Los países en desarrollo necesitarán alrededor de 305.000 millones de dólares anuales para enfrentar los efectos del cambio climático de aquí a 2035. Sin embargo, los recursos públicos internacionales destinados a este propósito apenas superaron los 31.000 millones en 2024, una diferencia que evidencia la insuficiencia de los compromisos financieros actuales.
La capacidad de las naciones para enfrentar inundaciones, sequías, temperaturas extremas y otros fenómenos asociados al calentamiento global continúa limitada por la falta de recursos. Así lo advierte el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en su Informe sobre la Brecha de Adaptación 2026, publicado este 4 de noviembre, en el que señala que la financiación internacional destinada a los países en desarrollo permanece muy por debajo de lo necesario para proteger a sus poblaciones y economías.
El organismo estima que estas naciones requerirán aproximadamente 305.000 millones de dólares cada año para 2035 con el propósito de fortalecer su resiliencia y reducir los riesgos climáticos. No obstante, los flujos de financiación pública internacional procedentes de países desarrollados se situaron entre 28.200 y 31.700 millones de dólares durante 2024.
La distancia entre ambas cantidades resulta considerable. Incluso si se cumple el compromiso internacional de triplicar los recursos destinados a la adaptación, la financiación disponible cubriría apenas entre el 20 y el 29 % de las necesidades estimadas. En otras palabras, más del 70 % de los recursos necesarios seguiría sin estar garantizado.
Ante este panorama, la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, advirtió que el mundo no está preparado para adaptarse siquiera a las condiciones climáticas actuales, mucho menos a los efectos de un calentamiento que supere el umbral de 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales.
La financiación internacional pierde impulso
Uno de los aspectos que más preocupa al organismo es el estancamiento en el crecimiento de los recursos. Durante 2024, la financiación pública internacional para la adaptación aumentó apenas alrededor de 1.000 millones de dólares respecto del año anterior. Este avance resulta insuficiente frente al incremento de los riesgos climáticos y las necesidades de los países con menor capacidad económica.
Además, la estimación de 305.000 millones de dólares no contempla plenamente las necesidades de adaptación del sector privado. De acuerdo con el informe, al incorporar estas demandas, el costo total podría acercarse al doble de la cifra calculada inicialmente.
El PNUMA también advierte que los recursos destinados a los países menos adelantados y a los pequeños Estados insulares, particularmente expuestos a los efectos del cambio climático, han mostrado avances respecto de 2019, aunque disminuyeron frente al máximo registrado en 2022. Se trata de territorios donde el aumento del nivel del mar, las tormentas y las alteraciones en los patrones de lluvia representan amenazas directas para la infraestructura, la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia.
La COP31 bajo presión para ampliar los compromisos
La publicación del informe antecede a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP31, que se celebrará en Antalya, Turquía. En este encuentro, la financiación para la adaptación será uno de los asuntos centrales, especialmente después del compromiso adoptado en la COP30, celebrada en Brasil, de impulsar la triplicación de los recursos internacionales destinados a este propósito para 2035.
La iniciativa quedó vinculada al denominado Mutirão Global, una expresión de origen portugués asociada al trabajo colectivo y que representa el esfuerzo conjunto de los países frente a la crisis climática. Sin embargo, el PNUMA considera que alcanzar esa meta no resolverá por sí solo el problema: será necesario ampliar todavía más los recursos para responder a las necesidades reales de las comunidades vulnerables.
El organismo también recuerda que el Pacto Climático de Glasgow, acordado en 2021, estableció el objetivo de duplicar la financiación para la adaptación respecto de los niveles de 2019, hasta alcanzar los 40.000 millones de dólares anuales en 2025. Según el informe, esta meta todavía podría cumplirse, en parte por el aumento previsto de los recursos aportados por los bancos multilaterales de desarrollo.
Otro avance se observa en la cooperación financiera entre países en desarrollo. Los recursos canalizados mediante bancos multilaterales y mecanismos de cooperación Sur-Sur pasaron de 3.800 millones de dólares en 2019 a 9.600 millones en 2024. Aunque este crecimiento representa una señal positiva, todavía está lejos de compensar la brecha financiera.
Adaptarse también exige instituciones sólidas
El informe advierte que disponer de mayores presupuestos no garantiza, por sí mismo, una respuesta eficaz. También es necesario fortalecer las instituciones responsables de planificar y ejecutar las medidas de adaptación, mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y facilitar el acceso de las comunidades a los recursos disponibles.
Entre las prioridades se encuentran desarrollar infraestructura resistente a fenómenos extremos, proteger las fuentes de agua, mejorar los sistemas agrícolas y establecer mecanismos de prevención ante inundaciones, sequías y otros riesgos. Estas acciones requieren planificación de largo plazo, asistencia técnica y transferencia de tecnología, además de financiación suficiente.
Asimismo, el PNUMA señala que las pérdidas y los daños relacionados con el clima continúan aumentando, mientras que los mecanismos de apoyo destinados a atenderlos siguen siendo insuficientes. Como ejemplo, el primer ciclo de solicitudes del Fondo para Responder a las Pérdidas y los Daños registró peticiones por 2.800 millones de dólares, frente a una disponibilidad inicial de apenas 342 millones.
La advertencia del organismo apunta a un desafío que trasciende las negociaciones internacionales: mientras los efectos del calentamiento global se intensifican, millones de personas viven en territorios con recursos limitados para proteger sus hogares, actividades económicas y servicios esenciales. La adaptación climática requiere compromisos financieros verificables, instituciones capaces de ejecutarlos y una cooperación internacional que responda a la dimensión del problema.
