El Día Internacional del Acceso Universal a la Información coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre transparencia, periodismo y rendición de cuentas, en un contexto en el que México modificó su sistema institucional de acceso a la información y mantiene abierto el desafío de garantizar una fiscalización efectiva del poder público.
Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, una fecha proclamada por la UNESCO para destacar el derecho de las personas a buscar, recibir y utilizar información pública. En 2026, la jornada adquiere particular relevancia ante la transformación de los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos pueden conocer las decisiones, contratos y utilización de recursos de sus gobiernos.
El acceso a la información pública no constituye únicamente una herramienta administrativa para solicitar documentos. Es también un mecanismo mediante el cual la sociedad puede conocer cómo se toman las decisiones públicas, cuánto dinero se ejerce, quién recibe recursos y qué resultados producen las políticas gubernamentales.
En ese proceso, el periodismo desempeña una función particular. Las solicitudes de información, los documentos oficiales, los registros presupuestarios y las bases de datos pueden convertirse en investigaciones periodísticas capaces de explicar asuntos que, por su volumen o complejidad, difícilmente serían comprendidos mediante la publicación aislada de documentos.
La UNESCO vincula el acceso universal a la información con sociedades abiertas, la libertad de expresión, la alfabetización mediática y la seguridad de los periodistas. La organización también ha advertido que la transformación del ecosistema digital ha generado nuevos problemas relacionados con la desinformación y la pérdida de confianza en las instituciones y los medios de comunicación.
La transparencia, sin embargo, no significa que toda información deba hacerse pública sin excepción. Los sistemas democráticos reconocen determinadas restricciones relacionadas, entre otros asuntos, con la protección de datos personales, la vida privada y la seguridad nacional. El desafío institucional consiste en evitar que esas excepciones se conviertan en mecanismos generales para impedir el conocimiento de información que debería ser pública.
En México, el sistema de transparencia experimentó una transformación profunda durante 2025. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dejó de existir como organismo constitucional autónomo y sus funciones fueron redistribuidas entre nuevas autoridades. La reforma constitucional y las leyes publicadas posteriormente modificaron la estructura institucional encargada de garantizar el derecho de acceso a la información.
El nuevo modelo estableció a Transparencia para el Pueblo como órgano desconcentrado vinculado con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para atender las funciones correspondientes a la Administración Pública Federal. También se distribuyeron responsabilidades entre distintos poderes y organismos, de acuerdo con el ámbito de competencia de cada sujeto obligado.
El Gobierno federal ha defendido la reforma bajo el argumento de que el derecho de acceso a la información permanece vigente y que el nuevo esquema permitirá mantener las obligaciones de transparencia con una estructura administrativa diferente. En agosto de 2026, además, el Ejecutivo anunció medidas para fortalecer la Plataforma Nacional de Transparencia, particularmente en materia de contrataciones públicas, empresas filiales de Pemex y CFE, fiscalización y auditorías.
La legislación vigente mantiene el principio de máxima publicidad. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que el Estado debe garantizar el acceso a la información en posesión de las autoridades y otros sujetos obligados, mientras que las restricciones deben sujetarse a las excepciones establecidas por la Constitución y las leyes.
La discusión institucional, por tanto, no termina con la existencia de una plataforma o con la publicación de normas. Una política efectiva de transparencia depende también de que las instituciones documenten sus decisiones, respondan las solicitudes dentro de los plazos establecidos, entreguen información verificable y permitan impugnar las negativas injustificadas.
Para el periodismo de investigación, esta infraestructura resulta especialmente importante. Una investigación sobre contratos públicos, por ejemplo, puede comenzar con una solicitud de información y continuar con la revisión de presupuestos, padrones de proveedores, registros empresariales, auditorías y documentos judiciales. La información pública se convierte así en materia prima para reconstruir hechos que pueden tener consecuencias sobre la administración de recursos colectivos.
La relación entre periodismo y transparencia también plantea una responsabilidad para los propios medios. El acceso a documentos no sustituye la obligación de verificar datos, contrastar versiones, identificar conflictos de interés y distinguir entre hechos comprobados, interpretaciones y acusaciones. La transparencia institucional y el periodismo riguroso se necesitan mutuamente, pero cumplen funciones diferentes.
En sentido contrario, cuando las autoridades utilizan información reservada de manera excesiva, retrasan respuestas o dificultan el acceso a documentos públicos, disminuyen las posibilidades de escrutinio externo. La opacidad no necesariamente implica que exista una conducta ilícita detrás de cada información que no se publica, pero sí reduce la capacidad de la sociedad para comprobar cómo se toman las decisiones y cómo se utilizan los recursos.
Por ello, el derecho de acceso a la información tiene una dimensión que trasciende al ciudadano que presenta una solicitud. Los datos obtenidos pueden beneficiar a investigadores, periodistas, organizaciones civiles, académicos y otros ciudadanos. Una respuesta pública puede convertirse posteriormente en evidencia para investigaciones que permitan detectar irregularidades, evaluar políticas o simplemente comprender mejor el funcionamiento de las instituciones.
La conmemoración de 2026 ocurre, además, en un escenario internacional marcado por una preocupación creciente sobre la calidad de los ecosistemas informativos. La UNESCO ha señalado que la desinformación, la transformación de las plataformas digitales y el deterioro de la confianza pública representan desafíos para la libertad de expresión y para la capacidad de los periodistas de cumplir su función social.
El acceso universal a la información tampoco puede reducirse a la posibilidad formal de consultar una base de datos. Para que ese derecho sea efectivo, la información debe ser localizable, comprensible, suficientemente detallada y susceptible de ser contrastada. La transparencia que obliga a publicar millones de documentos incomprensibles puede cumplir una exigencia formal sin necesariamente facilitar el escrutinio ciudadano.
El reto, en consecuencia, consiste en construir instituciones capaces de proporcionar información pública y, al mismo tiempo, garantizar procedimientos para cuestionar las negativas, proteger los datos personales y delimitar adecuadamente las excepciones. En ese equilibrio se encuentra una parte esencial de la rendición de cuentas.
A final de cuentas, una sociedad informada no depende solamente de que el Gobierno publique datos. Depende de que esos datos puedan ser examinados, comparados y utilizados para formular preguntas sobre el ejercicio del poder. El periodismo puede convertir esa información en conocimiento público; la ciudadanía puede utilizarlo para evaluar las decisiones de sus autoridades.
El Día Internacional del Acceso Universal a la Información recuerda así un principio sencillo, pero de profundas consecuencias institucionales: aquello que se hace con recursos públicos debe estar sujeto al mayor nivel de escrutinio compatible con la ley. La transparencia no elimina los conflictos entre gobierno, medios y sociedad, pero proporciona una de las herramientas fundamentales para que esos conflictos puedan resolverse con evidencia y no únicamente con declaraciones.