Hay problemas que una sociedad puede postergar durante algún tiempo, pero difícilmente puede hacerlo con la educación sin pagar consecuencias profundas. Es por que México parece encontrarse en esa encrucijada.
La evidencia de la crisis que se vive en educación se encuentra en los resultados de aprendizaje, los episodios de violencia en las escuelas, las confrontaciones entre docentes y familias que contribuyen a la creciente desconfianza hacia las instituciones educativas son señales de una crisis que no debería interpretarse como una sucesión de acontecimientos aislados.
En el fondo, lo que está en juego es la capacidad de la escuela para formar ciudadanos y contribuir al desarrollo de la nación.
Los resultados de PISA ofrecen una primera advertencia. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), apenas el 34 % de los estudiantes mexicanos de 15 años alcanzó el nivel básico de competencia en matemáticas, mientras que en lectura lo consiguió el 53 %.
Lo que significa que hay millones de jóvenes que enfrentan dificultades para resolver problemas, interpretar información y comprender textos con suficiente autonomía.
Analizar y aceptar la realidad de esas evaluaciones, no se trata de desacreditar a quienes enseñan, sino de reconocer que nuestro sistema educativo todavía está lejos de garantizar aprendizajes fundamentales.
Sin embargo, la crisis no termina en las calificaciones.
En el contexto de la realidad educativa y lo que está pasando en las escuelas, tenemos que integrar en el análisis el ataque ocurrido en una secundaria de Torreón, Coahuila, el pasado 1 de octubre, que costó la vida a la subdirectora Nery Edith Nevárez González y dejó varias personas lesionadas, estremeció a la comunidad educativa. Es muy lamentable que la violencia irrumpa en un espacio que debería estar destinado al conocimiento, la convivencia y la protección de la infancia.
No sería riguroso atribuir un hecho de esta naturaleza a una sola causa educativa; sí resulta indispensable preguntarnos ¿qué estamos haciendo para proteger la integridad de quienes estudian y trabajan en las escuelas?
A esta preocupación se suma la controversia registrada en Martínez de la Torre, Veracruz, donde una actividad escolar consistente en elaborar un croquis del trayecto entre la casa y la escuela provocó cuestionamientos contra un docente suplente, hasta el punto de interponer una denuncia por acoso ante la Fiscalía General del Estado.
Una situación que pudo resolverse de una forma más amigable recurriendo a la cadena de autoridad que es bien conocida en el sistema educativo, una madre de familia, hoy viralizada con el mote “#Lady Croquis“, sin mayor razón que su parecer escaló una situación académica en una demanda penal que resulta absurda, risible para quienes con un poco de neuronas la acusación no resulta creíble.
Sin ser la primera acción absurda de demandas de padres contra maestros o escuelas, pero si la más viralizada, nos lleva a establecer una cuestión fundamental que merece atención: ¿en qué momento el diálogo entre las familias y la escuela comenzó a transformarse, en determinados casos, en una confrontación que dificulta el trabajo educativo?
En estas disyuntivas el Estado no puede permanecer al margen. Como un ente regulador de esta práctica social, las políticas, así como las decisiones y acciones educativas, deben ponderarse, medirse y evaluar por estos hechos, por los resultados de los instrumentos institucionalizados y estandarizados, y no solamente por los principios ideológicos que las inspiran.
La educación necesita sensibilidad social que debe estar por encima de las ideologías política, pero también evidencia, planeación y mecanismos que permitan corregir con criterios científicos por la necesidad de contar con evidencias verificables, aunado a los parámetros pedagógicos que son fundamento de las acciones educativos, para modificar lo que no funciona, optimizar los recursos, redirigir los esfuerzos para resolver las deficiencias y conflictos.
Esta exigencia no implica desconocer que los problemas actuales tienen raíces históricas ni que las desigualdades sociales condicionan las oportunidades de aprendizaje. Significa, por el contrario, asumir que cada gobierno tiene la obligación de enfrentar una herencia compleja y demostrar que sus decisiones mejoran las condiciones educativas.
Otro actor importante son las organizaciones sindicales que tienen una responsabilidad que no puede reducirse a la negociación de intereses laborales. Porque defender los derechos del magisterio es legítimo y necesario; sobre todo implica respaldar a los docentes frente a agresiones injustificadas, exigir condiciones dignas de trabajo y promover su desarrollo profesional.
Pero esa defensa debe acompañarse de un compromiso efectivo con la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.
La verdad es que ningún actor puede resolver por sí solo la evidente crisis en que se encuentra el sistema educativo mexicano. Por su parte el Estado debe garantizar políticas eficaces y escuelas seguras; en otro frente, los sindicatos deben fortalecer la profesión; los docentes deben ejercer su responsabilidad con rigor; y de manera corresponsal las familias deben participar activamente en la formación de sus hijos.
Pero cuando estas responsabilidades se fragmentan, la escuela pierde fuerza y la sociedad termina pagando el costo.
México necesita recuperar la educación como una prioridad nacional, no como una consigna política ni como un campo de disputa entre grupos. Si seguimos normalizando el rezago académico, la violencia y la desconfianza hacia quienes enseñan, no estaremos comprometiendo únicamente el presente de nuestras escuelas.
En consecuencia, estaremos reduciendo las oportunidades de millones de jóvenes y debilitando las bases de nuestro desarrollo democrático, científico y económico.
Porque una nación que deja de cuidar a sus maestros, de proteger a sus estudiantes y de exigir resultados a sus instituciones termina hipotecando su futuro.
Y ese es un precio que México no puede permitirse pagar.
