El Gobierno francés notificó a la Comisión Europea una nueva versión de su proyecto para impedir que los menores de 15 años accedan a redes sociales, después de que el Consejo Constitucional rechazara la primera iniciativa por considerar desproporcionada su afectación a la libertad de expresión.
Francia no está dispuesta a abandonar su intento de restringir el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales. El Gobierno de Emmanuel Macron presentó una nueva versión del proyecto y la notificó a la Comisión Europea, en un nuevo intento por sortear los obstáculos constitucionales que frenaron la iniciativa anterior.
Macron anunció la decisión este lunes y aseguró que el Ejecutivo había realizado un nuevo trabajo técnico para adaptar el texto tanto a las observaciones del Consejo Constitucional como a las exigencias del derecho europeo. El presidente francés también dejó clara su determinación de llevar la iniciativa hasta sus últimas consecuencias.
El movimiento llega apenas un mes después del revés sufrido por el Gobierno. El 14 de agosto, el Consejo Constitucional declaró contrario a la Constitución el artículo central de la ley que pretendía prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años.
El tribunal consideró que esa prohibición suponía una afectación desproporcionada de la libertad de expresión y comunicación de los adolescentes. El problema no era únicamente la finalidad de proteger a los menores, sino la manera en que la medida interfería con derechos constitucionales y las garantías asociadas a su aplicación.
La resolución obligó al Ejecutivo a replantear la estrategia. La propuesta anterior contemplaba que plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y Snapchat impidieran el acceso a usuarios menores de 15 años mediante mecanismos de verificación de edad. El texto también incluía otras medidas para proteger a los adolescentes frente a determinados riesgos del entorno digital.
Ahora, el Gobierno francés intenta construir una fórmula jurídicamente más sólida. Según la información difundida por la Agencia France-Presse, el nuevo proyecto identifica alrededor de una decena de funciones consideradas perjudiciales o potencialmente adictivas para los menores.
Entre ellas aparecen la reproducción automática de vídeos, las notificaciones durante la noche y las posibilidades de comunicación con cuentas desconocidas. El enfoque supone un cambio relevante: además de discutir quién puede acceder a una plataforma, Francia busca poner el foco en determinadas herramientas de diseño que pueden favorecer un uso excesivo o difícil de controlar.
La preocupación no es exclusiva de París. En Europa y otros países crece el debate sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes, especialmente por el funcionamiento de los algoritmos de recomendación y por mecanismos diseñados para mantener la atención del usuario durante largos periodos.
El Senado francés recuerda que, según datos de la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital, los jóvenes de entre 12 y 17 años pasan en promedio alrededor de una hora y 21 minutos diarios en TikTok. El mismo debate legislativo ha puesto bajo la lupa la exposición de los adolescentes a contenidos considerados extremos, nocivos o potencialmente perjudiciales para su bienestar.
Sin embargo, la protección de los menores choca con una dificultad que ya quedó expuesta por el Consejo Constitucional: cómo establecer restricciones eficaces sin crear una intervención excesiva sobre derechos fundamentales.
Ese equilibrio será precisamente una de las claves del nuevo intento. El Gobierno francés tendrá que demostrar que las medidas son necesarias y proporcionadas y, al mismo tiempo, ofrecer garantías suficientes respecto del tratamiento de los datos personales que puedan utilizarse para comprobar la edad de los usuarios.
La dimensión europea también resulta decisiva. Al notificar el proyecto a la Comisión Europea, Francia busca comprobar que la nueva propuesta puede convivir con las reglas comunitarias que regulan los servicios digitales. El paso es especialmente importante porque una regulación nacional sobre plataformas que operan en toda Europa puede terminar teniendo consecuencias mucho más amplias.
Macron quiere, de hecho, que la experiencia francesa sirva de referencia para otros países de la Unión Europea. El presidente ha pedido a la Comisión Europea avanzar hacia una solución común que establezca una edad mínima para las redes sociales en todo el bloque.
La iniciativa francesa llega mientras Bruselas también analiza distintas alternativas. Reuters informó que la Comisión Europea estudia un modelo de acceso gradual para los menores, mientras Macron defiende una prohibición más tajante hasta los 15 años. La diferencia refleja un debate todavía abierto sobre si la solución debe consistir en establecer una edad mínima uniforme o en limitar progresivamente determinadas funciones conforme aumenta la edad del usuario.
El antecedente internacional también pesa. Australia ya ha puesto en marcha una de las regulaciones más estrictas sobre el acceso de menores a redes sociales, mientras otros gobiernos estudian fórmulas similares. Francia pretende colocarse nuevamente entre los países que impulsan una intervención fuerte frente a las grandes plataformas tecnológicas.
La discusión, sin embargo, está lejos de ser sencilla. Una prohibición puede parecer una solución clara sobre el papel, pero su aplicación plantea preguntas prácticas: cómo verificar la edad sin recopilar información personal excesiva, cómo evitar que los menores burlen las restricciones y quién debe asumir la responsabilidad cuando una plataforma incumpla.
También está la cuestión familiar. Algunos gobiernos y sectores políticos europeos consideran que determinadas decisiones deberían quedar principalmente en manos de los padres. Macron, en cambio, defiende una intervención legislativa que establezca un límite general para todos los menores de determinada edad.
Francia se encuentra ahora ante una segunda oportunidad, pero también ante una prueba jurídica. El Gobierno quiere demostrar que puede proteger a los menores sin repetir los errores que llevaron al rechazo de la primera ley.
Macron ha convertido la regulación de las redes sociales y la protección de los menores en una de las prioridades de la última etapa de su mandato. La nueva propuesta mostrará hasta dónde puede llegar esa estrategia sin entrar nuevamente en conflicto con las garantías constitucionales y las reglas europeas.
Por ahora, el objetivo sigue siendo el mismo: impedir que los menores de 15 años tengan acceso a las principales redes sociales. Lo que cambia es el camino elegido para intentar conseguirlo.
