Entre 1996 y 1997, Bucaram gobernó Ecuador durante seis meses antes de ser destituido y, décadas después, recibió esta condena penal
Notipress.- Abdalá Bucaram, expresidente ecuatoriano que gobernó solamente seis meses, recibió una nueva sentencia judicial casi tres décadas después de abandonar el poder. Un tribunal condenó al exmandatario y a su hijo Jacobo Bucaram a nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada.
Bucaram llegó a la presidencia de Ecuador en 1996, después de construir una trayectoria política caracterizada por un estilo personal confrontativo. Su mandato terminó en febrero de 1997, cuando el Congreso lo destituyó bajo la figura de “incapacidad mental para gobernar” durante una revuelta popular.
Después de abandonar la presidencia, Bucaram vivió exiliado en Panamá durante aproximadamente dos décadas antes de regresar nuevamente a Ecuador. Su nombre permaneció presente en la política nacional, aunque esta sentencia corresponde a acontecimientos ocurridos muchos años después de aquella crisis presidencial.
Un negocio de pruebas durante la pandemia
La investigación examinó operaciones desarrolladas entre marzo y agosto de 2020, durante la emergencia sanitaria provocada por la expansión del coronavirus. Bucaram y su hijo fueron considerados colaboradores de una estructura que comercializó irregularmente unas 21.000 pruebas destinadas a detectar COVID-19.
De acuerdo con la Fiscalía, también fueron comercializadas mascarillas, lancetas, guantes de nitrilo y otros insumos utilizados durante aquella emergencia sanitaria. La acusación sostuvo que la estructura obtuvo beneficios económicos mediante esas operaciones mientras Ecuador atravesaba uno de los momentos más críticos de la pandemia.
Otros dos procesados recibieron penas superiores después de ser considerados autores directos del delito investigado por las autoridades judiciales ecuatorianas. Leandro Berrones y Sheinman Oren fueron condenados a trece años y cuatro meses de prisión por su responsabilidad dentro de la estructura.
Bucaram siguió la lectura del fallo mediante conexión telemática desde una clínica de Guayaquil, donde permanecía hospitalizado por problemas cardíacos. Antes de conocerse la decisión, había anticipado públicamente una condena y posteriormente anunció que buscará revertirla mediante los recursos judiciales correspondientes.
El proceso atravesó diferentes etapas antes de alcanzar esta sentencia, dictada en primera instancia contra el expresidente y los demás acusados. Durante 2021, un juez había sobreseído a Bucaram y su hijo, pero una apelación presentada por la Fiscalía permitió continuar posteriormente el juicio.
Expresidentes sudamericanos frente a condenas judiciales
Bucaram se suma a otros antiguos gobernantes sudamericanos que recibieron condenas penales durante los últimos años por delitos vinculados con corrupción financiera. Los casos presentan acusaciones y procesos diferentes, aunque comparten el hecho excepcional de llevar ante tribunales a personas que anteriormente encabezaron gobiernos nacionales.
En Perú, Alejandro Toledo, presidente entre 2001 y 2006, fue condenado a veinte años y seis meses por colusión y lavado de activos. El proceso determinó que recibió sobornos de la constructora brasileña Odebrecht vinculados con la concesión de tramos de la carretera Interoceánica Sur.
Otro expresidente peruano, Ollanta Humala, quien gobernó entre 2011 y 2016, recibió quince años de prisión por lavado de activos agravado. La sentencia estuvo relacionada con aportes ilícitos destinados a financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011.
Brasil también condenó al expresidente Fernando Collor, gobernante entre 1990 y 1992, por corrupción pasiva y lavado de dinero. Recibió ocho años y diez meses de prisión, aunque posteriormente obtuvo autorización judicial para cumplir la pena bajo arresto domiciliario por razones humanitarias.
En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió una pena de seis años en una causa por administración fraudulenta. La condena quedó firme en 2025 y la Justicia autorizó que cumpliera la pena mediante arresto domiciliario.
