Una jueza federal de Río Grande ordenó suspender las obras vinculadas con el proyecto Sea Lion hasta que se tramite una evaluación ambiental, en una decisión que vuelve a colocar la explotación de hidrocarburos en el centro de la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido.
La justicia federal argentina ordenó este miércoles frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum en aguas próximas a las Islas Malvinas, territorio administrado por el Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina.
La decisión fue adoptada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, quien hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por la Asociación Civil de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata. La acción judicial planteó posibles daños ambientales y cuestiones vinculadas con la soberanía.
Según informó la Procuración General de la Nación, la resolución ordena a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, también denominado León Marino, previsto aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas.
La medida alcanza las perforaciones del lecho y subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina, conductos, sistemas de conducción y otras obras relacionadas con la extracción y transporte de hidrocarburos. La jueza también pidió a las empresas información sobre el estado de ejecución del proyecto, sus contratistas, entidades financieras y aseguradoras, además de los estudios ambientales realizados.
El punto central de la resolución es la evaluación de impacto ambiental. La medida cautelar establece que las operaciones deberán mantenerse suspendidas mientras se sustancia ante la autoridad ambiental argentina competente el procedimiento correspondiente.
La decisión judicial, sin embargo, no equivale a una resolución definitiva sobre la soberanía de las islas ni sobre el fondo de la controversia. El propio fallo tiene carácter cautelar, por lo que su objetivo inmediato es evitar que determinadas actividades avancen mientras continúa el proceso judicial.
El proyecto Sea Lion se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre Buenos Aires y Londres. Las compañías sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las Islas Malvinas y respaldadas por el Reino Unido. Argentina, por su parte, considera que esas autorizaciones carecen de validez porque fueron concedidas en un territorio cuya soberanía reclama.
Reuters informó esta semana que Rockhopper y Navitas mantienen sus planes de desarrollar el proyecto pese a las acciones judiciales y administrativas impulsadas por el Gobierno argentino. Las empresas han defendido la validez de sus licencias, mientras que Londres sostiene que Argentina no tiene jurisdicción sobre las actividades desarrolladas en las islas.
El proyecto contempla una explotación petrolera de gran escala. Reuters ha señalado que Sea Lion está operado por Navitas, que posee una participación del 65 por ciento, mientras Rockhopper mantiene el 35 por ciento. Las compañías prevén comenzar la producción en 2028 y estiman una capacidad inicial de alrededor de 50.000 barriles diarios.
Además del conflicto jurídico, el expediente incorpora una preocupación ambiental. Las organizaciones demandantes sostienen que una actividad petrolera de estas características debe someterse previamente a controles ambientales que permitan identificar y prevenir posibles daños sobre el ecosistema marino.
Y es que la cuestión ambiental añade una dimensión distinta a una disputa que durante décadas ha estado dominada por la discusión territorial. En este caso, el argumento llevado ante los tribunales busca que la prevención de posibles daños sea considerada antes de que comiencen las operaciones de extracción.
La controversia territorial tiene además un marco internacional particular. La resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas, adoptada en 1965, reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido e insta a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas. Naciones Unidas mantiene actualmente a las Malvinas en su lista de Territorios No Autónomos y señala al Reino Unido como potencia administradora.
En los últimos días, el Gobierno de Javier Milei ha intensificado su ofensiva diplomática y judicial contra las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas. El Ejecutivo argentino anunció además un proyecto legislativo para endurecer las sanciones contra compañías que participen en actividades petroleras consideradas ilegales por Buenos Aires.
Reuters informó que Argentina ya había presentado una denuncia penal contra Navitas y algunos de sus ejecutivos por operar en las Malvinas sin autorización argentina. Las compañías rechazan esa interpretación y sostienen que sus actividades se desarrollan al amparo de las licencias emitidas por las autoridades de las islas.
El Reino Unido, por su parte, mantiene una posición contraria a la jurisdicción argentina sobre las Malvinas y respalda las actividades económicas desarrolladas bajo la administración de las islas. Esa diferencia hace que el alcance práctico de la orden judicial argentina sea una cuestión todavía abierta, especialmente porque las empresas y las autoridades británicas no reconocen la competencia de los tribunales argentinos sobre el territorio.
La decisión de Río Grande llega, por tanto, en un momento de creciente tensión diplomática. El petróleo ha añadido un recurso económico estratégico a una disputa territorial que permanece sin solución desde hace décadas y que tuvo su episodio bélico más grave en 1982, cuando Argentina y Reino Unido se enfrentaron durante la Guerra de las Malvinas.
Por ahora, el fallo coloca un freno judicial al avance material del proyecto dentro del ámbito que Argentina considera sujeto a su jurisdicción. El siguiente capítulo dependerá tanto de la evolución del proceso judicial como de la respuesta de las empresas y de las autoridades británicas, mientras la disputa de soberanía continúa por la vía diplomática.