Con agentes encubiertos y auditorías forenses, el Gobierno buscará detectar irregularidades antes del desvío de recursos
Notipress.- Colombia prepara un cambio en la forma de perseguir posibles actos de corrupción, con controles destinados a seguir el dinero antes de que desaparezca. El presidente Abelardo De La Espriella puso en marcha una ofensiva basada en investigación encubierta, auditorías forenses, tecnología y seguimiento financiero de recursos estatales.
La estrategia pretende intervenir desde las primeras etapas de la contratación pública y detectar señales que puedan advertir sobre posibles irregularidades. “Durante demasiado tiempo, el Estado buscó la plata después del robo. En mi Gobierno no vamos a permitir que se la roben. Nosotros queremos llegar antes”, afirmó.
Rastreo antes del desvío
Como parte del nuevo esquema, el Gobierno anunció la creación del Bloque de Búsqueda contra la Corrupción para coordinar investigaciones y controles especializados. Cristina Lombana fue designada secretaria de Transparencia y tendrá la responsabilidad de liderar la estrategia para identificar el destino de recursos públicos.
De La Espriella aseguró además que agentes encubiertos ya trabajan dentro de la administración pública para investigar posibles hechos relacionados con corrupción. Las revisiones abarcarán contratos, anticipos, modificaciones contractuales, patrimonios, sociedades, beneficiarios reales y movimientos financieros, siempre dentro de las facultades establecidas legalmente.
Cuando aparezcan elementos que puedan constituir delitos, faltas disciplinarias o detrimentos patrimoniales, los hallazgos deberán ser remitidos a las autoridades competentes. La estrategia también contempla extender investigaciones fuera de Colombia cuando recursos vinculados con actividades ilícitas terminen trasladados hacia otras jurisdicciones.
Auditorías sobre contratos públicos
Uno de los primeros casos señalados corresponde al contrato interadministrativo 1166 de 2026, relacionado con el programa Ciberpaz y la Universidad de Pamplona. Ese acuerdo, celebrado con el anterior Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tuvo un valor de 14.984 millones de pesos colombianos.
De La Espriella solicitó una auditoría forense para establecer costos, lugares de ejecución, participantes, certificaciones y resultados entregados mediante ese contrato. La revisión también deberá determinar cómo fueron utilizados los recursos y si los gastos realizados cuentan con una justificación proporcional y verificable.
El Gobierno planteó extender estas revisiones hacia cuentas, contratos y obligaciones correspondientes a administraciones anteriores cuando existan motivos para examinarlos. Esta línea busca reconstruir el recorrido del dinero público y establecer si determinadas operaciones ameritan investigaciones adicionales por parte de organismos competentes.
Controles en distintos niveles
La ofensiva también alcanzó a universidades públicas y administraciones territoriales, aunque el presidente sostuvo que estas actuaciones no sustituyen decisiones de los jueces. Sobre las universidades de Córdoba y Pamplona, el Ejecutivo ordenó labores de inspección y vigilancia dentro de las competencias del Ministerio de Educación.
De La Espriella señaló que continuará la inversión pública, pero aseguró que los recursos destinados a esa región estarán acompañados por controles. También pidió retirar al entonces director nacional de Bomberos, Germán Miranda, después de considerar incompatibles determinadas actuaciones con la confianza de su Gobierno.
El presidente afirmó que las responsabilidades jurídicas deberán ser establecidas por las autoridades y diferenció esas investigaciones de las decisiones administrativas sobre funcionarios. Los controles, según anunció, también comprenderán ministros, directores, contratistas, aliados, amigos y personas cercanas a su familia durante la actual administración.