La relatora especial de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, advirtió que retirar y triturar los escombros de Gaza sin recuperar antes restos humanos y preservar evidencias podría destruir material relevante para investigar posibles crímenes internacionales.
Los escombros de Gaza se han convertido en mucho más que el símbolo visible de una guerra devastadora. Bajo toneladas de concreto, metal y otros materiales permanecen cuerpos de personas desaparecidas, restos humanos y posibles indicios sobre ataques cuya investigación podría resultar determinante para establecer responsabilidades.
Por ello, Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, pidió este lunes que cualquier operación de retirada de escombros en las zonas de Gaza bajo control militar israelí se realice con estrictas garantías para conservar las posibles pruebas.
En un comunicado, Albanese sostuvo que destruir evidencias de presuntos crímenes atroces sería ilegal y advirtió que la reconstrucción del territorio no debería avanzar a costa de eliminar las huellas materiales de lo ocurrido durante el conflicto.
La preocupación llega en un momento en que la limpieza de escombros es, al mismo tiempo, una necesidad humanitaria urgente. Un informe conjunto de Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial publicado en abril de 2026 estimó que más de 68 millones de toneladas de residuos y materiales destruidos cubren Gaza. El mismo documento señala que la retirada de esos restos es indispensable para recuperar carreteras, viviendas, servicios públicos e infraestructura básica, pero advierte también sobre la presencia de municiones sin explotar, residuos peligrosos y restos humanos.
La magnitud del problema es difícil de dimensionar. Naciones Unidas ha documentado que miles de personas continúan desaparecidas y que la recuperación de cuerpos bajo las estructuras destruidas sigue siendo posible incluso después de largos periodos. En agosto, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU informó que los cuerpos de 50 personas, entre ellas 19 niños, fueron recuperados de debajo de los escombros en Ciudad de Gaza y posteriormente enterrados.
Albanese recordó precisamente este tipo de operaciones para defender la necesidad de actuar con cautela. Según la información difundida por su oficina, recientemente fueron recuperados los cuerpos de 112 personas que pudieron recibir sepultura después de permanecer bajo los restos de edificios destruidos.
La ONU también ha señalado que alrededor del 92 por ciento de las viviendas de Gaza han resultado destruidas o dañadas desde el inicio del conflicto. La evaluación más reciente sobre daños y necesidades de recuperación calcula además que más de 371.000 unidades habitacionales fueron destruidas o dañadas, mientras que las necesidades de reconstrucción y recuperación durante la próxima década ascienden a unos 71.400 millones de dólares.
Pero reconstruir no consiste únicamente en retirar montañas de concreto. Los especialistas de Naciones Unidas plantean que antes de despejar determinadas zonas deben realizarse evaluaciones de riesgos, retirar municiones y explosivos, identificar materiales peligrosos y garantizar la recuperación y documentación digna de los restos humanos.
Ahí se encuentra el punto central de la advertencia de Albanese. Para la relatora, los escombros también constituyen un registro físico de lo ocurrido. Demoler, triturar o trasladar ese material sin un procedimiento forense adecuado podría dificultar investigaciones posteriores sobre ataques y otras acciones que pudieran constituir violaciones del derecho internacional.
La reconstrucción ya comenzó a recibir apoyo internacional. En julio, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión Europea pusieron en marcha un proyecto de 15 millones de euros para apoyar la retirada de escombros y fortalecer las capacidades palestinas para recuperar e identificar restos humanos. El proyecto contempla precisamente medidas de seguridad, gestión de residuos y recuperación digna de cadáveres.
Albanese también dirigió una advertencia a las empresas privadas que participen en las labores de demolición y desescombro. Sostuvo que quienes destruyan deliberadamente posibles pruebas de crímenes internacionales podrían enfrentar consecuencias jurídicas, una afirmación que subraya la dimensión mucho más delicada de una operación que, a primera vista, podría parecer exclusivamente técnica.
Israel rechaza las acusaciones de genocidio y ha defendido sus operaciones militares como acciones dirigidas contra Hamás. La determinación jurídica definitiva sobre la existencia de genocidio o de otros crímenes internacionales corresponde a las instancias judiciales competentes y no puede establecerse únicamente a partir de las declaraciones de una relatora especial.
La discusión, sin embargo, deja una cuestión difícil de ignorar. Gaza necesita retirar sus escombros para que millones de personas puedan recuperar calles, viviendas y servicios, pero hacerlo demasiado rápido o sin controles adecuados podría significar perder para siempre información que las víctimas y sus familias necesitan para conocer qué ocurrió con sus seres queridos.
