Dos proyectos universitarios buscan incorporar inteligencia artificial a la búsqueda de personas desaparecidas en México. Uno pretende reconstruir la apariencia actual de menores que fueron vistos por última vez hace años; el otro desarrollará mapas interactivos para identificar patrones territoriales y orientar las labores de búsqueda.
La crisis de desapariciones en México ha llevado a investigadores universitarios a desarrollar herramientas tecnológicas que podrían fortalecer el trabajo de las familias y los colectivos de búsqueda. En un país donde más de 134,000 personas permanecen desaparecidas, según las cifras citadas en los reportes de octubre de 2026, la inteligencia artificial representa una posibilidad de apoyo ante investigaciones que en muchos casos se prolongan durante años.
Los proyectos Regresa, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Cartografías de la desaparición, impulsado por la Universidad Iberoamericana en colaboración con la UNAM, tienen objetivos distintos, pero comparten una finalidad: aprovechar los datos y el conocimiento científico para aportar nuevas herramientas a la localización de personas.
Su desarrollo, sin embargo, todavía está en marcha. Los investigadores esperan que las plataformas puedan ponerse a disposición de las familias de manera gratuita, aunque su utilidad dependerá de la calidad de los datos, la precisión de los resultados y su incorporación efectiva a los procesos de búsqueda.
El proyecto Regresa se concentra en uno de los obstáculos más frecuentes en los casos de desaparición de menores: el cambio físico que experimentan con el paso del tiempo. Cuando una niña o un niño no es localizado durante años, la fotografía disponible en la ficha de búsqueda puede dejar de representar su apariencia actual y dificultar su reconocimiento.
Desarrollado desde el Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Regresa combina inteligencia artificial con conocimientos de antropología física para estimar cómo evoluciona el rostro de una persona. El sistema busca modelar los cambios craneofaciales a partir de patrones de crecimiento y características de la población mexicana.
La antropóloga Ana Itzel Juárez Martín, responsable del proyecto, ha explicado que la propuesta busca ir más allá de los programas que envejecen una fotografía mediante filtros o modificaciones superficiales. La intención es generar representaciones basadas en el desarrollo real de las facciones, con atención a la diversidad morfológica de la población del país.
Para entrenar el algoritmo, el equipo ha reunido fotografías y datos de 75 voluntarios mexicanos. Esta base permite estudiar variaciones en rasgos como la nariz, los ojos, los labios y la estructura facial. No obstante, ampliar y diversificar el conjunto de imágenes continúa siendo un reto para mejorar la capacidad de estimación del sistema.
La herramienta podría ser especialmente relevante en casos como el de Diego, quien desapareció en el Estado de México en 2015, cuando tenía 16 años. Su madre, Verónica Rosas, lleva más de una década buscando respuestas sobre lo ocurrido con su hijo y espera que una imagen actualizada pueda contribuir a mantener vigente su búsqueda.
Durante una manifestación en Ciudad de México, Rosas instaló un buzón con el mensaje «Feliz cumple» y una fotografía de Diego cuando era adolescente. La iniciativa busca reunir mensajes e información que ayuden a preservar su memoria y, eventualmente, aporten alguna pista sobre su paradero. Para las familias, actualizar la imagen de una persona desaparecida no es un detalle menor: significa mantener una referencia que permita reconocerla después de años de ausencia.
La experiencia internacional muestra que la progresión de edad y el reconocimiento facial ya se emplean en distintas iniciativas de búsqueda. Sin embargo, estas tecnologías tienen limitaciones, particularmente cuando se trata de estimar cómo cambia el rostro de niñas y niños pequeños. Por ello, la participación de especialistas y la evaluación de la precisión son indispensables antes de considerar sus resultados como una referencia confiable.
La segunda iniciativa, Cartografías de la desaparición, busca analizar información sobre los casos y convertirla en mapas interactivos. El proyecto, coordinado por el investigador Emiliano Zolla, de la Universidad Iberoamericana, pretende integrar datos como edad, género, circunstancias de la desaparición y relatos de las familias para identificar patrones territoriales y posibles factores de riesgo.
Según la información institucional publicada por la Universidad Iberoamericana en abril de 2026, la plataforma contempla filtros espaciales y temporales, además de un repositorio de información etnográfica y testimonios. El propósito es reunir datos que con frecuencia se encuentran dispersos y presentarlos de manera que puedan apoyar las estrategias de búsqueda de los colectivos.
Los mapas podrían ayudar a reconocer zonas con una mayor incidencia de desapariciones y a contextualizar los casos con elementos sociales, comunitarios e institucionales. Para las familias, esta información funcionaría como un punto de partida para orientar sus esfuerzos, pero no sustituiría las investigaciones oficiales ni garantizaría la localización de una persona.
El proyecto también contempla la colaboración con colectivos de madres buscadoras, cuya experiencia resulta fundamental para interpretar la información y comprender las condiciones en que ocurren las desapariciones. La incorporación de sus testimonios exige protocolos claros de protección de datos, consentimiento y uso responsable de información sensible.
La urgencia de encontrar alternativas se refleja en el trabajo cotidiano de estas familias. En el Estado de México, Karla Lechuga comenzó a organizar labores de búsqueda después de la desaparición de su hijo Jeshua Cisneros, de 19 años, en 2025. Como otros colectivos, el suyo ha instalado buzones en iglesias para recibir información anónima y ha difundido fotografías en espacios públicos con la esperanza de obtener alguna pista.
Estas iniciativas ciudadanas muestran que la búsqueda no depende únicamente de bases de datos o sistemas informáticos. También requiere redes de apoyo, colaboración social, investigación institucional y atención a las familias que enfrentan la incertidumbre de no saber qué ocurrió con sus seres queridos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado la creación de un registro nacional que incluya información genética de las personas desaparecidas. En ese contexto, las herramientas universitarias podrían contribuir a ampliar los recursos disponibles, siempre que exista coordinación con las autoridades responsables y se establezcan mecanismos para evaluar sus resultados.
La inteligencia artificial no resolverá por sí sola la crisis de desapariciones en México. Sus aportaciones dependerán de la calidad de la información, de la transparencia de sus métodos y de que los resultados se utilicen como apoyo, no como sustituto de la investigación forense y ministerial. Aun así, los proyectos Regresa y Cartografías de la desaparición abren una vía para vincular el conocimiento científico con las necesidades de quienes llevan años buscando a sus familiares.
