Mientras la industria porcícola concentra inversiones, producción y beneficios económicos, numerosas comunidades mayas enfrentan las consecuencias ambientales de un modelo productivo que amenaza sus fuentes de agua y sus formas tradicionales de vida. El problema no es solamente la contaminación, sino la profunda desigualdad con la que se distribuyen sus costos y beneficios.

En Yucatán, la contaminación asociada a las granjas porcícolas ha puesto al descubierto una realidad incómoda: no todas las personas padecen de la misma manera las consecuencias del deterioro ambiental. Mientras las empresas disponen de infraestructura, recursos económicos y capacidad para gestionar sus operaciones, algunas comunidades rurales tienen que enfrentar la incertidumbre sobre la calidad del agua que consumen, los malos olores que afectan su vida cotidiana y la amenaza sobre actividades productivas que durante generaciones han sostenido a sus familias.

La discusión, por tanto, no puede reducirse a determinar cuántas granjas existen, cuántas toneladas de carne se producen o cuánto dinero genera la industria porcícola. Hay una pregunta mucho más importante: ¿quién obtiene los beneficios de esta actividad económica y quién termina pagando sus consecuencias?

Porque la contaminación no afecta a todos por igual. Una familia con recursos económicos puede comprar agua embotellada, instalar sistemas de filtración o trasladarse temporalmente a otro lugar si las condiciones ambientales se deterioran. Para una familia campesina o una comunidad maya, esas alternativas no siempre existen. Cuando el agua de un pozo deja de ofrecer confianza, el problema no se resuelve simplemente abriendo la llave de otra fuente de abastecimiento. Puede significar un gasto adicional, una modificación de sus hábitos y una amenaza directa a su seguridad alimentaria.

Esta es una de las expresiones más claras de la desigualdad ambiental: quienes menos contribuyen a generar un problema pueden terminar soportando sus consecuencias más severas.

La situación de Yucatán tiene características particulares. La península depende fundamentalmente de un sistema de aguas subterráneas que constituye su principal reserva de agua dulce. Su suelo kárstico, formado por roca caliza, permite que el agua se infiltre y circule por una compleja red de cavernas, fracturas y conductos subterráneos que se conectan con cenotes y pozos.

Esta riqueza natural también representa una vulnerabilidad. Los residuos generados por las actividades industriales, cuando no reciben un tratamiento adecuado, pueden infiltrarse en el subsuelo y comprometer fuentes de abastecimiento. Por eso, la expansión de la producción porcícola en un territorio con estas características exige controles ambientales particularmente rigurosos.

Sin embargo, las advertencias no son nuevas. En abril de 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó el Dictamen de diagnóstico ambiental de la actividad porcícola en Yucatán, en el que identificó 507 coordenadas de posibles granjas y señaló la existencia de instalaciones próximas a zonas ambientalmente prioritarias, entre ellas el Anillo de Cenotes.

El documento permitió dimensionar una problemática que durante años había sido señalada por habitantes y organizaciones ambientalistas. No obstante, el reconocimiento institucional de los riesgos no significó que las comunidades dejaran de enfrentar las consecuencias de la actividad.

En octubre de 2026, Greenpeace México y la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya To’one Ja’o’on presentaron los resultados de un muestreo realizado en 17 puntos de siete localidades yucatecas. Los análisis reportaron indicadores de contaminación microbiológica y fecal, además de concentraciones de nutrientes y otros parámetros que requieren atención ambiental y sanitaria. De acuerdo con los resultados difundidos, 13 muestras presentaron indicadores fecales superiores a 1,800 NMP por cada 100 mililitros y dos registraron nitratos por encima de la referencia de 50 miligramos por litro de la Organización Mundial de la Salud.

Es importante precisar que estos resultados no permiten atribuir automáticamente toda la contaminación a una granja determinada. La presencia de contaminación fecal también puede relacionarse con aguas residuales municipales, fosas sépticas y otras fuentes. Sin embargo, las organizaciones han presentado investigaciones complementarias mediante técnicas moleculares para identificar contaminación de origen porcino en distintos puntos de la entidad. El conjunto de evidencias exige investigaciones independientes y una respuesta institucional que no se limite a cuestionar a quienes denuncian.

Pero detrás de los resultados de laboratorio existe una realidad que pocas veces ocupa el centro de la discusión económica: las familias que dependen de esos pozos. Para ellas, el agua no es una variable estadística ni un indicador de calidad ambiental. Es lo que necesitan para beber, preparar alimentos, limpiar sus viviendas, cultivar y sostener sus actividades cotidianas.

Cuando una comunidad pierde la confianza en su fuente de abastecimiento, comienza a pagar un costo que difícilmente aparece en los informes de productividad de la industria. Comprar garrafones, trasladarse para conseguir agua o modificar las actividades domésticas representa una carga económica adicional. Y esa carga pesa mucho más sobre quienes tienen ingresos limitados.

La desigualdad también se manifiesta en el terreno productivo. En comunidades donde la agricultura, la apicultura y otras actividades tradicionales dependen de la calidad del entorno, el deterioro ambiental puede comprometer ingresos y mercados construidos durante años. La Jornada documentó en septiembre de 2025 testimonios de productores de Maxcanú que atribuyeron a la cercanía de las granjas porcícolas afectaciones a su actividad apícola y a su certificación de miel orgánica.

Este tipo de consecuencias permite entender que la contaminación no solamente afecta el agua o el paisaje. También puede debilitar economías familiares, destruir oportunidades comerciales y poner en riesgo actividades que forman parte del patrimonio cultural y productivo de las comunidades mayas.

La contradicción resulta evidente. Por un lado, se presenta a la industria porcícola como una fuente de inversión, empleo y crecimiento económico para Yucatán. Por otro, existen comunidades que denuncian que deben asumir costos ambientales que no necesariamente se reflejan en los beneficios de esa actividad. La riqueza generada por la industria puede concentrarse en determinados actores económicos, mientras que los impactos se distribuyen entre poblaciones que no tienen la misma capacidad para prevenirlos, enfrentarlos o exigir una reparación.

Esto es precisamente lo que en el análisis social y económico se conoce como externalización de los costos ambientales. Una empresa puede contabilizar sus gastos de producción, transporte, salarios e infraestructura, pero si los daños ocasionados por sus operaciones terminan afectando fuentes de agua, actividades agrícolas o ecosistemas, una parte del costo real de producir está siendo trasladada a la sociedad.

El problema es que esa transferencia no ocurre de manera equitativa. Las familias con mayores ingresos pueden recurrir a alternativas privadas, mientras que las comunidades rurales dependen directamente de los recursos naturales de su territorio. Por ello, la degradación ambiental termina profundizando desigualdades económicas y sociales que ya existían.

Y hay otro elemento que no debe ignorarse: la desigualdad en la capacidad de influir sobre las decisiones públicas. Las grandes empresas cuentan con estructuras administrativas, asesoría jurídica, recursos financieros y canales institucionales para defender sus intereses. Las comunidades, en cambio, muchas veces tienen que organizarse, buscar acompañamiento de organizaciones civiles y recurrir a los tribunales para conseguir que sus derechos sean escuchados.

El caso de Homún es un ejemplo de esta disputa. La controversia por la instalación de una megagranja porcícola colocó en el centro del debate el derecho de una comunidad maya a participar en las decisiones que afectan su territorio. En febrero de 2024, la Semarnat informó que un juzgado federal había dejado sin efectos la autorización de impacto ambiental de la instalación. El caso evidenció que la protección del territorio no puede depender exclusivamente de los procedimientos administrativos ni de las decisiones de inversión de particulares.

El artículo 2.º de la Constitución mexicana reconoce los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la autonomía. Asimismo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece obligaciones de consulta cuando las medidas o proyectos puedan afectar directamente a estos pueblos. No se trata de impedir cualquier actividad económica, sino de reconocer que las comunidades tienen derechos y que su participación no puede convertirse en un trámite para legitimar decisiones previamente tomadas.

En este contexto, la desigualdad ambiental también es una desigualdad política. Quien tiene menos recursos económicos suele tener menos posibilidades de contratar estudios especializados, acceder a asesoría jurídica, trasladarse a las oficinas gubernamentales o sostener durante años un litigio. Defender un cenote, un pozo o una parcela puede convertirse en una tarea que consume tiempo, dinero y energía de familias que ya enfrentan condiciones económicas difíciles.

Por eso resulta preocupante que la protección ambiental termine dependiendo de la capacidad de movilización de las comunidades. Las autoridades no deberían esperar a que los habitantes organicen protestas, presenten denuncias o consigan el respaldo de organizaciones nacionales para inspeccionar una instalación que podría representar un riesgo. La vigilancia ambiental es una obligación del Estado, no una responsabilidad que deba trasladarse a la población afectada.

La respuesta gubernamental de octubre de 2026 incluyó el anuncio de inspecciones, sanciones y una estrategia de coordinación entre Profepa, Semarnat, Conagua y el Gobierno de Yucatán. La Profepa informó que había inspeccionado 18 granjas porcícolas durante 2025 y 2026 y que las multas acumuladas impuestas a empresas del sector alcanzaban los 105.8 millones de pesos.

También se informó sobre el caso de Pecuaria Peninsular, en Santa María Chí, donde Profepa impuso una clausura total definitiva y una multa de aproximadamente 18.6 millones de pesos. En 2026, la dependencia verificó el retiro de 41 mil 570 cerdos de las instalaciones, mientras continuaba la evaluación de los daños ambientales.

Estas actuaciones muestran que existen mecanismos para intervenir y sancionar. Sin embargo, la pregunta sigue siendo si la respuesta institucional tiene la cobertura suficiente para enfrentar la dimensión del problema. Las multas no garantizan por sí solas la recuperación de los ecosistemas y las clausuras tampoco eliminan automáticamente los contaminantes que pudieron llegar al suelo y al agua.

Además, la regularización de las instalaciones debe analizarse con cuidado. Construir sistemas de tratamiento de aguas residuales o iniciar procedimientos administrativos no equivale a demostrar que las descargas cumplen las normas ambientales. Las autoridades deben verificar el funcionamiento de la infraestructura, publicar los resultados de laboratorio y establecer responsabilidades cuando existan incumplimientos.

El desarrollo económico de Yucatán no puede construirse sobre una contradicción de esta naturaleza. No es razonable celebrar las inversiones industriales mientras se ignoran los costos que enfrentan las comunidades que viven cerca de las instalaciones. Tampoco es aceptable presentar la defensa del agua como una postura contraria al empleo o al crecimiento económico. El verdadero desafío consiste en garantizar que la actividad productiva se desarrolle dentro de límites ambientales y jurídicos que protejan el interés colectivo.

Una política de justicia ambiental debería comenzar por reconocer que el agua subterránea es un bien común cuya protección beneficia a toda la sociedad. Para ello se necesita un padrón público y georreferenciado de las granjas, información sobre sus autorizaciones, monitoreo independiente de los pozos y cenotes, inspecciones suficientes y resultados verificables sobre el tratamiento de las aguas residuales.

También es indispensable establecer mecanismos de reparación para las comunidades afectadas. Si una investigación demuestra que una instalación ocasionó contaminación, la responsabilidad no puede agotarse con una multa. Deben atenderse los daños, restaurarse los ecosistemas cuando sea posible y garantizarse el acceso a fuentes de agua seguras. La reparación debe considerar también las consecuencias económicas y sociales que hayan sufrido las familias.

Yucatán tiene derecho a desarrollar una economía productiva y competitiva, pero sus comunidades también tienen derecho a vivir en un ambiente sano. No existe una razón legítima para sacrificar uno de estos derechos en nombre del otro. La inversión privada no puede convertirse en un permiso para trasladar los costos de producción a quienes tienen menos posibilidades de defenderse.

La verdadera discusión, entonces, no es si Yucatán debe tener industria porcícola o si debe renunciar a las oportunidades económicas que representa. La discusión es si estamos dispuestos a aceptar un modelo en el que los beneficios se concentran y los daños se reparten entre las comunidades. Porque cuando una familia tiene que comprar agua para sustituir la que históricamente obtenía de su pozo, cuando un productor ve amenazada su actividad y cuando un pueblo debe acudir a los tribunales para defender sus cenotes, estamos frente a algo más profundo que un problema de contaminación: estamos frente a una injusticia ambiental.

La riqueza de Yucatán no puede medirse exclusivamente por sus inversiones, su producción industrial o sus indicadores de crecimiento. También debe medirse por la calidad del agua que consumen sus habitantes, por la conservación de sus ecosistemas y por la posibilidad de que las comunidades mayas mantengan sus formas de vida sin tener que pagar las consecuencias de decisiones económicas tomadas sin su participación.

Porque el derecho a un ambiente sano no debería depender del lugar donde una persona nació, de cuánto dinero tiene o de su capacidad para enfrentarse a una empresa. Tampoco debería depender de cuántas veces tenga que protestar para conseguir que una autoridad la escuche.

Si el desarrollo económico de Yucatán exige que algunas comunidades vivan con agua de calidad incierta mientras otros concentran los beneficios de la actividad industrial, entonces es necesario revisar profundamente las prioridades de ese desarrollo. No se puede hablar de prosperidad cuando una parte de la población termina pagando, con su salud, su territorio y su patrimonio natural, una factura que no le corresponde.

La justicia ambiental comienza cuando dejamos de considerar sacrificables a las comunidades que tienen menos recursos para defenderse. Yucatán no necesita elegir entre empleo y agua limpia. Necesita un modelo económico en el que ninguna empresa pueda prosperar a costa de los derechos de la población y en el que ninguna autoridad pueda justificar su inacción con el argumento del crecimiento.

Porque el agua es de todos, pero los daños de su contaminación no se distribuyen por igual. Y mientras esa desigualdad persista, hablar de desarrollo para Yucatán será una promesa incompleta.