La dirigencia de Morena cerró filas con la iniciativa de Claudia Sheinbaum para exigir que quienes aspiren a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México renuncien a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidatos.
La propuesta de Claudia Sheinbaum para limitar el acceso a los principales cargos ejecutivos del país a personas que únicamente tengan la nacionalidad mexicana ya cuenta con el respaldo público de Morena, en un debate que coloca en el centro conceptos como soberanía, lealtad nacional y posibles conflictos de intereses.
La dirigencia del partido, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, consideró que quien aspire a dirigir el país o una entidad federativa debe mantener una lealtad plena hacia México. En un comunicado, Morena sostuvo que no debería existir una situación en la que una persona que pretenda gobernar pueda mantener vínculos jurídicos de nacionalidad con otro Estado.
La postura coincide con el argumento planteado por Sheinbaum al presentar la iniciativa el pasado 27 de agosto. La presidenta explicó que el propósito es garantizar que el interés nacional se encuentre por encima de cualquier otro y que quienes ocupen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno sean únicamente mexicanos.
De acuerdo con información de la Presidencia de la República, la iniciativa plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. El cambio establecería que quienes tengan otra nacionalidad deberán renunciar formalmente a ella antes de solicitar su registro como candidatos.
La reforma también contempla que, mientras ejerzan el cargo, los titulares del Poder Ejecutivo federal, de los gobiernos estatales y de la Ciudad de México no puedan adquirir o solicitar otra nacionalidad ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana.
El proyecto va incluso más allá. También propone prohibir durante el ejercicio del cargo el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, el ejercicio de derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera y el recurso a la protección diplomática de otro país.
El Gobierno argumenta que con estas disposiciones se busca cerrar un vacío interpretativo que existe actualmente en la Constitución. El artículo 32 ya establece restricciones para determinados cargos que requieren ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad, pero la iniciativa pretende precisar que la limitación también alcance a quienes ya poseen una segunda nacionalidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que la reforma constitucional de 1997, que permitió conservar la nacionalidad mexicana aun cuando una persona adquiriera otra, buscó responder principalmente a la realidad de los mexicanos que emigraron y necesitaban acceder a derechos en sus países de residencia. Al mismo tiempo, el máximo tribunal ha señalado que aquella reforma dejó reservas específicas para determinados cargos vinculados con la soberanía y la seguridad nacional.
Ese antecedente es importante porque la doble nacionalidad no constituye actualmente una irregularidad. México reconoce la posibilidad de que los mexicanos por nacimiento tengan otra nacionalidad sin perder la mexicana. La iniciativa de Sheinbaum no propone eliminar ese derecho para la población en general, sino establecer una condición específica para quienes pretendan ocupar determinados cargos de elección popular.
La propia presidenta ha insistido en esa diferencia. Durante una conferencia de prensa explicó que los mexicanos pueden mantener doble o incluso triple nacionalidad, pero sostuvo que quien aspire a gobernar debe decidir si está dispuesto a renunciar a las demás nacionalidades antes de buscar el cargo.
El asunto adquiere una dimensión política adicional porque la iniciativa llega cuando los partidos comienzan a perfilar sus estrategias rumbo a las elecciones de 2027. Morena ya ha iniciado la definición de figuras que competirán por distintas gubernaturas, por lo que cualquier modificación a los requisitos constitucionales podría tener consecuencias sobre futuras candidaturas.
La discusión también ha generado críticas. Un análisis publicado por El Financiero calificó la propuesta como un intento de reabrir un debate que, a su juicio, había quedado resuelto con la reforma que permitió la doble nacionalidad. El texto cuestionó además que la medida pueda generar dudas sobre la lealtad de millones de mexicanos que mantienen vínculos de nacionalidad con Estados Unidos u otros países.
La controversia no es menor. México tiene una comunidad enorme de ciudadanos con doble nacionalidad, particularmente entre quienes nacieron en Estados Unidos y tienen padres mexicanos. Para esas personas, la nacionalidad adicional no necesariamente representa una elección política o una adhesión a otro Estado, sino una consecuencia de su lugar de nacimiento y de su historia familiar.
Ahí aparece uno de los principales puntos de debate. La propuesta parte de una preocupación relacionada con la soberanía y la posible injerencia extranjera, pero sus críticos pueden plantear si poseer legalmente otra nacionalidad constituye por sí mismo una prueba de intereses divididos.
La Suprema Corte ya ha señalado que las restricciones vinculadas con la nacionalidad deben guardar una relación razonable con las funciones del cargo. El antecedente resulta relevante porque cualquier nueva limitación deberá superar el proceso legislativo correspondiente y, eventualmente, podría ser objeto de controversias jurídicas sobre igualdad, derechos políticos y proporcionalidad.
Morena, sin embargo, considera que el asunto debe resolverse con rapidez. La dirigencia llamó al Congreso de la Unión a aprobar la iniciativa y convocó a las demás fuerzas políticas a respaldarla bajo el argumento de que la defensa de la soberanía no debería convertirse en una disputa partidista.
El planteamiento también incluye una segunda etapa legislativa. Una vez aprobada, el Gobierno propone modificar la Ley de Nacionalidad para establecer el procedimiento mediante el cual una persona con doble nacionalidad podría formalizar su renuncia a la segunda ciudadanía antes de registrarse como candidata.
La iniciativa, por tanto, todavía no cambia las reglas electorales. Se trata de una propuesta que deberá ser discutida y, en su caso, aprobada mediante el procedimiento previsto para las reformas constitucionales. Hasta que eso ocurra, los requisitos vigentes continúan aplicándose.
La discusión promete ser particularmente sensible entre las comunidades mexicanas en Estados Unidos, donde la doble nacionalidad forma parte de la realidad cotidiana de numerosas familias. La pregunta de fondo será si esa condición debe considerarse incompatible con las responsabilidades de gobernar México o si basta con establecer obligaciones específicas para evitar conflictos de intereses.
Para el Gobierno y Morena, la respuesta es clara: quienes ocupen los máximos cargos ejecutivos deben tener una sola nacionalidad y su compromiso debe estar exclusivamente ligado a México. Para sus críticos, en cambio, el debate podría terminar confundiendo la existencia de una segunda nacionalidad con una falta de lealtad.
El Congreso tendrá ahora la responsabilidad de definir el alcance de la propuesta. Y es que más allá de la consigna política, la reforma plantea una cuestión constitucional de fondo: hasta dónde puede llegar el Estado al establecer requisitos adicionales para ejercer derechos políticos sin afectar los derechos de millones de mexicanos que poseen más de una nacionalidad.
