El Senado aprobó reformas a la Ley General de Turismo que obligarán a los prestadores de servicios turísticos a verificar la relación legal entre los adultos y los menores que los acompañen, aplicar protocolos preventivos y denunciar posibles delitos. El decreto fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación.
La industria turística mexicana deberá reforzar sus mecanismos de prevención y detección de posibles casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, luego de que el Senado de la República aprobara, por unanimidad, modificaciones a la Ley General de Turismo para establecer nuevas obligaciones a los prestadores de servicios.
La reforma incorpora las fracciones X Bis y X Ter al artículo 58 de la legislación y busca fortalecer la protección de la infancia en hoteles, moteles, alojamientos destinados a estancias turísticas y otros servicios vinculados con los viajes, incluidos aquellos que se contratan por medios electrónicos.
De acuerdo con la información difundida por el Senado y reportada por El Economista el 7 de octubre, el decreto fue enviado al Ejecutivo federal para su promulgación. Su entrada en vigor está prevista para el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Documentación obligatoria y posible negativa del servicio
Entre las principales disposiciones se establece que los prestadores de servicios turísticos deberán solicitar a los adultos que viajen con menores documentos oficiales que permitan acreditar el parentesco, la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia legal.
Cuando no se presente la documentación requerida, los establecimientos deberán negar el servicio y dar aviso a las autoridades investigadoras ante la posible comisión de un delito. La finalidad es dificultar que personas involucradas en redes de explotación utilicen instalaciones turísticas para acercarse a menores de edad.
Las nuevas obligaciones también contemplan la aplicación de protocolos y acciones preventivas definidos por las autoridades competentes. Estos mecanismos deberán permitir la identificación de situaciones de riesgo y contemplar medidas de seguridad para proteger la integridad y la vida de niñas, niños y adolescentes, tanto en entornos físicos como electrónicos.
La reforma busca reforzar la responsabilidad de los negocios turísticos en la prevención del delito, sin limitar la intervención a la recepción de huéspedes. También plantea la necesidad de detectar indicios de posibles agresiones y comunicar oportunamente los casos sospechosos a las autoridades correspondientes.
Las cifras y el alcance del problema
La exposición de motivos del dictamen advierte sobre la gravedad de la explotación sexual infantil en México. Entre los antecedentes citados durante la discusión legislativa se encuentra un señalamiento de World Vision México, según el cual el país ocupa el segundo lugar como destino de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el contexto turístico.
Durante el debate parlamentario también se mencionaron estimaciones de entre 17,000 y 20,000 menores atrapados en redes de explotación sexual. Estas cifras fueron expuestas por legisladores y deben interpretarse como estimaciones citadas en la discusión, no como un conteo nacional actualizado de víctimas identificadas oficialmente.
Por su parte, UNICEF México ha documentado otros riesgos relacionados con la violencia sexual contra la infancia. En junio de 2026, el organismo informó que un estudio elaborado con ECPAT International e INTERPOL estimó que aproximadamente 1.6 millones de adolescentes en México sufren explotación o abuso sexual facilitados por tecnologías digitales durante un año. El dato corresponde a violencia sexual en línea y no debe confundirse con una medición específica del turismo sexual.
La dimensión digital del problema refuerza la importancia de que los protocolos de prevención incluyan los medios electrónicos, además de los procedimientos de atención presencial en hoteles y otros establecimientos.
El sector turístico, pieza clave en la prevención
La reforma se suma a otras iniciativas impulsadas para fortalecer la protección de la niñez en destinos turísticos. En 2026, UNICEF y autoridades de distintas entidades mexicanas promovieron campañas de prevención, detección y denuncia de la explotación sexual infantil, con participación de empresas hoteleras, servicios de transporte y otros actores del sector.
Estas acciones parten del reconocimiento de que la protección de menores requiere coordinación entre autoridades, establecimientos privados y sociedad. La capacitación del personal, la identificación de señales de alerta y la existencia de canales de denuncia son elementos relevantes para evitar que los servicios turísticos sean utilizados para facilitar delitos.
La aprobación legislativa representa un avance normativo, aunque su eficacia dependerá de la publicación del decreto, la definición de procedimientos claros, la capacitación de los prestadores de servicios y la coordinación con las autoridades encargadas de investigar posibles delitos.
