Gracias a la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y a las estrategias que, desde hace 20 años, contempla el Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), la generación de residuos peligrosos en México es de sólo 1.9 millones de toneladas al año.
“De otra suerte, esta cifra sería un 70% mayor; es decir, 1.3 millones de toneladas más por año”, señaló el Subprocurador de Auditoría Ambiental, Ing. Arturo Rodríguez Abitia.
Por su parte, el Subprocurador de Inspección Industrial, Lic. Sergio Herrera Torres, destacó que uno de los problemas ambientales de nuestro país, es el correcto movimiento de los residuos peligrosos, generados por el sector productivo, en especial por la industria manufacturera y extractiva, así como por el comercio.
“Esto en virtud de que sólo existen dos sitios autorizados para la disposición final de los residuos peligrosos: RIMSA (Residuos Industriales Multiquim, S.A.), en Nuevo León; y el CIMARI (Centro Integral de Manejo de Residuos Industriales), en Coahuila.
En este sentido, consideró que falta una mayor infraestructura en todo el territorio nacional.
Como se sabe, las empresas generadoras de estos materiales están obligadas a darles un manejo adecuado y a cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, así como en las diferentes normas oficiales mexicanas.
Ambos funcionarios coincidieron en que la PROFEPA ha jugado un papel importante en la verificación del cumplimiento de todas y cada una de estas disposiciones; su principal preocupación es vigilar el correcto movimiento de los residuos peligrosos, desde su generación, recolección, transporte, acopio, tratamiento, incineración, reciclaje y/o disposición final.
Igualmente, la Procuraduría vigila que estas acciones se realicen a través de las aproximadamente 900 empresas autorizadas por la SEMARNAT, porque de esa forma se evita que la disposición de estos desechos se haga en sitios no autorizados. De lo contrario, podrían afectar la salud humana y los ecosistemas.
Cabe señalar que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha establecido como estrategia no sólo visitar e inspeccionar a las empresas generadoras de residuos peligrosos, sino también a aquéllas que prestan los servicios de recolección, transporte, acopio, tratamiento, incineración, reciclaje y/o disposición final.
El objetivo es darle un adecuado seguimiento a este proceso y corroborar que el volumen de residuos peligrosos generados, sea el mismo que fue recolectado, transportado y dispuesto en sitios autorizados.
Entre los residuos peligrosos figuran los siguientes: aceites lubricantes usados, disolventes orgánicos usados, convertidores catalíticos de vehículos automotores, acumuladores conteniendo plomo, baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio; lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio; aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo; fármacos, plaguicidas y sus envases; compuestos orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados; lodos de perforación base aceite provenientes de la extracción de combustibles fósiles, y lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales cuando sean considerados como peligrosos.
Igualmente, los desechos de clínicas y hospitales, particularmente los que tienen que ver con la sangre, sus componentes y derivados; cepas y cultivos de agentes patógenos; tejidos, órganos y partes removidas en necropsias, cirugías e intervenciones quirúrgicas que no estén contenidos en formol; los residuos punzocortantes utilizados (agujas, navajas de bisturí, lancetas, jeringas) y las muestras biológicas tomadas, entre otros.
