La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania concluyó que los ataques rusos contra instalaciones energéticas constituyen crímenes de guerra y que la privación de servicios esenciales podría configurar crímenes de lesa humanidad. En un informe presentado ante la Asamblea General de la ONU, también documentó la imposición de educación patriótica y entrenamiento militar a menores en territorios ocupados, así como el reclutamiento de extranjeros mediante engaños y coacciones.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania advirtió que los ataques continuados contra la infraestructura energética están agravando las condiciones de vida de la población civil ante la llegada de un nuevo invierno. El organismo señaló que las ofensivas han provocado daños en instalaciones eléctricas, redes de transmisión y sistemas de suministro de calefacción y gas.
Durante el invierno de 2025-2026, las fuerzas rusas mantuvieron ataques sistemáticos contra instalaciones energéticas, incluso cuando las temperaturas descendieron hasta los 20 grados bajo cero. Como consecuencia, millones de personas padecieron interrupciones prolongadas del suministro eléctrico y dificultades para mantener sus viviendas calientes.
Erik Møse, presidente de la Comisión, alertó de que los ataques están haciendo cada vez más insoportables las condiciones de vida de los civiles y expresó su preocupación por las dificultades que podría traer el próximo invierno.
Los testimonios recopilados durante la investigación describen temperaturas extremas dentro de las viviendas, problemas de salud física y psicológica, y dificultades para acceder a medicamentos y servicios básicos. Una mujer de 74 años que reside en el piso 18 de un edificio en Kiev relató que los cortes de electricidad paralizaban los ascensores y le impedían entrar o salir de su apartamento.
La mujer explicó que llegó a permanecer atrapada, con frío y hambre, sin medicamentos ni medios para conseguir ayuda. Las autoridades ucranianas también registraron muertes y lesiones relacionadas con las bajas temperaturas.
Conclusiones sobre los ataques energéticos
La Comisión determinó que las autoridades rusas cometieron crímenes de guerra al dirigir deliberadamente ataques contra bienes de carácter civil. Asimismo, concluyó que la privación de servicios energéticos esenciales con el propósito de causar un sufrimiento intenso a la población constituye crímenes de lesa humanidad por otros actos inhumanos.
Estas conclusiones forman parte de las investigaciones del organismo sobre presuntas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en el contexto de la guerra iniciada con la invasión rusa de Ucrania.
Educación patriótica y entrenamiento militar para menores
La Comisión también examinó la extensión del sistema educativo ruso a los territorios ucranianos ocupados desde 2022. Según la investigación, las autoridades rusas han promovido programas de educación patriótica que glorifican a Rusia y que se incorporaron a los planes de estudio de las escuelas de esas regiones.
Las actividades incluyen lecciones y conferencias de contenido patriótico dirigidas incluso a niños de tres años. Los menores que viven en los territorios ocupados son obligados a matricularse en centros que siguen el currículo ruso, mientras que el rechazo puede dar lugar a amenazas y medidas coercitivas.
El informe también documenta la inclusión de ejercicios militares prácticos y formación sobre el uso de armas en el programa obligatorio para estudiantes a partir de los 14 años. A ello se suma la presencia de organizaciones juveniles patrocinadas por el Estado ruso, que refuerzan la educación patriótica y el entrenamiento militar.
De acuerdo con la Comisión, algunos menores consideran insoportable esta situación y deciden escapar hacia zonas controladas por el Gobierno ucraniano. Muchos emprenden el trayecto sin compañía y quedan expuestos a importantes riesgos de seguridad.
Extranjeros reclutados mediante falsas ofertas de empleo
Una tercera línea de investigación se centra en la incorporación de ciudadanos extranjeros a las fuerzas armadas rusas mediante engaños. La Comisión aclaró que personas de distintos países se han unido voluntariamente a los ejércitos ruso y ucraniano, pero concentró su análisis en quienes terminaron combatiendo para Rusia después de recibir ofertas laborales fraudulentas.
Según los testimonios recopilados, agentes e intermediarios ofrecían empleos civiles bien remunerados y organizaban el traslado de los interesados a Rusia. Una vez allí, muchos eran obligados a firmar contratos con el Ministerio de Defensa, pese a que no comprendían el idioma ruso ni las condiciones de los documentos.
La investigación también identificó casos de extranjeros que ya se encontraban en Rusia, incluidas personas encarceladas, que fueron coaccionadas por las autoridades para participar en los combates en Ucrania.
Muchos de los reclutados murieron poco después de llegar al frente, desaparecieron, resultaron heridos o fueron capturados por las fuerzas ucranianas. Mientras tanto, sus familiares intentaban averiguar su paradero desde el extranjero, en ocasiones sin conseguir comunicarse con los intermediarios responsables de su contratación.
La Comisión concluyó que estas prácticas constituyen trata de personas y vulneran derechos humanos fundamentales. El organismo subrayó la necesidad de promover mecanismos de rendición de cuentas, tanto judiciales como no judiciales, y de garantizar apoyo integral a las víctimas y sus familias.
La Comisión prevé presentar sus conclusiones en el informe correspondiente al 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en octubre de 2026.
