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Fundamental, que gobiernos locales garanticen derechos humanos de mujeres privadas de su libertad

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 La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Laura Martínez González (Morena), propuso exhortar a los gobiernos estatales para que garanticen el respeto de las mujeres privadas de su libertad en los centros penitenciarios del país, ante el gran problema de opresión e invisibilidad que enfrentan.

En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Igualdad de Género, precisó que se han detectado irregularidades como insuficiencia en los servicios; desigualdad en las áreas varonil y femenil; alimentación deficiente; maltrato; sobrepoblación y hacinamiento; autogobierno, cobros y privilegios; inadecuada separación y clasificación, y aplicación discrecional de sanciones disciplinarias.

De acuerdo con un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre Mujeres privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, hay irregularidades que contravienen normas nacionales e internacionales que violan los derechos humanos.

En visitas efectuadas a 77 de los 102 establecimientos penitenciarios que albergan mujeres, el total de anomalías detectadas fue de mil 85, en promedio 14 por ciento. Guerrero se identificó con el índice más alto, principalmente en los centros Regionales de Reinserción Social de Chilpancingo y Acapulco.

Martínez González consideró necesario aplicar medidas específicas en cumplimiento al artículo 18 constitucional, particularmente en lo relativo a la separación de la población de mujeres del varonil; protección de la salud, medidas para prevenir y evitar la violencia de género y las que tienen que ver con la atención especial a los hijos que permanezcan con ellas en los centros penitenciarios.

Es necesario lograr la correcta reinserción social de la mujer privada de su libertad; debe pasar por la reconstrucción de sus lazos familiares, con un eje de desarrollo del núcleo familiar a través del trabajo y la educación.

“Es evidente la urgencia de políticas públicas que tengan mejores posibilidades de educación y de capacitación laboral de las mujeres privadas de su libertad, que restituyan su autoestima y la hagan consciente de su propia dignidad, así como romper el ciclo negativo que comienza con la desintegración familiar y que deriva en mayores índices delictivos”.

La diputada urgió a establecer una estrategia educativa que ayude a abatir el analfabetismo, oportunidades para completar la educación básica y media, capacitación laboral dentro de los centros penitenciarios a efecto de que quien ha compurgado una pena privativa de libertad, esté en condiciones de generar ingresos propios que le permita dar salida a situaciones de violencia familiar y de género.

Deben generarse programas y apoyos de los sectores público y privado, que ofrezcan alternativas de reinserción a la sociedad a las reclusas y las dote de mayor respeto y dignidad como personas.

“Poner a la mujer en el centro de las políticas públicas de reinserción social será sin duda un gran paso para conseguir un Estado garantista de los derechos humanos y constructor de la paz social a través de la educación, el trabajo y protección de familias”, afirmó.