Un informe de Naciones Unidas documentó 1,167 personas asesinadas y 459 heridas entre julio y septiembre de 2026. Las pandillas concentran más del 45 % de las víctimas, pero las operaciones de seguridad también generan graves cuestionamientos por el uso de fuerza letal, los ataques con drones y las denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
Haití continúa atrapado en una espiral de violencia que amenaza la vida cotidiana de millones de personas y debilita todavía más la capacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia. Entre julio y septiembre de 2026, al menos 1,167 personas fueron asesinadas y otras 459 resultaron heridas, de acuerdo con el más reciente informe trimestral de derechos humanos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), publicado el 11 de noviembre.
Las cifras describen una crisis que ya no puede explicarse únicamente por los enfrentamientos entre pandillas. El documento registra asesinatos selectivos, masacres, secuestros, violencia sexual, reclutamiento forzado de menores y abusos cometidos durante operaciones de las fuerzas de seguridad. La violencia se mantiene en el área metropolitana de Puerto Príncipe y se ha extendido a departamentos como Artibonito y el Sureste, donde algunas localidades que antes habían permanecido relativamente al margen de la presencia de grupos armados también han sufrido ataques.
El responsable de la BINUH, Carlos Ruiz Massieu, advirtió que la magnitud de las masacres documentadas, particularmente en Kenscoff y otras localidades, demuestra la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de protección de la población y restablecer la presencia del Estado en las zonas donde las autoridades han conseguido recuperar el control territorial.
La violencia no procede únicamente de las pandillas
Uno de los datos más relevantes del informe es la distribución de las víctimas según los responsables de los hechos. Naciones Unidas atribuye más del 45 % de las personas asesinadas o heridas a las pandillas. Alrededor del 5 % corresponde a grupos de autodefensa que atacaron a integrantes de esas organizaciones y a personas sospechosas de colaborar con ellas.
Sin embargo, más de la mitad de las muertes y lesiones documentadas ocurrió durante operaciones terrestres o aéreas de las fuerzas de seguridad contra las pandillas. Algunas de estas intervenciones contaron con el apoyo de una empresa militar privada que utilizó drones. El señalamiento resulta especialmente delicado porque más del 16 % de las víctimas de esas operaciones no tenía vínculos identificados con las organizaciones criminales.
La ONU también documentó ataques con drones explosivos que dejaron al menos cuatro personas muertas, entre ellas dos niños, y otras diez heridas. Estos episodios ponen de manifiesto los riesgos que enfrenta la población civil cuando las operaciones de seguridad recurren a tecnologías de ataque en zonas habitadas.
El informe registró, además, 44 casos de ejecuciones extrajudiciales e intentos de ejecución extrajudicial en los que estuvieron implicados integrantes de la Policía Nacional de Haití. La cifra contrasta con los 14 casos documentados durante el trimestre anterior. Aunque el número de víctimas de estos hechos en los primeros nueve meses de 2026 fue casi la mitad del registrado durante el mismo periodo de 2025, el incremento trimestral obliga a mantener la vigilancia sobre la conducta de las fuerzas estatales.
La precisión es fundamental: combatir a las pandillas no exime a las autoridades de cumplir las normas internacionales de derechos humanos. El Estado tiene la obligación de proteger a la población, pero también de investigar los abusos cometidos por sus propios agentes. La seguridad no puede construirse mediante prácticas que reproduzcan la violencia que se pretende combatir.
Masacres, decapitaciones y ataques contra comunidades
El informe recoge episodios de extrema violencia que ilustran el deterioro de las condiciones de seguridad. A comienzos de agosto, integrantes de pandillas decapitaron al menos a 19 personas en el barrio de Cité Soleil, entre ellas 12 mujeres de edad avanzada.
En Kenscoff, localidad situada en las proximidades de Puerto Príncipe, dos ataques perpetrados en julio y agosto dejaron al menos 105 personas muertas, incluidos 19 niños. Más de 36 víctimas fueron asesinadas a tiros en el patio de una iglesia protestante. La agresión muestra que los espacios de culto y las comunidades religiosas tampoco están a salvo de la expansión de los grupos armados.
También se registraron ataques en Saint-Michel-de-l’Attalaye, en el departamento de Artibonito, y en Marigot, en el Sureste. Se trata de localidades que hasta entonces habían sufrido en menor medida la infiltración de las pandillas. Su incorporación al mapa de la violencia confirma la capacidad de estos grupos para extender sus operaciones más allá de los barrios que tradicionalmente han mantenido bajo su control.
En Puerto Príncipe, las organizaciones criminales continuaron imponiendo reglas en los territorios dominados, cobrando extorsiones y asesinando a quienes se negaban a obedecerlas. También perpetraron homicidios selectivos como represalia por operaciones de seguridad y contra personas que denunciaron intentos de interferencia de los líderes de las pandillas en el proceso electoral.
El informe advierte que grupos armados expulsados anteriormente de barrios como Bel Air y La Saline consiguieron recuperar gradualmente su presencia en esas zonas. La recuperación territorial por parte de las pandillas demuestra que las operaciones de seguridad, cuando no van acompañadas de instituciones, servicios públicos y protección sostenida, pueden producir resultados temporales.
Secuestros y violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes
La crisis también tiene una dimensión especialmente grave para las mujeres y los menores de edad. Entre julio y septiembre se documentaron al menos 137 secuestros con fines de extorsión y cobro de rescates, frente a 81 durante el trimestre anterior. Los niños representaron el 10 % de las víctimas.
La violencia sexual alcanzó niveles alarmantes. La BINUH registró 344 víctimas de agresiones sexuales perpetradas por integrantes de pandillas, con edades que iban de los ocho a los 75 años. En el 77 % de los casos documentados se trató de violaciones en grupo.
Estas cifras representan mucho más que una estadística de criminalidad. Detrás de cada caso hay personas sometidas a violencia física y psicológica, familias que enfrentan miedo y comunidades donde la posibilidad de denunciar puede convertirse en otro riesgo. La impunidad y la falta de servicios especializados agravan las consecuencias para quienes sobreviven a estas agresiones.
Las pandillas también mantienen prácticas de reclutamiento y explotación de menores. En agosto, al menos 32 niños de entre 14 y 16 años, reclutados por la fuerza por una organización criminal, murieron durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la comuna de Gressier.
El reclutamiento infantil refleja una de las expresiones más graves del colapso social haitiano. Los menores son incorporados a estructuras armadas que los exponen a enfrentamientos, actividades delictivas y distintas formas de explotación. La falta de protección, la pobreza, la interrupción de la educación y la ausencia de alternativas para las familias crean condiciones que los grupos criminales aprovechan para ampliar sus filas.
Una fuerza internacional que todavía enfrenta el desafío de desplegarse por completo
Ante el deterioro de la seguridad, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó la creación de la Fuerza de Represión de las Bandas, una estructura multinacional destinada a apoyar las operaciones contra las organizaciones armadas y fortalecer la capacidad de las autoridades haitianas.
El 29 de septiembre de 2026, mediante la Resolución 2829, el Consejo de Seguridad prorrogó su mandato hasta el 31 de marzo de 2027 y solicitó mantener el apoyo logístico y operativo de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití. La fuerza ha recibido nuevos contingentes, pero su despliegue y capacidad operativa todavía se encuentran en proceso de ampliación.
La decisión internacional responde a una necesidad urgente, aunque también plantea interrogantes sobre los alcances y límites de una estrategia centrada en la seguridad. La experiencia haitiana ha demostrado que recuperar calles y barrios mediante operaciones armadas no garantiza, por sí solo, que la población pueda vivir sin miedo. Se necesita reconstruir la autoridad institucional, restablecer los servicios básicos, recuperar escuelas y centros de salud, y ofrecer alternativas a los jóvenes que están expuestos al reclutamiento criminal.
La propia BINUH insiste en que las operaciones contra las pandillas deben cumplir plenamente el derecho internacional de los derechos humanos y que cualquier denuncia de violaciones debe investigarse. La presencia internacional no puede sustituir indefinidamente la responsabilidad de las instituciones haitianas ni convertirse en una autorización para actuar sin controles.
El desafío de recuperar el Estado y proteger a la población
El informe de Naciones Unidas plantea la necesidad de fortalecer la asistencia a las víctimas, especialmente a quienes han sufrido violencia sexual, y acelerar los programas de prevención del reclutamiento infantil, desarme, desmantelamiento de estructuras armadas y reintegración social. También reclama a la comunidad internacional que mantenga su compromiso con Haití y contribuya a completar el despliegue de la fuerza multinacional.
La crisis, sin embargo, no puede resolverse exclusivamente con más efectivos o armamento. La debilidad institucional, la circulación ilícita de armas y municiones, la impunidad y la precariedad de los servicios públicos forman parte de un problema estructural que exige respuestas simultáneas. Sin justicia, educación, atención sanitaria y oportunidades económicas, las organizaciones criminales seguirán encontrando espacios para ejercer control sobre comunidades enteras.
Haití enfrenta una paradoja dolorosa: las fuerzas de seguridad intentan recuperar territorios mientras la población continúa expuesta a los ataques de las pandillas y a los riesgos de las propias operaciones destinadas a combatirlas. En medio de esa disputa, mujeres, niños, adultos mayores y familias desplazadas soportan las consecuencias más graves.
Más de mil asesinatos en apenas tres meses no son solamente el indicador de una crisis de seguridad. Son la evidencia de una sociedad en la que el derecho a vivir, desplazarse, estudiar, trabajar y acudir a un espacio religioso depende cada vez más de condiciones que el Estado todavía no consigue garantizar.
La comunidad internacional tiene una responsabilidad importante, pero la salida duradera exige reconstruir instituciones capaces de proteger a la ciudadanía y someter a la ley tanto a los grupos armados como a los agentes estatales. Mientras esa tarea siga pendiente, las cifras trimestrales continuarán describiendo una tragedia que no puede normalizarse.
