Moody’s anticipa una posible mejora en sus previsiones para la economía mexicana, pero advierte que un crecimiento inferior al 2 por ciento difícilmente permitirá reducir de manera sostenida la carga de la deuda y atender los rezagos sociales del país.
La economía mexicana podría recibir una revisión al alza en sus perspectivas de crecimiento para 2026 y 2027, pero el ajuste no cambia el problema de fondo que observa Moody’s Ratings: el ritmo de expansión continúa siendo demasiado limitado para aliviar de forma consistente las presiones sobre las finanzas públicas.
Durante la conferencia anual Moody’s Inside México, Renzo Merino, analista soberano de la calificadora, señaló que la agencia podría elevar su estimación para el Producto Interno Bruto de México de 1 a 1.5 por ciento este año y de 1.5 a 1.8 por ciento para 2027. Se trata, sin embargo, de una posible revisión y no de un pronóstico definitivo ya publicado por la firma.
La advertencia central es que México necesitaría mantener un crecimiento superior al 2 por ciento para avanzar hacia una consolidación fiscal capaz de colocar la deuda en una trayectoria descendente. Ese mayor dinamismo también daría más margen para atender necesidades acumuladas en educación, salud e infraestructura.
El señalamiento adquiere relevancia porque la economía mexicana viene de un periodo de expansión moderada. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el PIB creció 1.4 por ciento en el segundo trimestre de 2026 respecto del trimestre previo y 1.9 por ciento a tasa anual. Para todo 2025, el crecimiento fue de 0.8 por ciento.
Además, otras instituciones han colocado sus previsiones recientes en un rango parecido. Fitch elevó su estimación para México a 1.4 por ciento en 2026 y mantuvo 1.8 por ciento para 2027, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos proyectó un crecimiento de 1.5 por ciento este año y 1.8 por ciento el próximo.
La diferencia entre crecer alrededor de 1.5 por ciento y superar de manera sostenida el 2 por ciento puede parecer pequeña en una cifra anual, pero para las finanzas públicas representa un margen importante. Una economía que crece con mayor rapidez tiende a generar una base más amplia de ingresos, mientras que una expansión débil deja menos espacio para reducir el déficit y, al mismo tiempo, financiar servicios e infraestructura.
Ese es precisamente uno de los puntos que Moody’s coloca sobre la mesa. Según Merino, México enfrenta prioridades fiscales que compiten entre sí en un escenario internacional marcado por incertidumbre geopolítica, tensiones arancelarias y mercados financieros más selectivos. Los inversionistas, explicó, están exigiendo mayores rendimientos para adquirir deuda gubernamental, lo que encarece su financiamiento.
El costo de los intereses constituye uno de los principales focos de presión. Información presentada por Moody’s señala que México destinaba alrededor de 10 por ciento de sus ingresos al pago de intereses de la deuda en 2023, proporción que aumentó a aproximadamente 17 por ciento en 2024. Merino también ha señalado en intervenciones anteriores que actualmente el Gobierno federal destina cerca de 17 por ciento de sus ingresos a este concepto, frente a niveles de entre 10 y 11 por ciento en 2021.
La consecuencia es bastante concreta: cada peso destinado al servicio de la deuda es un peso que deja de estar disponible para otras necesidades presupuestarias. En un país con rezagos importantes, esa competencia por los recursos se vuelve especialmente relevante cuando se habla de hospitales, escuelas, carreteras, agua o infraestructura productiva.
Moody’s también ha advertido sobre la trayectoria del endeudamiento. En junio, Merino estimó que la deuda del Gobierno federal podría aproximarse al 55 por ciento del PIB hacia 2028, frente a cerca de 40 por ciento en 2023 y casi 50 por ciento en 2025. La previsión está condicionada por la evolución del déficit, el crecimiento económico y las decisiones fiscales de los próximos años.
Al mismo tiempo, la calificadora ha identificado obstáculos estructurales que van más allá del comportamiento de un solo ejercicio. En un análisis difundido esta semana, Moody’s señaló que las brechas de infraestructura, las debilidades institucionales, la informalidad, el bajo crecimiento de la productividad y una intermediación financiera limitada siguen afectando la inversión y el desempeño económico.
El propio Gobierno mexicano contempla un escenario de recuperación más amplio en su propuesta presupuestaria para 2027. El proyecto presentado al Congreso plantea un crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por ciento para ese año y una reducción del déficit del sector público. La distancia entre esas metas y las estimaciones de organismos y calificadoras refleja, en buena medida, la incertidumbre que todavía rodea la velocidad de recuperación de la economía.
La discusión, por tanto, no se limita a cuánto crecerá México durante un año determinado. El desafío está en conseguir que el crecimiento sea suficientemente sólido y persistente para aumentar los ingresos, contener el déficit y reducir gradualmente el peso de los intereses, sin desplazar las necesidades sociales y de inversión que también reclaman recursos.
Para Moody’s, México conserva características propias de un emisor con grado de inversión, pero la evolución de sus cuentas públicas seguirá siendo determinante. La verdadera prueba estará en si el país consigue combinar una recuperación económica más firme con una estrategia fiscal capaz de estabilizar la deuda y recuperar margen de maniobra presupuestario.