La responsable de la COP30 sostiene que las presiones comerciales de Estados Unidos están dificultando que otros países aceleren su transición energética, mientras Brasil prepara una propuesta voluntaria para reducir progresivamente la dependencia del petróleo, el gas y el carbón.
La transición mundial hacia una economía menos dependiente de los combustibles fósiles llegará a la COP31 de Antalya, Turquía, acompañada de un nuevo elemento de presión geopolítica. Ana Toni, directora ejecutiva de la COP30 celebrada en Belém, Brasil, afirmó que las políticas comerciales de Estados Unidos están teniendo efectos negativos sobre la capacidad de otros países para avanzar en sus compromisos climáticos.
En una entrevista con la Agencia France-Presse, Toni señaló que el impacto no se limita a la decisión de Washington de retirarse nuevamente del Acuerdo de París. A su juicio, la combinación de aranceles, presiones comerciales y la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China también está condicionando las decisiones energéticas de terceros países.
Uno de los ejemplos planteados por la funcionaria brasileña se relaciona con las tecnologías de bajas emisiones fabricadas en China. Según su explicación, algunos gobiernos pueden mostrarse más cautelosos a la hora de adquirir productos chinos vinculados con la transición energética ante el temor de posibles represalias estadounidenses. En otros casos, sostuvo, Washington habría presionado para favorecer la compra de productos estadounidenses con una mayor huella de carbono.
La consecuencia, desde su perspectiva, es que algunos países pueden terminar retrasando inversiones y políticas destinadas a reducir sus emisiones.
La acusación de Toni se produce en un momento en que la diplomacia climática intenta trasladar los acuerdos internacionales hacia medidas concretas. La ONU ha definido la COP31 como una conferencia centrada en la implementación y ha establecido que la reunión se celebrará en Antalya del 9 al 20 de noviembre de 2026. Turquía será el país anfitrión y Australia tendrá la presidencia de las negociaciones.
La propia ONU ha señalado que el proceso hacia Antalya busca convertir compromisos anteriores en resultados prácticos y medibles. En ese contexto, Brasil pretende mantener una influencia importante a partir de los trabajos desarrollados durante la COP30.
Una salida voluntaria de los combustibles fósiles
Uno de los principales proyectos impulsados por la presidencia brasileña es una hoja de ruta internacional para orientar la reducción progresiva del uso de petróleo, gas y carbón.
La propuesta no pretende imponer cuotas específicas a cada país ni establecer un calendario obligatorio. La idea, explicó Toni, es construir un marco general que tenga en cuenta las diferencias existentes entre las economías y sus respectivos niveles de dependencia de los combustibles fósiles.
El planteamiento ya había sido anticipado durante 2026. La Presidencia de la COP30 confirmó que trabaja en un documento no vinculante destinado a acelerar una transición justa, ordenada y equitativa. Para su elaboración se han recibido aportaciones de gobiernos, empresas, organizaciones sociales y otros actores.
De acuerdo con información publicada por la Presidencia brasileña de la COP30, el documento pretende identificar medidas que permitan acelerar una transición que ya había sido reconocida internacionalmente en la COP28 de Dubái. El objetivo es avanzar hacia sistemas energéticos compatibles con la meta de alcanzar cero emisiones netas a mediados de siglo.
La iniciativa adquiere una dimensión adicional debido a las recientes tensiones en los mercados energéticos. Para Toni, las dificultades relacionadas con el suministro y el precio del petróleo muestran que reducir la dependencia de los combustibles fósiles no constituye únicamente una estrategia ambiental.
También puede convertirse, sostuvo, en una cuestión de seguridad energética y soberanía nacional. La lógica es relativamente sencilla: cuanto menos depende una economía de una fuente energética expuesta a conflictos, interrupciones de suministro y fuertes variaciones de precios, mayor margen tiene para controlar sus propios costos y decisiones estratégicas.
La electrificación gana espacio en la agenda
Otro de los asuntos que llegará a la COP31 será la electrificación de sectores como el transporte, los edificios y la industria.
La agenda climática de Naciones Unidas ya contempla la electrificación como una de las áreas prioritarias para acelerar la reducción de emisiones. Durante las reuniones preparatorias de 2026 se han planteado objetivos internacionales relacionados con aumentar la participación de la electricidad en el consumo final de energía y mejorar simultáneamente la eficiencia energética.
Toni considera que existe un consenso creciente respecto de la importancia de electrificar actividades que todavía dependen directamente de combustibles fósiles. Sin embargo, el beneficio climático dependerá también de cómo se produzca esa electricidad. Una mayor electrificación no garantiza por sí misma una reducción suficiente de emisiones si la generación eléctrica continúa dependiendo ampliamente del carbón, el petróleo o el gas.
Por ello, la transición energética plantea un desafío doble: sustituir progresivamente los combustibles fósiles y, al mismo tiempo, ampliar la generación mediante fuentes de bajas emisiones, fortalecer las redes eléctricas y mejorar la eficiencia del consumo.
El financiamiento vuelve a ser uno de los grandes obstáculos
La directora de la COP30 también cuestionó la falta de recursos destinados por los países desarrollados a las naciones en desarrollo para enfrentar el cambio climático.
El problema financiero es uno de los asuntos más difíciles de resolver en las negociaciones internacionales. Los países con menores ingresos sostienen que necesitan recursos para adaptarse a fenómenos meteorológicos extremos, transformar sus sistemas energéticos y proteger ecosistemas, pero las economías desarrolladas enfrentan presiones internas que dificultan ampliar sus compromisos.
La ONU reconoce que el financiamiento climático continúa siendo un componente central de la implementación del Acuerdo de París. En sus preparativos para la COP31, la organización también ha señalado la necesidad de garantizar la participación efectiva de los países con menor capacidad financiera.
Brasil pretende que la discusión energética se relacione precisamente con este problema. La propuesta de hoja de ruta impulsada desde la COP30 contempla cuestiones financieras, cooperación internacional, desarrollo de capacidades y una transición que tome en cuenta las diferencias sociales y económicas entre los países.
La Amazonía también forma parte de la estrategia brasileña
La política climática de Brasil no se limita a la energía. La reducción de la deforestación amazónica constituye otro de los argumentos con los que el gobierno brasileño busca mostrar avances antes de la COP31.
Los datos oficiales más recientes muestran una reducción considerable de los alertas de deforestación. El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil informó en agosto que entre agosto de 2025 y julio de 2026 los alertas de deforestación en la Amazonía disminuyeron 36 por ciento respecto del ciclo anterior, hasta 2,874.38 kilómetros cuadrados. Según el gobierno brasileño, se trata del menor registro de la serie histórica para ese periodo.
El resultado refuerza uno de los argumentos que Toni ha defendido durante años: para Brasil, combatir la pérdida de bosques tiene una importancia climática comparable con la transformación del sector energético, debido al peso de la deforestación en las emisiones nacionales.
El tema adquiere además una dimensión económica y diplomática. La protección de la Amazonía está vinculada con las relaciones comerciales de Brasil, el acceso a mercados que exigen mayores estándares ambientales y los esfuerzos internacionales para movilizar recursos destinados a conservar los bosques tropicales.
Un escenario político que añade incertidumbre
La discusión climática brasileña se desarrolla, además, en medio de un proceso electoral que podría modificar las prioridades ambientales del país.
Las elecciones presidenciales celebradas el 4 de octubre dejaron a Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta del 25 de octubre. El Tribunal Superior Electoral de Brasil confirmó esas fechas en el calendario oficial de los comicios.
El resultado convierte la política ambiental en uno de los asuntos que podrían adquirir relevancia durante las próximas semanas. La administración de Lula ha colocado la reducción de la deforestación y la transición energética entre sus principales compromisos climáticos, mientras que un eventual cambio de gobierno podría modificar el enfoque de esas políticas.
Por ahora, la posición de Brasil rumbo a Antalya mantiene como prioridades la transición energética, la protección de los bosques, la movilización de financiamiento y la implementación de los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo de París.
La disputa que describe Ana Toni refleja, en última instancia, una dificultad cada vez más evidente de la política climática internacional: la transición energética no ocurre en un vacío. Las decisiones sobre petróleo, gas, carbón, vehículos eléctricos, tecnología, comercio y financiamiento están profundamente vinculadas con la competencia económica entre las grandes potencias.
La COP31 tendrá que abordar precisamente esa tensión. La cuestión ya no consiste solamente en acordar nuevas metas ambientales, sino en determinar cómo pueden llevarse a la práctica cuando los intereses comerciales, energéticos y geopolíticos de los países avanzan en direcciones diferentes.
