La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado nicaragüense proteger la vida, integridad y salud de Daysi Amelia Castillo Álvarez, detenida desde enero de 2025 y de cuyo paradero y estado actual sus familiares aseguran no tener información oficial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Daysi Amelia Castillo Álvarez, alguacila judicial nicaragüense que permanece detenida desde el 7 de enero de 2025. El organismo consideró que existe una situación de gravedad y urgencia que pone en riesgo sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.
La resolución fue emitida el 20 de agosto y publicada este lunes. La CIDH señaló que, desde su detención, Castillo Álvarez permanece en condiciones de incomunicación y que sus familiares y personas cercanas no disponen de información oficial sobre el lugar donde se encuentra, las condiciones de su reclusión o su estado de salud.
El organismo interamericano también destacó un elemento especialmente preocupante: el Estado de Nicaragua no proporcionó información a la Comisión sobre las medidas adoptadas para atender la situación denunciada. Esa ausencia de información impidió a la CIDH verificar si existían garantías suficientes para reducir el riesgo que enfrenta la funcionaria judicial.
La resolución establece que Nicaragua debe precisar las circunstancias y condiciones de la detención, incluido el lugar donde se encuentra Castillo Álvarez. También solicita que se garanticen visitas y contacto regular con sus familiares y representantes legales de confianza.
La CIDH pidió además una valoración médica integral e inmediata, así como atención básica y especializada, acceso a los medicamentos que requiera y a la información correspondiente sobre su estado de salud. Las autoridades deberán procurar que las condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
El organismo solicitó igualmente que las medidas de protección sean acordadas con la beneficiaria y sus representantes y que el Estado informe sobre las acciones emprendidas para investigar los hechos que originaron la resolución y evitar que vuelvan a ocurrir.
Las medidas cautelares no constituyen una sentencia ni determinan por sí mismas que Nicaragua haya cometido las violaciones denunciadas. La propia CIDH aclaró que su decisión no prejuzga sobre una eventual petición dentro del sistema interamericano. Se trata de una herramienta de protección urgente utilizada cuando existe un riesgo grave de daño irreparable.
El caso de Castillo Álvarez ocurre en un contexto más amplio de preocupación internacional por las condiciones de las personas detenidas en Nicaragua. En su informe anual correspondiente a 2025, la CIDH documentó nuevas detenciones arbitrarias y un incremento de prácticas relacionadas con el ocultamiento o la desaparición forzada de personas detenidas. El organismo también señaló preocupaciones por la falta de independencia judicial y por cambios constitucionales que redujeron garantías relacionadas con el debido proceso.
Human Rights Watch ha descrito igualmente un patrón de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y persecución de críticos durante el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su Informe Mundial 2026 señaló que, hasta octubre de 2025, una organización de derechos humanos contabilizaba al menos 77 personas privadas de libertad por razones políticas.
Amnistía Internacional también ha documentado detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas consideradas disidentes. En julio de 2026, la organización advirtió que las autoridades nicaragüenses continuaban debilitando el Estado de derecho y señaló que cientos de profesionales del derecho habían perdido sus licencias para ejercer, una situación que, según expertos de Naciones Unidas citados por Amnistía, dificulta todavía más el acceso a una defensa independiente.
La propia CIDH ha emitido durante agosto varias medidas cautelares relacionadas con personas detenidas o cuyo paradero se desconoce en Nicaragua. Entre ellas figuran Santos Ariel Rodríguez Lagos e Isaías Castro Ruiz, en decisiones que también señalaron riesgos para la vida y la integridad personal y cuestionaron la falta de información oficial sobre sus condiciones de detención.
El patrón que aparece en estas resoluciones es particularmente delicado. Cuando una persona permanece bajo custodia estatal pero sus familiares no pueden conocer con certeza dónde se encuentra, cómo está de salud o si tiene acceso a abogados y atención médica, resulta difícil verificar que sus derechos estén siendo respetados.
En el caso de Daysi Amelia Castillo Álvarez, la CIDH ha pedido precisamente romper ese aislamiento. Saber dónde está, permitir el contacto con su familia y defensa, conocer su estado de salud y garantizar atención médica son ahora las principales obligaciones señaladas al Estado nicaragüense.
La resolución vuelve a colocar sobre Nicaragua la responsabilidad de demostrar que las personas bajo custodia estatal permanecen protegidas. Para la CIDH, en este caso la falta prolongada de información no es un detalle administrativo: es uno de los factores que contribuyen al riesgo que motivó la intervención del organismo interamericano.
