En su primer encuentro con las autoridades peruanas, el pontífice apeló a la memoria, la escucha ciudadana y la responsabilidad del servicio público. También puso sobre la mesa asuntos que suelen quedar relegados en los discursos políticos: salud accesible, educación, empleo juvenil, protección de las mujeres y dignidad de las familias.
El regreso del papa León XIV a Perú tiene una dimensión que difícilmente puede reducirse a una visita protocolaria. El país que lo recibió el 11 de noviembre de 2026 no es solamente el territorio donde desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral; es también una sociedad marcada por profundas fracturas políticas, desigualdades persistentes y heridas históricas que todavía condicionan su convivencia.
Ante la presidenta Keiko Fujimori, autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, el pontífice pronunció un discurso en el Gran Teatro Nacional de Lima que combinó referencias personales con una serie de planteamientos sobre democracia, reconciliación, violencia, salud, educación y desarrollo social.
«Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes», expresó al recordar los años que vivió en Perú. La frase sintetizó el vínculo que mantiene con el país desde que llegó como misionero en 1985 y que se consolidó durante su trabajo pastoral en Chulucanas, Trujillo y Chiclayo. En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana y, desde entonces, su relación con esta sociedad adquirió también una dimensión jurídica y ciudadana.
El Vaticano informó que las autoridades locales estimaron en aproximadamente tres millones el número de personas que acudieron a recibirlo durante su llegada a Lima. Más allá de la magnitud del recibimiento, el contenido de su primer discurso ante las instituciones peruanas merece atención por los temas que decidió colocar en el centro de la conversación pública.
Reconciliación sin borrar la memoria histórica
Uno de los pasajes más relevantes fue su referencia a los episodios dolorosos que han marcado la historia reciente del Perú. León XIV no mencionó directamente a Alberto Fujimori, a Sendero Luminoso ni al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Tampoco pidió expresamente a la actual presidenta que ofreciera disculpas. Su planteamiento fue más general, pero no por ello menos significativo: sostuvo que los acontecimientos del pasado deben tratarse con justicia y sensibilidad, de manera que sea posible avanzar hacia la concordia sin convertir las diferencias en motivos de confrontación permanente.
La precisión importa porque la reconciliación no puede construirse sobre interpretaciones que omitan responsabilidades o pretendan cerrar capítulos sin esclarecerlos. Perú vivió entre 1980 y 2000 un conflicto armado interno que dejó una profunda fractura social. La Comisión de la Verdad y Reconciliación estimó en 69 mil 280 el número más probable de víctimas fatales y documentó responsabilidades de organizaciones subversivas y agentes del Estado.
En sus conclusiones, la Comisión atribuyó a Sendero Luminoso el 54 por ciento de las víctimas fatales reportadas. También documentó graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales durante la respuesta contrainsurgente. Por ello, reducir aquel periodo a una confrontación entre buenos y malos, o utilizarlo para justificar indiscriminadamente cualquier actuación del poder público, impide comprender la dimensión real de lo ocurrido.
La historia de Alberto Fujimori forma parte de ese debate. Su gobierno encabezó la estrategia estatal contra las organizaciones subversivas, pero también estuvo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y por el deterioro de las instituciones democráticas. La reconciliación nacional exige reconocer tanto los crímenes cometidos por los grupos armados como los abusos perpetrados desde el aparato estatal. No existe una memoria democrática que pueda construirse seleccionando únicamente a las víctimas que resultan políticamente convenientes.
En este contexto, el llamado de León XIV a tratar el pasado con justicia y sensibilidad apunta a una cuestión fundamental: la concordia no equivale al olvido. Una sociedad puede aspirar a superar sus divisiones, pero no debería hacerlo a costa de silenciar a quienes todavía reclaman verdad, justicia y reconocimiento.
Escuchar a la ciudadanía y recuperar la confianza institucional
El pontífice también dirigió un mensaje a quienes ejercen responsabilidades públicas. Recordó que la política debe orientarse al bien común y que las instituciones democráticas tienen la obligación de escuchar a quienes viven lejos de los centros donde se toman las decisiones.
«Detrás de expedientes, de trámites ordinarios o del abstracto número del censo nacional, hay rostros concretos que aguardan respuestas», señaló. Con esta reflexión, León XIV colocó en el centro del debate una de las debilidades más frecuentes de los sistemas políticos: la distancia entre las decisiones gubernamentales y las necesidades cotidianas de la población.
Su exhortación a cultivar la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro adquiere especial relevancia en sociedades donde la polarización deteriora la confianza pública. Las diferencias ideológicas son parte natural de la democracia; el problema comienza cuando se convierten en una justificación para descalificar al adversario, bloquear las instituciones o abandonar la búsqueda de soluciones compartidas.
El Papa no planteó que todos deban pensar igual. Por el contrario, recordó que una democracia reúne a personas con convicciones y aspiraciones distintas, pero unidas por la responsabilidad de construir un destino común. El desafío consiste en conseguir que las instituciones funcionen como espacios de deliberación y resolución de conflictos, no como instrumentos de confrontación permanente.
La paz también significa vivir sin miedo y tener servicios públicos dignos
Otro de los ejes del discurso fue la violencia criminal, una preocupación que afecta a numerosas sociedades latinoamericanas. León XIV evitó reducir la seguridad a una cuestión exclusivamente policial y recordó que, para una familia, la paz tiene un significado concreto: poder salir a trabajar sin temor, cuidar de sus hijos y regresar a casa con tranquilidad.
La reflexión tiene una dimensión social importante. La seguridad no se mide únicamente por el número de operativos o por la severidad de las penas, sino también por la capacidad del Estado para proteger la vida, garantizar el acceso a la justicia y evitar que las personas queden a merced de la violencia. El derecho y las instituciones deben ser instrumentos de protección, no simples respuestas posteriores a las tragedias.
El pontífice amplió esa perspectiva al referirse a las condiciones materiales que hacen posible una vida digna. Reconoció el trabajo de agricultores, pescadores, pequeños comerciantes y trabajadores urbanos, y sostuvo que el desarrollo debe atender tanto el bienestar material como las necesidades culturales, morales y espirituales de las personas.
En materia de salud, su mensaje fue particularmente directo. Pidió a las autoridades facilitar servicios médicos accesibles y fortalecer la medicina preventiva. También recordó a los adultos mayores, las personas con discapacidad y quienes enfrentan problemas de salud mental, así como a las familias que asumen tareas de cuidado sin contar necesariamente con apoyos suficientes.
La atención sanitaria, desde esta perspectiva, no puede entenderse como un beneficio reservado a quienes tienen recursos económicos. Cuando una persona enferma, toda su familia puede quedar afectada por los gastos, la pérdida de ingresos y la carga física y emocional del cuidado. Por eso, la responsabilidad pública no termina en abrir hospitales: también implica garantizar atención oportuna, prevención y acompañamiento.
Educación, empleo juvenil y dignidad de las mujeres
León XIV dedicó una parte de su intervención a la educación y reconoció el trabajo de los maestros que, en las distintas regiones del país, acompañan a sus alumnos en el descubrimiento del conocimiento y de su propia identidad cultural. Sin embargo, añadió una observación que rebasa el ámbito escolar: los horizontes que se abren en las aulas necesitan encontrar después oportunidades reales.
El planteamiento conecta educación y empleo. No basta con ampliar la matrícula o mejorar los programas escolares si los jóvenes, al terminar sus estudios, encuentran un mercado laboral incapaz de ofrecerles condiciones dignas para desarrollar sus capacidades. La formación debe traducirse en oportunidades concretas y en posibilidades de participación social.
El Papa también reconoció el papel de las mujeres que sostienen comedores populares y ollas comunes, así como de aquellas que contribuyen al país desde sus profesiones y responsabilidades públicas. Su exhortación fue que puedan desarrollar libremente sus capacidades, participar plenamente en sus comunidades y vivir libres de violencia y explotación.
Este reconocimiento no es menor. En buena parte de América Latina, las redes comunitarias de alimentación y cuidado descansan sobre el trabajo de mujeres que, con frecuencia, realizan estas tareas sin remuneración suficiente ni respaldo institucional. La solidaridad vecinal resulta indispensable, pero no debe convertirse en una excusa para que el Estado se desentienda de sus obligaciones.
Desarrollo, medio ambiente e inteligencia artificial
El discurso también abordó asuntos que suelen aparecer separados de la discusión sobre reconciliación, pero que forman parte de las condiciones necesarias para la convivencia. León XIV se refirió al aprovechamiento de los recursos naturales en la Amazonía, los Andes y el litoral peruano, y advirtió que actividades como la agricultura, la pesca y la minería deben desarrollarse con respeto al medio ambiente y a las comunidades que dependen de esos territorios.
Asimismo, dedicó un apartado a la ciencia y la tecnología. Reconoció que la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la atención sanitaria, ampliar las oportunidades educativas y transformar las formas de trabajo y comunicación. Sin embargo, advirtió que su desarrollo necesita discernimiento, orientación hacia el bien común y garantías jurídicas para prevenir abusos.
El señalamiento resulta pertinente en una etapa en la que la innovación tecnológica avanza con mayor rapidez que las capacidades regulatorias de muchos gobiernos. La incorporación de nuevas herramientas no debería medirse únicamente por su eficiencia o rentabilidad, sino también por sus efectos sobre la dignidad humana, la privacidad, el empleo y la igualdad de oportunidades.
Un mensaje religioso frente a responsabilidades políticas concretas
La presidenta Keiko Fujimori también colocó la reconciliación nacional en el centro de su intervención. Sostuvo que Perú no puede vivir prisionero de sus heridas y llamó a resolver las diferencias mediante el debate y las instituciones democráticas. Además, vinculó la reconciliación con la reducción de la pobreza, el cierre de brechas y la generación de prosperidad compartida.
La coincidencia entre ambos discursos fue evidente en la necesidad de superar la desconfianza y construir espacios de encuentro. Sin embargo, las palabras pronunciadas en una ceremonia oficial deben medirse también por su traducción en decisiones públicas. La reconciliación no se decreta desde un escenario ni se alcanza mediante una declaración de buenas intenciones: requiere políticas que atiendan las desigualdades, instituciones confiables, respeto a los derechos humanos y disposición a reconocer las responsabilidades del pasado.
La visita de León XIV ofrece a Perú una oportunidad para reflexionar sobre esas tareas pendientes. Su vínculo personal con el país explica la emoción de su regreso, pero el contenido de su mensaje trasciende la dimensión afectiva y religiosa. Habló de justicia, educación, salud, empleo, violencia, medio ambiente y tecnología porque la paz también depende de las condiciones en las que vive la población.
Al final, la reconciliación no consiste en exigir que las víctimas olviden ni en pedir que las diferencias desaparezcan. Consiste en construir una sociedad donde la verdad no sea motivo de persecución, donde la justicia no dependa de la posición política de quien la reclama y donde el Estado responda a las necesidades de las personas. Ese es el desafío que permanece para Perú y para buena parte de América Latina: convertir los discursos sobre unidad en instituciones capaces de garantizar dignidad y derechos.
