Firmados el 24 de agosto de 1821, los Tratados de Córdoba reconocieron la independencia de la Nueva España y diseñaron una monarquía mexicana vinculada a los Borbones, pero Madrid terminó rechazándolos y dejó a la nueva nación ante una incómoda realidad: México era independiente de hecho, aunque España se resistía a reconocerlo.
En la villa de Córdoba, Veracruz, dos hombres que representaban mundos enfrentados se sentaron a negociar el final de una guerra que llevaba once años desangrando a la Nueva España. Agustín de Iturbide, antiguo comandante realista convertido en jefe del movimiento trigarante, y Juan O’Donojú, enviado por la monarquía española como capitán general y jefe político superior, entendieron que continuar la guerra podía ser más costoso que aceptar una salida política.
El encuentro ocurrió el 24 de agosto de 1821. Según el texto conservado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el primer artículo establecía que América sería reconocida como una nación soberana e independiente bajo el nombre de Imperio Mexicano. El acuerdo proponía, además, una monarquía constitucional moderada y colocaba a Fernando VII como primera opción para ocupar el trono, seguido por otros miembros de la familia Borbón.
Era una solución llena de contradicciones. México sería independiente, pero se esperaba que su primer monarca pudiera ser el propio rey de España. La ruptura política se intentaba acompañar de un puente dinástico. Y es que, en aquel momento, Iturbide buscaba consolidar la separación sin provocar una ruptura absoluta con España, mientras O’Donojú parecía comprender que la independencia ya no podía ser contenida por las armas.
El propio O’Donojú dejó constancia de esa percepción. En una comunicación dirigida al gobernador de Veracruz pocos días después de la firma, defendió el acuerdo como una manera de poner fin a los estragos de la guerra y sostuvo que la independencia mexicana era un proceso que ya resultaba imposible detener. La negociación, en ese sentido, no fue simplemente una formalidad: buscaba evitar más sangre y ordenar la retirada española.
Pero había un problema decisivo. O’Donojú no contaba con facultades suficientes para comprometer jurídicamente a la Corona en el reconocimiento de la independencia. El Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM señala que los Tratados fueron desconocidos por el rey y las Cortes españolas, precisamente bajo el argumento de que el funcionario no tenía atribuciones para pactar con Iturbide la separación de Nueva España.
La reacción de Madrid no fue un simple desacuerdo diplomático. En enero de 1822, las Cortes discutieron una propuesta para declarar ilegítimos y sin efectos para el Gobierno español los Tratados de Córdoba y cualquier otro acto de O’Donojú relacionado con el reconocimiento de la independencia mexicana. Finalmente, la resolución fue aprobada. En febrero, el Gobierno español formalizó su posición y declaró que no había renunciado a sus derechos sobre los territorios americanos.
La maniobra tuvo una consecuencia paradójica. Al intentar invalidar el documento, España no consiguió devolver a México al orden colonial. La realidad militar y política ya había cambiado. El 27 de septiembre de 1821, el Ejército Trigarante entró en la Ciudad de México y al día siguiente se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. La separación estaba consumada en los hechos.
La negativa española, además, alteró el delicado equilibrio político que los Tratados habían planteado. Si ningún Borbón aceptaba el trono mexicano, el acuerdo contemplaba que las Cortes del propio Imperio designaran a otro monarca. Con España fuera del juego, esa cláusula adquirió un significado inesperado. Meses después, en mayo de 1822, Agustín de Iturbide sería proclamado emperador.
Ahí comenzó otra historia, mucho más turbulenta. La joven nación tuvo que decidir qué tipo de Estado quería construir, mientras las disputas entre monárquicos y republicanos, las dificultades económicas y el enfrentamiento entre Iturbide y el Congreso fueron debilitando al Primer Imperio.
La verdad es que los Tratados de Córdoba no fueron, por sí solos, el documento que España necesitaba para reconocer jurídicamente la independencia mexicana. Su importancia histórica está en otro lugar. Fueron el acuerdo político que hizo posible una transición relativamente rápida del dominio colonial al México independiente y aceleraron la salida de las fuerzas españolas.
Su historia también revela algo más profundo. Las independencias no terminan necesariamente cuando se firma un documento. A veces comienzan precisamente ahí. México había ganado la capacidad de gobernarse, pero todavía debía convencer a una potencia europea de aceptar aquello que ya era una realidad. España no reconocería formalmente la independencia mexicana sino hasta 1836.
Por eso Córdoba ocupa un lugar tan singular en la historia nacional. Allí no se firmó una paz definitiva entre iguales ni un tratado plenamente reconocido por ambas partes. Se selló, más bien, el momento en que el viejo orden dejó de tener fuerza suficiente para sostenerse y el nuevo todavía necesitaba construir su propia legitimidad.
