La democracia del siglo XXI enfrenta una amenaza que ya no proviene únicamente de los golpes de Estado o de la ruptura abierta de las instituciones, sino también del desgaste silencioso del Estado de derecho, la manipulación informativa y la pérdida de confianza ciudadana.
Cada 15 de septiembre, el mundo recuerda que la democracia no consiste solamente en acudir a las urnas. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció esta fecha como el Día Internacional de la Democracia en 2007, con el propósito de promover su fortalecimiento y revisar periódicamente su estado. Casi dos décadas después, la conmemoración adquiere un significado incómodo: la democracia sigue siendo una aspiración compartida, pero sus instituciones muestran señales de fatiga.
El diagnóstico internacional resulta difícil de ignorar. En su informe El Estado Global de la Democracia 2026, publicado este 15 de septiembre, IDEA Internacional señala que alrededor del 57 por ciento de los países analizados registró un deterioro en al menos un indicador democrático entre 2020 y 2025. El organismo identifica retrocesos particularmente importantes en Estado de derecho, representación y derechos. La independencia judicial alcanzó su nivel más bajo en 36 años y la credibilidad de las elecciones cayó a su peor registro en tres décadas.
La cifra importa, pero detrás de ella hay algo más profundo. El Estado de derecho funciona como una especie de barandal institucional: limita el poder, protege derechos y establece reglas que deben aplicarse incluso cuando resultan incómodas para quienes gobiernan. Cuando ese barandal se debilita, la democracia puede conservar elecciones, parlamentos y discursos oficiales, pero pierde una parte esencial de su contenido.
Y es que el deterioro democrático ya no siempre llega acompañado de imágenes dramáticas. Puede avanzar mediante el debilitamiento gradual de los contrapesos, la presión sobre periodistas, la desconfianza hacia los tribunales o la reducción de los espacios para la sociedad civil. Según IDEA Internacional, en 2024 la libertad de prensa disminuyó en 43 países, el retroceso más amplio registrado por su índice desde 1975.
Al mismo tiempo, la arena política se ha trasladado con fuerza al territorio digital. Las redes sociales ampliaron las posibilidades de expresión y participación, pero también crearon un entorno donde una mentira puede viajar con mayor velocidad que una rectificación. La UNESCO ha advertido que la transformación de los ecosistemas informativos por las plataformas digitales plantea nuevos desafíos para la confianza pública y puede afectar valores democráticos esenciales, entre ellos la integridad electoral.
El problema no consiste simplemente en que circulen noticias falsas. La desinformación puede explotar emociones, profundizar divisiones sociales y hacer que los ciudadanos terminen dudando incluso de información comprobable. En ese escenario, el autoritarismo digital adquiere una dimensión especialmente preocupante cuando las herramientas tecnológicas son utilizadas para perseguir voces críticas, restringir el debate público o ampliar la vigilancia sobre ciudadanos, periodistas y organizaciones.
La ONU ha insistido, precisamente, en que la libertad de expresión y la participación son componentes indispensables de una democracia saludable. No se trata de aceptar cualquier contenido sin cuestionarlo, sino de proteger las condiciones que permiten discutir, disentir y corregir errores sin temor.
Por eso, fortalecer la democracia exige algo más que reformar leyes o celebrar elecciones periódicamente. Hace falta recuperar la confianza mediante instituciones que rindan cuentas, medios de comunicación independientes, educación cívica y ciudadanos capaces de distinguir entre información, propaganda y manipulación. También resulta indispensable abrir espacios reales para que la sociedad participe más allá del momento de votar.
La verdad es que ningún sistema democrático está vacunado contra el desgaste. Una sociedad puede acostumbrarse lentamente a la intolerancia, al descrédito de las instituciones o a la idea de que las reglas solo deben cumplirse cuando favorecen al propio grupo. Allí comienza una transformación peligrosa: el pacto social deja de ser un compromiso compartido y se convierte en una disputa permanente por el control.
El Día Internacional de la Democracia, por ello, no debería limitarse a una celebración protocolaria. Es una oportunidad para recordar que la democracia se construye todos los días, en los tribunales, en las escuelas, en los medios, en las comunidades y también frente a la pantalla de un teléfono. Protegerla implica defender el derecho a participar, pero también aceptar los límites al poder y reconocer que ninguna mayoría tiene derecho a destruir las libertades que hacen posible la convivencia.
