La Comisión Interamericana de Derechos Humanos busca recibir propuestas de Estados, víctimas, organizaciones, academia y sociedad civil para mejorar la transparencia, previsibilidad y efectividad de una etapa decisiva en el trámite de casos ante el sistema interamericano.
Washington, D.C.— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió este 28 de agosto una consulta pública dirigida a Estados, organizaciones de derechos humanos, víctimas, instituciones académicas y cualquier persona o entidad interesada en aportar propuestas para fortalecer la gestión de los casos que se encuentran en la denominada etapa de transición.
La iniciativa forma parte de la segunda edición del ciclo de eventos “Reflexiones y experiencias para una justicia oportuna en la CIDH”, un proceso mediante el cual el organismo busca recoger experiencias y buenas prácticas para mejorar el acceso a la justicia interamericana. La Comisión ha señalado que esta nueva edición pone especial atención en los métodos para gestionar grandes volúmenes de casos, el uso de tecnología para enfrentar el atraso procesal y los desafíos propios de la etapa de transición.
El planteamiento no es menor. Esta fase se desarrolla después de que la CIDH adopta y notifica un informe de fondo y antes de que determine si el asunto será llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o si corresponde avanzar hacia la publicación del informe y su seguimiento.
De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Reglamento de la Comisión, cuando se trata de Estados que han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, la CIDH dispone de un plazo para someter el caso al tribunal. Sin embargo, ese periodo puede suspenderse y prorrogarse bajo determinadas condiciones cuando el Estado demuestra voluntad y capacidad para cumplir las recomendaciones y acepta expresamente la suspensión.
En la práctica, esta posibilidad ha convertido la etapa de transición en un espacio de diálogo y seguimiento en el que se evalúa el cumplimiento de las recomendaciones formuladas a los Estados. Para las víctimas, se trata de una fase especialmente sensible, porque de su evolución puede depender que un caso llegue a la Corte Interamericana o avance mediante mecanismos de cumplimiento y reparación.
La propia CIDH reconoce que el crecimiento de su productividad en la adopción de informes de fondo también ha incrementado el número de asuntos que atraviesan esta etapa. Según el Informe Anual 2025 de la Comisión, durante ese año se adoptaron 491 decisiones relacionadas con el envío de casos a la Corte o con el otorgamiento de prórrogas para el cumplimiento de informes de fondo.
El mismo informe señala que la CIDH sometió 33 casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana durante 2025. Además, decidió no enviar ocho casos al tribunal debido a avances sustantivos en el cumplimiento de las recomendaciones y optó por su publicación y seguimiento.
Estos datos ayudan a dimensionar el reto. La etapa de transición ya no representa únicamente un momento administrativo dentro del procedimiento: se ha convertido en un punto estratégico para determinar cómo se concreta el acceso a la justicia y qué camino seguirá cada caso.
La Comisión informó que en los últimos años ha reforzado las herramientas utilizadas durante esta fase, entre ellas reuniones de trabajo, notas técnicas sobre el alcance de las recomendaciones y seguimiento de los asuntos durante los periodos de prórroga. Ahora busca sistematizar esas prácticas y recibir propuestas externas que permitan hacer más comprensible y previsible el funcionamiento de esta etapa.
El proceso tiene como antecedente la decisión adoptada por la CIDH durante su 194.º periodo de sesiones, celebrado en noviembre de 2025, cuando acordó iniciar en 2026 un trabajo orientado a sistematizar, difundir y fortalecer las prácticas empleadas en la gestión de casos en transición.
La consulta permanecerá abierta hasta la medianoche del 28 de octubre de 2026, hora de Washington, D.C. Las aportaciones podrán presentarse en español, inglés, portugués o francés y podrán abordar todos los puntos planteados en el cuestionario o únicamente aquellos que resulten pertinentes para cada participante.
La Comisión informó que, una vez concluido el periodo de participación, sistematizará las respuestas y las utilizará como insumo para definir medidas destinadas a mejorar la transparencia y la gestión de los casos en esta fase.
La convocatoria ocurre mientras la CIDH continúa impulsando una reducción del atraso procesal que históricamente ha afectado al sistema interamericano. En julio pasado, el organismo informó que al cierre de 2025 había reducido en 51 % el total de asuntos pendientes respecto de 2018, hasta alcanzar 5,764 casos y peticiones.
Según la CIDH, los avances recientes muestran que aumentar la capacidad para procesar asuntos debe ir acompañado de mecanismos que permitan atender adecuadamente las etapas posteriores. Y es que una justicia más rápida pierde buena parte de su sentido si las decisiones y recomendaciones no encuentran mecanismos claros para avanzar hacia su cumplimiento.
La consulta pública busca precisamente abrir ese espacio de reflexión. La participación de víctimas, Estados, organizaciones y especialistas permitirá a la Comisión conocer desde distintas perspectivas qué funciona, qué obstáculos persisten y qué cambios podrían hacer más transparente y efectivo el camino de los casos dentro del sistema interamericano.
