La meta internacional de conservar al menos 30 por ciento de los mares para 2030 representa una de las mayores apuestas ambientales de nuestro tiempo, pero el desafío no consiste únicamente en dibujar áreas protegidas sobre un mapa, sino en conseguir que realmente funcionen.
El océano parece infinito cuando se contempla desde la costa. Esa inmensidad puede producir una peligrosa sensación de seguridad: como si el mar tuviera espacio suficiente para absorberlo todo. Sin embargo, la biodiversidad marina enfrenta presiones acumuladas por la contaminación, el cambio climático, la sobreexplotación de recursos y otras actividades humanas. El problema es que muchas de sus consecuencias ocurren lejos de nuestros ojos.
En diciembre de 2022, los países integrantes del Convenio sobre la Diversidad Biológica aprobaron el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal. Su tercera meta estableció el conocido objetivo 30×30: conservar para 2030 al menos 30 por ciento de las zonas terrestres, aguas continentales y áreas marinas y costeras mediante sistemas ecológicamente representativos, conectados y gestionados de manera eficaz.
Sobre el papel parece una meta sencilla. En el océano, sin embargo, las dimensiones son descomunales.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en abril de 2026 se alcanzó un hito mundial: el 10.01 por ciento del océano aparecía oficialmente dentro de áreas protegidas o conservadas. Es un avance importante, pero significa que todavía habría que triplicar aproximadamente la superficie marina protegida para alcanzar el objetivo de 2030.
Y existe una dificultad todavía mayor. No basta con declarar que una zona está protegida. El informe internacional advierte que solamente una pequeña fracción de las áreas marinas cuenta con evaluaciones de eficacia de manejo. Dicho de manera sencilla, poner un letrero de «zona protegida» no impide por sí mismo que continúen actividades capaces de deteriorar el ecosistema.
La diferencia es fundamental. Una reserva marina realmente efectiva necesita vigilancia, recursos, científicos, autoridades capaces de hacer cumplir las normas y participación de las comunidades que dependen del mar. Sin esos elementos, una protección puede convertirse en una línea administrativa que existe en los documentos, pero poco en la realidad.
El problema se vuelve todavía más complejo en alta mar. Más del 60 por ciento de la superficie oceánica se encuentra fuera de las jurisdicciones nacionales y, hasta hace poco, la capacidad para establecer mecanismos globales de conservación en esas aguas era muy limitada. El Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional, conocido como Tratado de Alta Mar, entró en vigor en enero de 2026 y creó un marco internacional para avanzar en esa protección.
Es un cambio jurídico de enorme importancia. Pero también es el comienzo de una tarea gigantesca: convertir el acuerdo internacional en zonas concretas, vigiladas y capaces de proteger especies y ecosistemas que no reconocen fronteras políticas.
México enfrenta su propia carrera contra el reloj. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas presentaron una Hoja de Ruta para cumplir o superar la Meta 3. El documento contempla corredores biológicos y bioculturales, otras medidas efectivas de conservación y mecanismos para incorporar a pueblos indígenas y comunidades afromexicanas en las decisiones.
El Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2026-2030 establece que México deberá avanzar hasta alcanzar 154 millones de hectáreas bajo mecanismos de conservación en 2030. Para conseguirlo, el Gobierno calcula que tendrá que incorporar alrededor de 19 millones de hectáreas marinas adicionales, además de superficie terrestre, y estima una inversión cercana a 200 millones de dólares.
La dimensión financiera revela otro de los grandes obstáculos. Conservar un ecosistema cuesta dinero. Hay que investigar, monitorear, combatir actividades ilegales, restaurar hábitats y mantener personal durante años. El océano no necesita solamente decretos; necesita presencia permanente.
También existe una cuestión social que no puede quedar relegada. La protección marina puede afectar a pescadores y comunidades costeras cuando las nuevas restricciones no consideran sus formas de vida. Por eso el marco internacional insiste en una gobernanza equitativa y en el respeto de los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales. Proteger la naturaleza no debería significar convertir a quienes viven de ella en sus enemigos.
La verdad es que el 30×30 representa una oportunidad extraordinaria, pero también una prueba de credibilidad. La humanidad ya ha demostrado que puede declarar objetivos ambiciosos. Ahora debe demostrar que puede cumplirlos.
El mar no puede defenderse solo. Cuando una especie desaparece, un arrecife se degrada o una pesquería colapsa, la pérdida tampoco queda confinada al fondo del océano: alcanza la alimentación, las economías costeras y la seguridad de millones de personas. Por eso la cuenta regresiva hacia 2030 no es únicamente ambiental. Es una decisión sobre qué océano queremos encontrar cuando llegue el futuro.
