea simple, ya que deben identificarse las posibles afectaciones o restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, que tengan un cierto efecto nocivo en la neutralidad y normalidad de la contienda, así como proteger los derechos de todos quienes participan, teniendo como eje rector la búsqueda de la armonía, tarea titánica pero no imposible. Debido a ello, las intervenciones de la jurisdicción electoral en la materia, concuerdo con el Ministro Pardo Rebolledo en que deben disuadir de forma expansiva y prospectiva, los comportamientos sistemáticos de propaganda negativa, en las redes sociales. Esta perspectiva es muy similar a la que se adopta en el modelo actual de comunicación política, por lo que la cuestión es si se debe o no poder controlar la propaganda político-electoral en internet, lo cual es para algunos, como tratar de poner “puertas en el campo”, ya que es tan vasto el ámbito de control, que podría convertirse en un esfuerzo utópico, ilusorio e inútil, debido a la rápida difusión y movimiento de información existente. Inclusive, podría ser la propia red, la que orgánicamente controle los excesos y desequilibrios, al ser los mismos usuarios los que otorgan algún tipo de relevancia o no, a los mensajes que les llegan. A diferencia de los medios de comunicación tradicionales, internet es un medio interactivo y participativo, en el que, hasta el momento, no existe un juego de mercado que impida la participación o excluya a los contendientes, en virtud de que todos pueden tener acceso a estas redes. Pese a ello, existe un punto que pudiera generar exclusión, que es la capacidad económica que tienen algunos actores, lo que les permita una difusión mayor de ciertos mensajes y por ende les conceda una posición ventajosa e indebida con respecto a los demás, dándose una situación de inequidad. Por ejemplo, en Facebook se pueden comprar espacios para que el mensaje aparezca en determinado día, hora y a cierto grupo social de características muy específicas, pero no todos tienen el recurso suficiente para invertir en ello, como lo hizo, por ejemplo, Donald Trump, o el actual presidente francés durante su campaña electoral. Por último, es un hecho que la naturaleza de la internet ha cambiado radicalmente la posición de los usuarios ante la información y su impacto, así como la pasividad ciudadana se ha tornado en acción. Éste, es un gran mensaje para la deliberación política. Los ciudadanos y ciudadanas, utilizando el lenguaje inclusivo, podemos participar más activamente y los actores políticos pueden difundir de una manera más efectiva su mensaje, y desde mi punto de vista, nadie debería ser atacado ad hominem sea servidor público, candidato o no lo sea. En materia electoral, la importancia de la libertad de expresión en la contienda es la base misma de la democracia, y en este sentido, puede considerarse necesaria la intervención de las autoridades públicas, a pesar de las diferencias de funcionamiento y reglamentación del internet y las redes sociales, en los casos concretos que así lo ameriten. La internet y las redes sociales, son mecanismos electrónicos que no son un fin en sí mismos, sino un medio, que se justifica en un sistema democrático, coadyuvando al empoderamiento de la ciudadanía. Son, en resumen, un medio valioso y útil, pero ello no debe sacrificar el ejercicio de otros derechos para lograr a toda costa esa finalidad. Hacer lo correcto, es la clave para avanzar con las manos limpias y la conciencia tranquila en esta vida, y vivir el ejercicio de nuestros derechos sin violentar los de otros, es el principio subyacente para la generación de la armonía, cimiento de un verdadero estado de derecho, no como una teoría sino como una realidad vivencial. Que mi experiencia sirva como aprendizaje para miles que quizá hayan pasado por algo similar, y cuyos deseos de participar y construir una mejor sociedad para todos y todas, sea su motor diario.
Referencias
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Bonifaz, L. (2014). La flexibilidad de la Constitución. UNAM. Recuperado el 15 de abril de 2019 de: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/6939/8875
Paoli, F. (2016). Teoría de la Constitución, Constitucionalismo y Poder. Pp. 27-39. Recuperado el 15 de abril de 2019 de: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4426/6.pdf
Pardo, J. (2017). Conferencia Magistral “El control jurisdiccional de las expresiones en redes”. TEPJF Sala Regional Especializada. Recuperado el 15 de abril de 2019 de: https://www.youtube.com/watch?v=DERbbTwMtO4&feature=youtu.be
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