La falta de recursos para enfrentar el cambio climático volvió a ocupar el centro de las negociaciones de la COP31, celebrada en Antalya, Turquía. Mientras los países vulnerables reclaman que las economías más contaminantes asuman una mayor responsabilidad financiera, Naciones Unidas advierte que incluso triplicar los fondos destinados a la adaptación cubriría menos de un tercio de las necesidades. La discusión ya no se limita a cuánto dinero se promete, sino a quién debe aportarlo, bajo qué condiciones y con qué urgencia debe llegar a las comunidades afectadas.
La justicia climática volvió a hacerse presente en las calles y salas de negociación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31). Este 13 de noviembre, en Antalya, Turquía, las protestas de organizaciones sociales y representantes de comunidades vulnerables coincidieron con una de las discusiones más complejas de la cumbre: la insuficiencia de los recursos destinados a enfrentar los efectos del calentamiento global.
Carteles con la consigna «Que paguen los contaminadores» y manifestaciones en favor de la cancelación de la deuda reflejaron el reclamo de países que contribuyen relativamente poco a las emisiones mundiales, pero soportan consecuencias cada vez más severas por las sequías, inundaciones, ciclones y temperaturas extremas. Para sus representantes, no es razonable que las naciones con menos responsabilidad histórica en la crisis climática tengan que endeudarse en condiciones más costosas para proteger a sus habitantes.
La discusión adquirió especial relevancia durante la intervención del secretario general de la ONU, António Guterres, quien advirtió que los desastres climáticos están revirtiendo décadas de avances en desarrollo y empujando a los países vulnerables hacia mayores niveles de endeudamiento. Su diagnóstico fue contundente: incluso si se triplicara la financiación destinada a la adaptación climática, apenas se cubriría menos del 30 por ciento de las necesidades existentes.
Guterres sostuvo que la crisis climática no puede tratarse como un problema exclusivamente ambiental. Sus consecuencias alcanzan la seguridad alimentaria, la estabilidad económica, la reducción de la pobreza y la paz internacional. «No se puede construir la paz en un planeta en llamas», advirtió durante su intervención, en la que también pidió acelerar la transición para abandonar los combustibles fósiles y enfrentar los intereses económicos que retrasan las medidas necesarias.
El secretario general cuestionó además un sistema financiero internacional que, desde su perspectiva, no responde adecuadamente a las necesidades de los países más expuestos a los efectos del cambio climático. Muchos de ellos deben recurrir a préstamos para reconstruir infraestructura después de un desastre, lo que reduce sus recursos disponibles para educación, salud, vivienda y desarrollo. Así se configura un círculo difícil de romper: un fenómeno climático destruye infraestructura, el país se endeuda para recuperarse y esa deuda limita su capacidad para prepararse ante la siguiente emergencia.
La magnitud del desafío se refleja en los compromisos financieros acordados en la COP29, celebrada en Bakú en 2024. Los países desarrollados asumieron el liderazgo para movilizar al menos 300 mil millones de dólares anuales destinados a las naciones en desarrollo para 2035. Además, se estableció el objetivo más amplio de aumentar la financiación climática procedente de todas las fuentes, públicas y privadas, hasta alcanzar 1.3 billones de dólares al año en ese mismo horizonte.
Es importante distinguir ambos compromisos. Los 300 mil millones de dólares representan el objetivo de financiación que deberán encabezar los países desarrollados, mientras que los 1.3 billones constituyen una meta más amplia que contempla recursos de distintas procedencias. No se trata, por tanto, de dos cantidades equivalentes ni de una obligación financiera idéntica para todos los participantes.
Sin embargo, las proyecciones presentadas durante la COP31 advierten que, de mantenerse las tendencias actuales, la financiación climática podría quedar aproximadamente 840 mil millones de dólares por debajo del objetivo de 1.3 billones. La distancia entre los compromisos y los recursos que realmente necesitan los países vulnerables vuelve a poner en duda la capacidad de los acuerdos internacionales para traducirse en resultados concretos.
Ante este panorama, Guterres pidió reformar el sistema financiero internacional y facilitar el acceso a los fondos climáticos. También cuestionó los procedimientos burocráticos que retrasan la entrega de recursos y propuso aprovechar mejor la capacidad de los bancos multilaterales de desarrollo. Según explicó, cada dólar destinado a fortalecer el capital de una institución de este tipo podría generar entre ocho y diez dólares en capacidad de financiamiento, mientras que el uso de garantías permitiría atraer inversión privada adicional.
En paralelo, instituciones financieras de desarrollo de Reino Unido, Canadá y Noruega anunciaron una iniciativa conjunta para movilizar 10 mil millones de dólares en proyectos climáticos de mercados emergentes antes de 2030. El programa, denominado 10by30, contempla inversiones en energías renovables, redes de transmisión y distribución eléctrica, almacenamiento de energía, combustibles sostenibles y descarbonización industrial. Sus promotores señalaron que el monto incluye capital privado movilizado, por lo que no debe interpretarse como una transferencia íntegra de recursos públicos.
La agricultura también ocupa un lugar central en el debate. Kaveh Zahedi, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señaló que apenas alrededor del cinco por ciento de la financiación para el desarrollo relacionada con el clima llega al sector agrícola. La proporción resulta preocupante si se considera que millones de familias dependen de actividades directamente expuestas a las sequías, las inundaciones y los cambios en los ciclos de lluvia.
Invertir en adaptación agrícola puede permitir recuperar tierras degradadas, utilizar el agua con mayor eficiencia e introducir cultivos capaces de resistir condiciones climáticas extremas. También puede reducir el riesgo de que una mala temporada destruya los ingresos de comunidades enteras. La falta de inversión, por el contrario, aumenta la vulnerabilidad de los productores y amenaza con profundizar la inseguridad alimentaria y el hambre.
La discusión sobre financiación también incluye mecanismos para responder después de los desastres. En varios países del Pacífico se han puesto en marcha esquemas de seguros paramétricos que permiten entregar indemnizaciones cuando se cumplen condiciones previamente establecidas, como determinados niveles de lluvia o velocidades del viento. A diferencia de los seguros tradicionales, estos mecanismos no dependen necesariamente de una evaluación individual de todos los daños, lo que puede acelerar la llegada de recursos a las comunidades afectadas.
Este tipo de instrumentos opera en ocho países de la región y ha beneficiado a decenas de miles de personas. Para pequeños agricultores y familias que dependen de sus cosechas, recibir apoyo financiero rápidamente puede significar la posibilidad de recuperar su actividad económica sin esperar meses a que concluyan los procedimientos de evaluación.
Desde otra perspectiva, la empresaria y activista ambiental Hunter Lovins defendió la inversión climática como una oportunidad económica y no solamente como un gasto. Expuso que las energías renovables pueden reducir la dependencia de los combustibles cuyos precios están sujetos a fuertes fluctuaciones internacionales. También relató cómo su vivienda, equipada con paneles solares, mantuvo el suministro eléctrico durante una inundación que dejó a su comunidad en Colorado sin energía durante más de una semana.
Su experiencia ilustra una dimensión frecuentemente olvidada del debate: la transición energética también puede fortalecer la seguridad de las comunidades. La generación distribuida, el almacenamiento de electricidad y las redes más resistentes permiten reducir la vulnerabilidad frente a fenómenos extremos. Sin embargo, para que estas soluciones lleguen a los sectores con menos recursos, se requiere financiamiento accesible y políticas públicas que no dejen toda la transición en manos de quienes pueden pagarla.
Las negociaciones oficiales de la COP31 continúan enfrentando diferencias importantes. Los países discuten cómo medir el avance hacia el aumento de la financiación para adaptación, qué recursos deben contabilizarse y cuál será la responsabilidad de las economías desarrolladas. También persisten desacuerdos sobre el financiamiento de pérdidas y daños, así como sobre la velocidad y las condiciones para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
La exigencia de que paguen más quienes contaminan se relaciona con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, reconocido en el régimen internacional del cambio climático. Este principio parte de que todos los países tienen responsabilidades frente al calentamiento global, pero no han contribuido de la misma manera a sus causas ni cuentan con iguales capacidades económicas para enfrentarlo. Por ello, las naciones desarrolladas deben asumir un papel de liderazgo en la provisión de recursos y tecnología para apoyar a los países en desarrollo.
La discusión, sin embargo, no puede quedarse en una disputa sobre cifras. La financiación climática debe ser suficiente, previsible, accesible y adecuada a las necesidades de quienes enfrentan los mayores riesgos. También debe evitar que la respuesta a una emergencia termine convirtiéndose en otra carga de deuda para países que ya destinan una parte importante de sus presupuestos al pago de obligaciones financieras.
La COP31 vuelve a mostrar una contradicción profunda del orden económico internacional: las comunidades que menos han contribuido al deterioro ambiental suelen ser las que tienen menos recursos para protegerse de sus consecuencias. Mientras tanto, las promesas de cooperación avanzan con mayor lentitud que los impactos del calentamiento global.
La justicia climática exige reconocer esa desigualdad y traducirla en compromisos verificables. No basta con anunciar inversiones multimillonarias si el dinero no llega a los agricultores, las comunidades costeras, los pequeños Estados insulares y las poblaciones que pierden sus hogares ante cada desastre. Tampoco puede hablarse de una transición justa si los costos recaen nuevamente sobre quienes tienen menos capacidad para asumirlos.
El reclamo de que paguen los grandes contaminadores no es solamente una consigna de protesta. Es una exigencia de responsabilidad frente a una crisis que compromete la seguridad, la economía y las condiciones de vida de millones de personas. El verdadero resultado de la COP31 no debería medirse por la cantidad de discursos pronunciados ni por los anuncios de inversión, sino por la capacidad de convertir los compromisos en recursos concretos antes de que otra sequía, inundación o tormenta vuelva a destruir lo que las comunidades apenas han conseguido reconstruir.
