A partir del nuevo artículo, Nicaragua limita normas extranjeras y conserva los convenios internacionales
Notipress.- Una nueva disputa jurídica se abre en Nicaragua, donde el Parlamento avanzó una reforma destinada a limitar los efectos internos de normas extranjeras. La modificación, incorporada al artículo 12 constitucional, busca impedir que disposiciones externas produzcan efectos jurídicos cuando sean consideradas contrarias a la soberanía nacional.
Al mismo tiempo, la propuesta conserva la aplicación de convenios firmados en nombre del Estado nicaragüense. Esa excepción resulta clave para entender que la reforma no elimina automáticamente todos los compromisos internacionales asumidos previamente por el país.
La Asamblea Nacional aprobó la incorporación durante una sesión especial y deberá volver a tratar la iniciativa en septiembre. Gustavo Porras, presidente del Parlamento, defendió el cambio como una barrera frente a normas extranjeras con efectos dentro de Nicaragua.
“Las leyes son nicaragüenses para los nicaragüenses, y no hay ley, no hay ley de fuera que venga a entorpecer y hacer efecto en Nicaragua”, sentenció Porras.
Qué cambia realmente con el artículo 12
El nuevo párrafo prohíbe la extraterritorialidad de leyes extranjeras y rechaza normas emitidas por otros Estados, grupos de Estados u organismos internacionales. Esa prohibición operaría cuando dichas disposiciones sean consideradas perjudiciales para la independencia, autodeterminación, seguridad, paz o soberanía de Nicaragua.
Los convenios suscritos oficialmente por el Estado continuarían teniendo aplicación dentro del país. Por eso, la reforma introduce una distinción entre compromisos aceptados por Nicaragua y decisiones externas que sus autoridades consideren incompatibles con la Constitución.
Ese margen de interpretación podría convertirse en uno de los puntos más sensibles de la reforma. El propio Estado tendría una capacidad amplia para determinar qué disposiciones extranjeras afectan intereses definidos como soberanos o vinculados con la seguridad nacional.
Aun con la reforma, otros países podrían imponer sanciones, restricciones financieras o medidas diplomáticas dentro de los límites de sus propias jurisdicciones. Su efecto principal estaría en Nicaragua, donde las autoridades buscarían negar consecuencias jurídicas internas a determinadas medidas externas.
Presión externa y concentración política
La reforma avanzó pocos días después de que la Organización de los Estados Americanos convocara una reunión urgente de cancilleres. Ese encuentro busca discutir posibles respuestas frente a los cambios electorales impulsados por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Aunque Nicaragua dejó la Organización de los Estados Americanos en 2023, las decisiones de sus miembros todavía pueden generar consecuencias diplomáticas. Entre ellas aparecen nuevas condenas políticas, presiones económicas o una degradación de las relaciones con otros gobiernos.
El contexto electoral aumenta la atención sobre esta reforma constitucional. Otra iniciativa también prevé excluir de las elecciones a opositores considerados oficialmente “traidores a la patria“.
Dicha propuesta, junto con el control oficialista de la Asamblea Nacional, intensificó los cuestionamientos sobre la competencia electoral. También se suma a una concentración institucional que distintos gobiernos y organismos internacionales han señalado durante los últimos años.
La votación prevista para septiembre definirá si la cláusula queda incorporada definitivamente en la Constitución. También mostrará hasta dónde Nicaragua pretende ampliar su margen jurídico frente a decisiones adoptadas fuera de sus fronteras.
