La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó la aprobación de un mecanismo de residencia permanente por arraigo y una iniciativa legislativa para reconocer la nacionalidad uruguaya a ciudadanos naturales y legales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció las recientes medidas adoptadas por Uruguay para fortalecer la protección de las personas migrantes y garantizar los derechos de quienes enfrentan dificultades relacionadas con su situación de residencia o nacionalidad.
En un pronunciamiento fechado el 30 de octubre de 2026, el organismo destacó la aprobación del Decreto 231, del 8 de octubre, que establece un mecanismo especial para acceder a la residencia permanente por arraigo. También valoró la presentación de un proyecto de ley interpretativa de la Constitución que busca reconocer como nacionales uruguayos tanto a los ciudadanos naturales como a los legales.
La CIDH consideró que ambas iniciativas representan avances en la protección de las personas en contexto de movilidad humana y exhortó al Estado uruguayo a mantener los esfuerzos para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.
Residencia permanente mediante arraigo
El Decreto 231 establece condiciones para que determinadas personas extranjeras puedan acceder a la residencia permanente en Uruguay. El mecanismo está dirigido a quienes ingresaron al país antes del 1 de enero de 2026 y se encuentran en alguno de los supuestos previstos en la disposición.
Entre las personas contempladas están quienes solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiadas y manifiesten expresamente su voluntad de renunciar a ese procedimiento para acogerse al mecanismo de regularización. También podrán acceder quienes hayan recibido una resolución firme que deniegue su solicitud de asilo, siempre que cumplan los demás requisitos establecidos en la normativa.
Al respecto, la Comisión subrayó que la implementación del programa debe garantizar que la decisión de renunciar a una solicitud de protección internacional no implique poner en riesgo las necesidades de quienes buscan refugio. En particular, pidió preservar el principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un territorio donde su vida, libertad o integridad puedan estar amenazadas.
Reconocimiento de la nacionalidad uruguaya
El segundo avance destacado por la CIDH corresponde al proyecto de ley interpretativa enviado al Parlamento, cuyo propósito es resolver las dificultades jurídicas relacionadas con las categorías de ciudadanía natural y ciudadanía legal previstas en la Constitución uruguaya.
La iniciativa plantea reconocer como nacionales de Uruguay a las personas pertenecientes a ambas categorías. Asimismo, contempla que niñas, niños y adolescentes puedan acceder a la carta de ciudadanía mediante la intervención de sus representantes legales.
La propuesta busca atender los obstáculos que enfrentan las personas con ciudadanía legal para obtener el reconocimiento de su nacionalidad y ejercer plenamente los derechos asociados a esa condición. Por ello, la CIDH alentó a las autoridades legislativas a analizar el proyecto desde una perspectiva de derechos humanos y avanzar en su aprobación.
La nacionalidad y la regularización como derechos fundamentales
La Comisión recordó que sus principios interamericanos sobre los derechos de las personas en movilidad humana destacan la importancia de facilitar la regularización migratoria. La falta de documentación puede generar condiciones de vulnerabilidad, entre ellas dificultades para acceder a empleos formales y una mayor exposición a situaciones de explotación laboral.
Asimismo, el organismo señaló que la nacionalidad constituye un derecho fundamental y que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir la apatridia, es decir, la situación de quienes no son reconocidos como nacionales por ningún país.
Aunque los Estados conservan la facultad de establecer sus propias reglas para determinar quiénes son sus nacionales, esa competencia debe ejercerse respetando los derechos humanos y el principio de no discriminación de todas las personas bajo su jurisdicción.
La CIDH también vinculó las medidas uruguayas con los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de protección de personas refugiadas, así como con los principios de la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles.
Finalmente, el organismo felicitó a Uruguay por las disposiciones aprobadas y llamó a garantizar su aplicación efectiva. También insistió en que los mecanismos de regularización deben ofrecer seguridad jurídica sin comprometer el acceso a la protección internacional ni los derechos de las personas beneficiarias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de promover y defender los derechos humanos en el continente. Está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la organización, quienes ejercen sus funciones a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.
