La Fiscalía estadounidense sostiene que Caracas no ha reclamado inmunidad para Nicolás Maduro ni para Cilia Flores, mientras que sí gestionó esa protección para la presidenta interina Delcy Rodríguez en un proceso civil.
La disputa por la inmunidad de Nicolás Maduro entró en una nueva fase en los tribunales de Nueva York. La Fiscalía de Estados Unidos afirmó ante el juez federal Alvin K. Hellerstein que Venezuela nunca ha solicitado formalmente que el exmandatario o su esposa, Cilia Flores, sean considerados inmunes frente a los procesos judiciales que enfrentan en territorio estadounidense.
La posición del Gobierno estadounidense aparece en un documento presentado ante el tribunal que lleva el caso penal contra Maduro y Flores. Según los fiscales, Caracas tampoco ha sostenido que ambos estén protegidos por inmunidad en algún otro procedimiento pendiente en Estados Unidos.
El argumento contrasta con las gestiones realizadas por el Gobierno venezolano en favor de Delcy Rodríguez. De acuerdo con los documentos citados por la Fiscalía, la Embajada de Venezuela presentó el 14 de mayo una nota diplomática en la que solicitó formalmente que Rodríguez recibiera inmunidad como jefa de Estado en el caso civil Kenemore contra Maduro, abierto en Florida.
Posteriormente, el Gobierno estadounidense comunicó al tribunal que reconocía a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela y, con base en esa posición, sostuvo que gozaba de inmunidad frente a esa demanda.
La Fiscalía subraya que Venezuela no realizó una solicitud equivalente para Maduro en ese procedimiento. Para los fiscales, esta diferencia resulta relevante porque la defensa del exmandatario sostiene precisamente que su condición de jefe de Estado debe impedir que sea procesado en Estados Unidos.
La defensa de Maduro prepara su batalla judicial
Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York desde enero, después de ser capturados en Caracas durante una operación de fuerzas estadounidenses y trasladados a territorio estadounidense. Ambos se han declarado no culpables de los cargos presentados en su contra.
La defensa de Maduro sostiene que el exmandatario debe beneficiarse de la inmunidad correspondiente a un jefe de Estado. También ha cuestionado la legalidad de la operación mediante la cual fue trasladado a Estados Unidos, argumentos que forman parte de las impugnaciones previas al juicio.
Los fiscales, sin embargo, sostienen que Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente de Venezuela en 2019 y que posteriormente reconoció a Rodríguez como jefa de Estado interina. Desde esa perspectiva, la Fiscalía considera que los tribunales deben respetar la determinación del Ejecutivo estadounidense sobre quién ostenta el reconocimiento oficial como jefe de Estado.
El debate no se limita a una cuestión diplomática. La decisión sobre la inmunidad podría determinar si Maduro debe continuar enfrentando el proceso penal o si alguna parte de la acusación puede quedar impedida por las protecciones que corresponden a los jefes de Estado bajo determinadas circunstancias.
Una audiencia clave en noviembre
El juez Hellerstein tiene prevista para el 17 de noviembre una audiencia en la que escuchará los argumentos relacionados con las mociones presentadas por Maduro y Flores. La defensa busca que se desestime la acusación antes de que el caso llegue a juicio.
El proceso está programado para comenzar el 1 de junio de 2027, aunque el calendario podría modificarse dependiendo de las decisiones que adopte el tribunal sobre las impugnaciones previas.
Mientras tanto, Cilia Flores también ha solicitado ser trasladada a arresto domiciliario. Su defensa argumenta motivos relacionados con su situación personal, mientras que la Fiscalía se opone a la petición.
El caso coloca nuevamente en el centro del debate judicial estadounidense la relación entre reconocimiento diplomático, inmunidad de los jefes de Estado y jurisdicción penal. Para Maduro, la resolución de ese conflicto será determinante antes de que el tribunal pueda avanzar hacia el juicio previsto para el próximo año.
