Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte que las sustancias químicas capaces de alterar el sistema hormonal representan una amenaza creciente para la salud humana y los ecosistemas. Presentes en plásticos, cosméticos, juguetes, textiles y envases, estos compuestos se relacionan con problemas reproductivos, alteraciones del desarrollo neurológico y enfermedades metabólicas. El costo sanitario y económico de la exposición supera los 1.1 billones de dólares anuales, mientras que miles de sustancias todavía no han sido evaluadas adecuadamente.

La contaminación química tiene una característica que la vuelve especialmente difícil de reconocer: no siempre se manifiesta mediante olores, cambios visibles o síntomas inmediatos. Puede encontrarse en objetos que utilizamos diariamente, en los materiales que entran en contacto con nuestros alimentos e incluso en productos destinados al cuidado personal. Entre estas sustancias destacan los llamados disruptores endocrinos, compuestos capaces de interferir con el funcionamiento del sistema hormonal.

La advertencia adquirió nueva relevancia con la publicación, el 17 de noviembre de 2026, del informe State of the Science of Endocrine-Disrupting Chemicals 2026, elaborado conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Se trata de la primera actualización mundial importante desde la evaluación que ambos organismos publicaron en 2012, después de más de una década de investigaciones científicas.

El documento concluye que las pruebas sobre los efectos perjudiciales de estas sustancias se han fortalecido y ampliado. También advierte que la exposición puede comenzar antes del nacimiento: algunos de estos compuestos han sido detectados en muestras de sangre, leche materna y sangre del cordón umbilical. Por tanto, el problema no se limita a quienes trabajan directamente con productos químicos, sino que alcanza a la población general desde las primeras etapas de la vida.

Qué son los disruptores endocrinos y dónde se encuentran

El sistema endocrino está integrado por glándulas y órganos que producen hormonas encargadas de regular funciones esenciales, como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción, el desarrollo cerebral y la respuesta del organismo ante distintas condiciones ambientales.

Los disruptores endocrinos pueden interferir con ese sistema de diferentes maneras: imitan la actividad de determinadas hormonas, bloquean sus receptores o modifican los mecanismos mediante los cuales el organismo las produce, transporta y procesa. La alteración puede ocurrir incluso cuando la exposición no provoca una intoxicación aguda ni síntomas inmediatos.

Entre las sustancias estudiadas se encuentran los bisfenoles, utilizados en determinados plásticos y recubrimientos; los ftalatos, empleados para proporcionar flexibilidad a diversos materiales; y los parabenos, presentes en algunos productos cosméticos y de cuidado personal. También existen compuestos con propiedades de alteración endocrina en plaguicidas, textiles, juguetes, dispositivos médicos, productos electrónicos y materiales de uso doméstico.

El problema adquiere otra dimensión cuando se considera la cantidad de sustancias que circulan en la economía mundial. El informe de la OMS y el PNUMA señala que existen más de 350 mil sustancias químicas y mezclas registradas para producción y uso, pero solo una pequeña proporción ha sido evaluada para determinar sus propiedades de alteración endocrina.

Los efectos sobre la salud son cada vez más preocupantes

Las investigaciones identifican vínculos cada vez más sólidos entre la exposición a determinados disruptores endocrinos y distintas alteraciones de la salud. Entre las áreas con mayor respaldo científico se encuentran los problemas de fertilidad y desarrollo reproductivo, las alteraciones de la función tiroidea y los efectos sobre el desarrollo cerebral y el funcionamiento neurológico.

También se han fortalecido las evidencias relacionadas con el metabolismo, el sistema inmunológico y la salud cardiovascular. Otras áreas, como la enfermedad hepática metabólica y los posibles efectos renales, representan campos de investigación en desarrollo. Es importante precisar que no todas las sustancias producen los mismos efectos ni todas las asociaciones científicas tienen idéntico nivel de certeza. El informe distingue entre evidencias consolidadas, relaciones emergentes y aspectos que todavía requieren investigación.

Una de las mayores preocupaciones es la exposición durante el embarazo, la infancia y otras etapas sensibles del desarrollo. Las hormonas participan en procesos fundamentales para la formación y maduración del organismo; por ello, una interferencia durante esos periodos puede tener consecuencias que persistan a lo largo de la vida.

El documento también advierte que las personas y los animales no están expuestos a una sola sustancia de manera aislada, sino a mezclas de compuestos que pueden proceder de distintas fuentes. Sin embargo, numerosos sistemas regulatorios siguen evaluando los productos químicos individualmente, lo que dificulta comprender los efectos combinados de la exposición cotidiana.

Una factura superior a 1.1 billones de dólares

La amenaza no es exclusivamente sanitaria. El informe estima que los costos mundiales asociados a determinadas enfermedades relacionadas con la exposición a disruptores endocrinos superan los 1.1 billones de dólares anuales. Se trata de una estimación conservadora que considera los costos de atención médica y la pérdida de productividad, pero no incorpora plenamente los daños ambientales, la degradación de los ecosistemas ni todas las consecuencias sociales.

Los trabajadores de las industrias químicas y del reciclaje se encuentran entre los grupos con mayor exposición potencial, particularmente en países donde los controles y las medidas de protección laboral son insuficientes. Un estudio de 2024 de la organización International Pollutants Elimination Network (IPEN), realizado con pulseras de silicona capaces de absorber sustancias químicas del ambiente, identificó la exposición a más de 20 compuestos peligrosos entre trabajadores del reciclaje en Tailandia y Kenia. Incluso los participantes de grupos de control, que trabajaban en oficinas, estuvieron expuestos a múltiples sustancias.

La contaminación, por tanto, no termina cuando un producto deja de utilizarse. Los materiales plásticos y los residuos pueden liberar compuestos durante su fabricación, utilización, reciclaje o disposición final, trasladando el problema de los espacios industriales hacia los hogares, el agua, el suelo y los ecosistemas.

México también enfrenta el desafío de regular estas sustancias

La discusión tiene implicaciones directas para México. Un informe publicado en 2026 por IPEN sobre bisfenoles y ftalatos advierte que el país presenta un consumo elevado de productos que pueden contener estos aditivos, muchos de ellos procedentes del extranjero. También señala que la información pública sobre su fabricación, importación y presencia en productos es fragmentaria, lo que dificulta dimensionar la exposición real de la población.

El documento identifica avances regulatorios en determinadas aplicaciones, pero advierte que persisten vacíos en el control de estos compuestos en plásticos y otros materiales. Asimismo, señala que existen investigaciones nacionales que han detectado contaminantes de estas familias en alimentos, agua, polvo doméstico y muestras de biomonitoreo humano.

La regulación mexicana de sustancias químicas involucra a distintas autoridades, entre ellas la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y, en materia de plaguicidas, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). Sin embargo, contar con atribuciones institucionales no garantiza por sí mismo que exista una vigilancia integral de todas las sustancias presentes en los productos comercializados.

La discusión debe orientarse hacia una política preventiva que fortalezca la evaluación toxicológica, el monitoreo ambiental, la transparencia sobre los componentes de los productos y la protección de trabajadores y consumidores. También es necesario evitar que la sustitución de una sustancia restringida por otra químicamente semejante, pero insuficientemente estudiada, reproduzca los mismos riesgos.

La prevención no puede esperar a que el daño sea irreversible

Los especialistas que participaron en el informe consideran insuficiente el marco regulatorio vigente en numerosos países. El PNUMA plantea fortalecer las evaluaciones de seguridad desde las primeras etapas del desarrollo industrial, mejorar la información sobre los componentes químicos de los productos y promover alternativas más seguras en sectores como los envases alimentarios, los cosméticos, los juguetes, los textiles, la agricultura y la gestión de residuos.

La industria química sostiene que las regulaciones deben estar fundamentadas en evidencia científica y permitir el desarrollo de productos y tecnologías útiles para la sociedad. Sin embargo, esa exigencia no puede convertirse en un argumento para posponer medidas preventivas cuando existen indicios sólidos de riesgos para la salud pública.

La responsabilidad tampoco debe trasladarse exclusivamente a los consumidores. Elegir productos con información transparente y reducir determinados usos de plásticos puede ayudar, pero las personas no tienen capacidad para identificar por sí solas todas las sustancias que contienen los objetos que compran. Corresponde a los gobiernos establecer controles, exigir información verificable y garantizar que los productos comercializados cumplan condiciones de seguridad.

El mensaje central del informe es contundente: la exposición a sustancias que alteran el sistema endocrino constituye un problema que atraviesa la salud, la economía y el medio ambiente. No basta con atender las enfermedades cuando aparecen; es indispensable revisar los procesos de producción y consumo que permiten que estos compuestos lleguen de manera cotidiana al organismo humano y a los ecosistemas.

La modernidad no puede medirse únicamente por la cantidad de productos que una sociedad fabrica y consume. También debe evaluarse por su capacidad para prevenir daños, proteger a las generaciones futuras y exigir responsabilidades a quienes introducen sustancias potencialmente peligrosas en el mercado. Cuando la evidencia científica advierte de riesgos crecientes, la inacción deja de ser una postura neutral y se convierte en una decisión con consecuencias públicas.