Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Éste es el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, documento normativo histórico elaborado por representantes mundiales en el año de 1948.
La libertad de expresarse sin cortapisas es una prerrogativa indispensable en cualquier Estado de Derecho y constituye la columna vertebral de las garantías de las que gozamos, independientemente de nuestro origen étnico, religioso o racial.
El jurista Miguel Carbonell señala que la verdad es un concepto u objeto que suele ser valorado positivamente en las sociedades contemporáneas. Algunos pensadores le reconocen a la verdad un valor autónomo, mientras que otros la defienden a partir de postulados utilitaristas: la verdad sería algo valioso en la medida que permitiría el progreso de la sociedad y el desarrollo humano; para llegar a descubrir la verdad, hay que dejar que cualquier persona se exprese sobre un cierto tema.
Esta suprema libertad, trasladada hacia el ámbito de la prensa, vive hoy una etapa relevante en su consolidación hacia el dominio público; son un contrapeso fundamental para asegurar la paz social y la libre convivencia de los ciudadanos con sus gobernantes.
Myanmar o Birmania es un país de 54 millones de habitantes situado en el Sudeste asiático, el cual, tras ser dominada por una dictadura militar por casi cuatro décadas, alternó hacia una democracia en el año 2011.
La religión oficial es el budismo –con un 90% de practicantes- pero existen otras creencias minoritarias como el Islam y el cristianismo, ambas con apenas el 4% de arraigo entre los birmanos.
En agosto del 2017 estalló en aquella región un conflicto humanitario: más de 723 mil islamitas de la tribu Rohingya huyeron de Myanmar hacia Bangladesh, desplazados por ataques de la población y tropas paramilitares birmanas, lo cual representa una de las mayores crisis de las últimas décadas.
Un mes después, en septiembre, diez pobladores de la ciudad de Rahkine, fueron detenidos arbitrariamente, torturados y asesinados, posible genocidio que está siendo investigado por la Corte Internacional de la Haya.
Ante estos hechos, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, reporteros miembros de la reconocida agencia internacional de noticias Reuters, documentaron la matanza, entrevistando a decenas de testigos y publicando el reportaje de la masacre.
Esto no pasó desapercibido por las autoridades birmanas, quienes detuvieron a los corresponsales y los encarcelaron bajo los delitos de poseer y/o robar información secreta o clasificada, algo que en aquel país se le conoce como “Official Secret Acts”, una ley que data desde principios del siglo 19, cuando Myanmar era ocupado por los británicos.
Por estos hechos, y tras un juicio sumario, fueron condenados, a siete años de prisión, provocando conmoción en numerosos organismos internacionales y países como Canadá, Australia y Gran Bretaña quienes lo han calificado como una aberración así como un ataque a la libertad de prensa.
Inclusive, el vicepresidente estadounidense Mike Pence se ha pronunciado ante el presidente birmano Wyn Mynt para que reconsidere tal sentencia, la vida de estos jóvenes corre un grave peligro y lo más importante, sería un retroceso ante los ojos de la comunidad internacional.
Aunque este suceso ocurre a miles de kilómetros de distancia, en México, solamente en lo que va del año, 65 reporteros han sido asesinados por cumplir su labor periodística y más de 1,000 en los últimos 15 años, según cifras del organismo Reporteros Sin Fronteras.
Los niveles de peligrosidad para estos profesionistas son equiparables a trabajar en países en guerra, como Siria, Irak o Afganistán. Es inadmisible para un país donde nos caracterizamos por ser ciudadanos de paz.
Estos periodistas buscan permanentemente encontrar la verdad y combatir la injusticia; sus investigaciones y tenacidad han desenmascarado muchos actos deleznables de las jerarquías del poder.
Debemos dignificar su vocación, ese llamado de poner en riesgo muchas veces su integridad para mantener informada a su audiencia, el valor detrás de un micrófono, una cámara de televisión o una pluma.
La libertad de expresión nos permite un crecimiento personal basado en la información, porque estos conocimientos guían nuestra propia existencia. Tenemos que defender esta cualidad que nos hace ser más libres, más preparados y sobre todo, más felices.
Columna de la Maestra en Derecho Jessica Saidén Quiroz
