La gobernadora interina de Sinaloa reconoció que la violencia afecta nuevamente al estado y anunció nuevas medidas de seguridad, mientras Escuinapa enfrenta el asesinato de un funcionario policial, la desaparición de un síndico y el ataque contra una madre buscadora.
La violencia volvió a colocar a Sinaloa ante un escenario que las autoridades ya no pueden minimizar. Graciela Domínguez Nava, gobernadora interina del estado, reconoció que la población enfrenta una situación delicada y adelantó que la próxima semana se presentará una estrategia para reforzar la seguridad, con especial atención en la zona sur.
La declaración ocurre después de varios hechos que han elevado la preocupación entre habitantes y autoridades municipales. En Escuinapa fue localizado sin vida Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Tránsito Municipal, mientras que Misael Aguilar Espericueta, síndico de la comunidad de Palmillas, continúa desaparecido después de haber sido interceptado presuntamente por hombres armados.
A este panorama se suma el atentado contra Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo de búsqueda Voces Unidas por la Vida, quien fue atacada a balazos junto con una de sus hijas en Culiacán. Ambas fueron dadas de alta y, según informó Domínguez, cuentan ahora con protección de las autoridades estatales.
La propia gobernadora admitió que estos acontecimientos no pueden ocultarse. Durante una gira de trabajo por Mazatlán, sostuvo que reconocer la situación permite avanzar en las estrategias destinadas a recuperar la tranquilidad en las comunidades afectadas.
El caso de Zazueta Páez fue confirmado después de que autoridades localizaran durante la mañana del domingo un cuerpo con impactos de bala en el sector Infonavit Las Fuentes, en Escuinapa. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó inicialmente sobre el hallazgo y posteriormente se confirmó que correspondía al funcionario municipal.
Junto al cuerpo fue localizada una cartulina con un mensaje cuyo contenido no ha sido revelado públicamente. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del homicidio y establecer quiénes fueron los responsables.
Otros medios que dieron seguimiento al caso, entre ellos El Informador, Animal Político y medios locales de Sinaloa, coincidieron en que el asesinato provocó un nuevo despliegue de fuerzas de seguridad en Escuinapa. La Secretaría de Seguridad Pública estatal también informó sobre el reforzamiento de patrullajes mediante la coordinación de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Pero el asesinato no es el único episodio que mantiene en alerta a la región. Misael Aguilar Espericueta, de 43 años, permanece desaparecido desde el 24 de agosto, cuando viajaba en una unidad de transporte público rumbo a Palmillas.
De acuerdo con información difundida por medios locales y retomada por El Sol de Mazatlán, hombres armados habrían interceptado la unidad a la altura de Tecualilla y obligado al funcionario a descender. Desde entonces se mantiene un operativo para tratar de localizarlo, aunque hasta este domingo no se había informado de resultados positivos.
La situación resulta todavía más sensible por el ataque contra Alma Rosa Rojo. La activista y su hija fueron agredidas a balazos el sábado en Culiacán. Rojo Medina es una figura conocida entre los colectivos que buscan personas desaparecidas en Sinaloa, una labor que durante años ha colocado a numerosas familias frente a escenarios de riesgo y desprotección.
Según informó Revista Espejo, ambas mujeres fueron dadas de alta después de recibir atención médica y la administración estatal aseguró que permanecerán bajo protección. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos también llamó a investigar el atentado y a garantizar la seguridad de la buscadora.
Artículo 19, citado por medios como Proceso y Noroeste, exigió una investigación exhaustiva del ataque y medidas de protección para Rojo Medina y su hija. La organización ha advertido que la agresión debe analizarse también a la luz de la labor de búsqueda que realiza la activista.
Y es que el episodio toca una herida particularmente profunda en Sinaloa. Las familias que buscan a sus desaparecidos realizan labores que deberían corresponder fundamentalmente a las instituciones públicas, pero que en numerosas ocasiones terminan desarrollándose con recursos limitados y bajo condiciones de inseguridad.
Frente a este panorama, Domínguez aseguró que actualmente existe una fuerza de alrededor de 15 mil elementos federales desplegada en el estado para apoyar las tareas de seguridad. La gobernadora adelantó que las nuevas acciones serán dadas a conocer la próxima semana y que se pondrá especial atención en la zona sur, donde, según su diagnóstico, se ha observado un desplazamiento de los hechos delictivos.
La dimensión del desafío, sin embargo, no se mide solamente por el número de elementos desplegados. También pesa la capacidad de las instituciones para investigar los homicidios, localizar a las personas desaparecidas y proteger de manera efectiva a quienes participan en su búsqueda.
Por ahora, Escuinapa concentra tres historias que reflejan la gravedad del momento: un funcionario municipal asesinado, otro desaparecido y una activista atacada mientras continúa su lucha por encontrar a personas ausentes. La respuesta anunciada por el gobierno estatal tendrá que traducirse pronto en resultados concretos, porque para las familias afectadas la espera dejó de ser una opción hace mucho tiempo.
